Esta tarde el Gobierno oficializó una nueva suba por decreto de las jubilaciones y pensiones. La misma será del 6,12 % para todas las categorías, a implementar entre los meses de junio, julio y agosto. Para las jubilaciones más bajas se anunció el pago de un bono por única vez.
De esta forma se confirmó que se mantiene la suspensión de la movilidad jubilatoria, vigente desde la aprobación de la ley de emergencia económica. Con aquella medida más de 2 millones de jubilados fueron ajustados, para direccionar esos recursos al pago de la deuda odiosa. La misma que aún bajo una crisis sanitaria sin precedentes, el Gobierno intenta renegociar.
El aumento el 6,12 % implicaría una suba menor a $ 1000 para los más de 4,5 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima (o montos incluso menores). Una suba insuficiente para hacer frente a las necesidades básicas (remedio, productos de limpieza, barbijos, alcohol en gel) que se imponen en pandemia. Sólo los alimentos tuvieron subas del 3,2 % en el mes de marzo. De esta forma las jubilaciones que perciben casi al 70 % de los jubilados y pensionados, que pasarían a ser de $ 16.844,46 son de pobreza.
La movilidad suspendida –la macrista que se impuso con represión e implicó una pérdida del 20% a los haberes- por primera vez hubiese arrojado una suba por encima de la inflación, en total del 23,7 %. “Que los aumentos de AF por decreto achaten las jubilaciones y no respete los derechos adquiridos, no pueden hacernos olvidar que MM se "comió" el aumento de un semestre y bajó las jubilaciones un 20% en tan solo 2 años”, se leía en un tuit del periodista Ismael Bermúdez.
A estas alturas escuchar a quienes defienden las subas por decreto sosteniendo que la jubilación mínima le ganaría a la inflación oficial estimada para el primer semestre del año (15 %), por acumular un 19,73 %, resulta de muy mal gusto. Y se olvidan que para las jubilaciones consideradas “más altas” la suba alcanza cerca del 10%.
Ese era el sentido del ataque a los jubilados para conformar al FMI. La “solidaridad” aplicada por Alberto Fernández que no es la misma que practica con los especuladores, a quienes ya les pagó más de u$s 5.500 millones, por una deuda odiosa.
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