A una semana de iniciado el paro de los choferes de la UTA los empresarios nucleados en la Asociación de Empresarios del Transporte Automotor de Tucumán (Aetat) se mantienen firmes en la postura de no abonar a los trabajadores la deuda salarial de abril.
Jorge Berreta, vicepresidente de Aetat, aseguró a La Gaceta que “no hubo avances. Tengo el teléfono abierto y no recibí ningún llamado. Los Gobiernos nacional y provincial no pueden seguir ignorando lo que pasa. Ellos son parte del problema y de la solución”.
Las negociaciones se venían desarrollando a nivel nacional entre la UTA, la Federación Argentina de Transporte Automotor (FATAP) que nuclea a las patronales del sector y el Ministerio de Transporte de la Nación. Sin embargo, desde el gobierno anunciaron que no habrá nuevos subsidios nacionales y transfirieron la gestión a las jurisdicciones provinciales. La exigencia de los empresarios era la creación de un fondo adicional de 2000 millones de pesos para repartirse entre las empresas del interior del país.
Hasta el momento los empresarios abonaron los salarios en unas cinco provincias, pero en 16 aun se mantiene el paro. En Tucumán, actualmente las patronales perciben cerca de 3000 millones de pesos en subsidios. Esto representa aproximadamente un 40% de los ingresos de las empresas. El resto de los ingresos proviene del cobro de boletos con dos o tres tarifazos anuales que siempre terminan superando la inflación general.
Con la información pública disponible hasta 2018, desde La Izquierda Diario relevamos que la mitad de los subsidios quedaba en manos de apenas 5 empresarios que concentran las empresas más importantes. Jorge Berreta, dueño de Tandilense SRL, La Nueva Fourier SRL y Leagas SRL, ese año había recibido más de 250 millones de pesos en subsidios. Lamentablemente la distribución de los subsidios ya no es información pública.
"A estos muchachos [los empresarios, NdR] no los controla nadie. Nadie sabe qué hacen con los subsidios", aseguró José Luis Coronel, presidente de la comisión de Transporte del Concejo Deliberante de la capital, quien aseguró que los empresarios mienten cuando dicen que tienen pérdidas.
Coronel sostuvo que de los 250 millones de pesos mensuales que perciben las empresas en concepto de subsidios, 170 millones se van en salarios. “Si gastan 30 millones en insumos, les quedan 50 millones para repartirse en unas cuantas líneas”, aseguró sin percatarse de su confesión de parte.
Increíblemente también reconoció que otorgan los tarifazos sin ningún tipo de control sobre las empresas: "No se controla. Nadie controla. Cuando sacamos por ordenanza el último aumento de tarifas, ahí habían pautas que tenían que cumplir. Pero estos señores no cumplen nunca. Ni con el aumento anterior, ni el anterior, ni el anterior. No mejoran las unidades, no ponen aire acondicionado ni rampas para los discapacitados". Coronel es, recordemos nuevamente, presidente de la comisión de Transporte en el concejo deliberante de la capital. Es quien firma los dictámenes de cada uno de los tarifazos.
Mientras tanto, los trabajadores del transporte siguen sin percibir sus salarios y en una situación desesperante. La UTA deben convocar a una movilización de todos los trabajadores del sector para exigir a las patronales el pago inmediato de los salarios y la apertura de los libros contables y que expliquen a donde van a parar los millones de pesos que se embolsaron todos estos años.
El transporte público de pasajeros no puede seguir en manos de empresarios que se llenan los bolsillos sin aportar nada, que suspenden el pago de los salarios y mantienen un servicio en pésimas condiciones. Los gobiernos provincial y municipal han amenazada varias veces con rescindir el contrato de esas empresas, pero siempre terminan convalidando nuevos tarifazos contra el pueblo trabajador.
Para avanzar hacia un servicio de calidad y las más elementales condiciones de trabajo para los choferes es necesario imponer la estatización de todo el sistema de transporte público de pasajeros bajo el control de comités de usuarios y trabajadores. | 
