Foto: Prensa Gobierno de Mendoza
Se trata de un espacio conformado por cientistas sociales, estudiantes, trabajadoras y trabajadores de diversos rubros destinado a investigar la situación laboral durante la cuarentena y contribuir a paliar de esta forma la falta de datos sistemáticos acerca de los efectos de la crisis en el empleo y el salario.
Para Mendoza, el informe arrojó la estremecedora cifra de 15.942 casos de trabajadoras y trabajadores afectados en la provincia (despidos, suspensiones y rebajas salariales), producto de la crisis económica que trajo consigo la pandemia y la recesión arrastrada generalizada. De los cuales 10.787 son despidos que, comparados con los últimos datos de desocupación disponibles de la EPH (diciembre del 2019), la tasa pasaría del 7,3 al 9,3%. Es decir, un aumento del 2%.
Esta estimación es aproximada porque la EPH excluye el resto de la provincia que no es Gran Mendoza, lo que señala que la situación puede ser aún peor. Si a los 37 mil desocupados del último relevamiento realizado por la EPH para el Gran Mendoza, le sumamos la cifra revelada por el observatorio, implica que el número total de desocupados se eleva a 47.787: un crecimiento del 27% de desocupados en tan solo dos meses. Los sectores más golpeados son la construcción, petroleros, estatales y turismo.
A pesar de la prohibición de despidos y suspensiones del gobierno nacional DNU 329/20, que rige desde el 31 de marzo, y el DNU 297/20, que establece el cobro íntegro del salario durante la cuarentena, en la provincia han aumentado la cantidad de empleos destruidos, las suspensiones o las rebajas salariales de las y los trabajadores. Esta realidad se reflejó en el emblemático despido de 1.500 trabajadores de la construcción del grupo Techint, perteneciente al hombre más rico de Argentina, Paolo Rocca. Este caso fue ejecutado en acuerdo con la dirigencia de la Uocra, el Ministerio de Trabajo y hasta contó con el aval personal de Alberto Fernández. Este caso no es una excepción, y demuestra que para los empresarios no hay decreto que obligue a cuidar los puestos y salarios de los trabajadores.
Lejos de eso, el gobierno le concede a estas empresas el beneficio de acceder al Programa de Asistencia al Trabajo y la Producciòn (ATP), es decir que paga una parte del salario de los trabajadores a través de los fondos de la ANSES. Es el caso de empresas como Techint o McDonald’s, que han accedido a este beneficio a pesar de tratarse de grandes multinacionales, de haber despedido y reducido salarios durante la cuarentena y de no presentar ningún tipo de informe contable que acredite la imposibilidad de pagar salarios.
Desde el comienzo de la pandemia, todos los días tenemos información instantánea acerca de la cantidad de infectados y fallecidos. Podemos conocer todo acerca de las vidas personales de los afectados por el virus, su entorno social, y demás datos de color. Nos hablan de “virus asesino”, del “enemigo invisible” y del “fin de nuestras vidas” como las conocíamos hasta ahora. Sin embargo, hay una gran carencia de información relevada y difundida acerca del impacto que esta crisis está teniendo sobre los índices de desocupación, los niveles de pobreza y el aumento de la precarización laboral. La información es poder, porque permite analizar y actuar, pero los medios tradicionales relevan poco y difunden menos acerca de los problemas laborales y económicos de las y los trabajadores, dejándonos desarmados para pensar cómo enfrentar esta situación.
La producción y difusión de información y noticias está limitada por el modo de producción capitalista. El "mercado" determina y marca la producción y difusión de información. En la Argentina del 2020, donde el mercado son el FMI y la burguesía nacional, las áreas vinculadas a la producción de información y noticias vienen de una importante reducción del sector público, como los despidos en Telam, pero además cada vez más crece una importante tendencia a la concentración de los privados. Sumado a la fuerte polarización política de los últimos años, construida por los medios tradicionales comunicación, ha dejado paso a la Argentina del Pacto Social y a la unificación del discurso hegemónico.
En este sentido, el Observatorio, integrado por una red de diversos cientistas sociales, docentes, estudiantes, abogadas y abogados, trabajadoras y trabajadores dedicados a la investigación, han elaborado estos datos a partir del relevamiento periódico de medios provinciales y las denuncias que llegaron a La Izquierda Diario.
Si a los 37 mil desocupados del último relevamiento realizado por la EPH para el Gran Mendoza, le sumamos la cifra revelada por el observatorio, implica que el número total de desocupados se eleva a 47.787: un crecimiento del 27% de desocupados en tan solo dos meses
Uno de los sectores más golpeados es el rubro de la construcción donde se estiman que se han perdido cerca de 10.000 trabajos en tan solo dos meses de cuarentena. Este sector es el más informal de la provincia donde el nivel de registración es el más bajo, cercano al 70%. Otro ejemplo es el caso que se conoció recientemente que cerca de 300 trabajadores de Cuyoplacas tendrían una rebaja salarial.
En cuanto al sector de petroleros recientemente fue anunciado que se perdieron 750 puestos de trabajo producto de la caída del precio del barril. A los que se le suman cerca de 2700 trabajadores que han sufrido algún tipo de recorte salarial que ronda el 30% aproximadamente.
En el tercer puesto del ranking de afectados está el sector de estatales con 1180 casos de afectados por despidos y suspensiones. Situación que incluye, por ejemplo, al Casino de Mendoza, que por un decreto de Suárez recortó salarios de 580 familias que en algunos casos llega al 50 % del salario.
Es indignante que el sector de la Salud, que es además el sector con más positivos de COVID19, sea otro de los golpeados con rebajas salariales. El reclamo era de prestadores de servicios de kinesiología, técnicos en farmacia, técnicos de laboratorio, enfermeros, cirujanos y médicos del Hospital Notti. Son más 300 trabajadores en situación de precariedad que no han recibido respuesta por la falta de pago de marzo y en algunos casos todavía el pago de febrero.
Estas cifras son sólo algunas ilustraciones del impacto de la crisis económica. Sin embargo, esta información no llega a relevar la situación de las y los invisibilizados que son los informales o precarizados. Como sucede en el sector de hotelería y restaurantes con una alta proporción de trabajadores no registrados (50%, DEIE). Sobre estos el informe señala que existen 650 casos de afectados entre despedidos o que han tenido algún tipo de rebajas salariales.
Lo mismo sucede con el servicio doméstico – rubro exclusivamente feminizado- que ronda las 63.000 trabajadoras, donde la gran mayoría se encuentra sin ninguna protección. Finalmente, el comercio mayorista y minorista, es otro gran sector que ronda los 146.000 trabajadores, donde han sufrido recortes salariales por la reducción de la jornada laboral como en los supermercados o han sido despedidos como sucede en muchos de los pequeños comercios. Situación de la cual no tenemos datos para mostrar la magnitud del problema.
Otro tanto sucede con los convenios que irán homologando entre los sindicatos provinciales y el sector empresario tras el acuerdo de lo la UIA-CGT con el gobierno nacional para las rebajas salariales. Lo que hace que sea exponencial la cantidad de afectados en el poder adquisitivo de miles de trabajadores.
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