A través de su nueva relatoría especial, a cargo del especialista en derechos de los pueblos originarios, José Francisco Calí Tzay, la Organización de las Naciones Unidas destacó que las afectaciones en comunidades indígenas derivadas de la pandemia por covid-19 no sólo son sanitarias. La marginación y la militarización de sus territorios se conjugan con la violación sistemática de sus derechos humanos y la expoliación y devastación de sus recursos y territorios en manos de empresas.
Entre los atropellos que registra el relator, está también el recorte de libertades democráticas como la libertad de expresión y de asociación. La pauperización y malnutrición, así como el acceso limitado al agua potable, saneamiento y la exclusión del sistema de salud son algunos de los aspectos que más impactan en la vida de estas comunidades.
A propósito de la acción de trasnacionales en territorios indígenas y la imposición de megaobras -de las cuales los gobiernos son cómplices y garantes-, Calí Tzay señala que algunos países han suspendido las consultas a comunidades originarias, aunque la construcción de proyectos industriales y de infraestructura que les afecta directamente, continúa.
Sin garantía de que su llamado tenga algún impacto real, el organismo urgió a gobiernos a emprender medidas para mantener informadas a estas poblaciones y para garantizarles acceso a servicios de salud adecuados a su cultura. | 
