En el primer aniversario del crimen que conmocionó al país, recordamos los hechos que demuestran una vez más que el gatillo fácil es una política represiva del Estado que se mantiene a lo largo de todos los gobiernos.

San Miguel del Monte. A más de 100 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sobre la margen izquierda del Río Salado. Fundada en 1864, es una de las ciudades más antiguas de la provincia de Buenos Aires.

Tiene su plaza principal y a su alrededor el banco, la iglesia, la comisaría, el Municipio, el centro comercial y algún club deportivo. Monte brilla por su laguna, el atractivo por el cual cobra vitalidad turística. Según datos estadísticos la población de la ciudad es de algo más de 20.000 personas.

Así fue hasta el 20 de mayo de 2019. Era domingo por la noche, cinco amigos salieron a dar una vuelta, rapear un rato por la plaza como a menudo lo hacían. Pero esa noche algo pasó, la Policía los siguió y el desenlace es por todos conocido: Camila López (13 años), Gonzalo Domínguez (14 años), Danilo Sansone (13 años) y Carlos Suarez (22 años) fueron asesinados. Rocío Quagliarello (13 años) sobrevivió.

Una vez más, la historia se repite cuando las fuerzas de seguridad son parte de la escenografía cotidiana. Es la maldita policía de siempre que criminaliza y ejecuta en las calles sin previo aviso. Como lo anuncia el periodista Ricardo Ragendorfer, “el gatillo fácil es el único delito sin fines de lucro que comete la policía”.

Desde entonces, el aire de Monte se volvió pesado, doloroso, con demasiados interrogantes sin respuestas, transformándose en un alegato demoledor contra un sistema que asesina.

Madrugada violenta

La Policía de Monte persigue a un Fiat 147 en el que viajan los cinco jóvenes. El raid termina con el impacto del auto contra un camión estacionado y, literalmente, partido en dos. Gonzalo, Camila, Danilo y Carlos fallecieron, Rocío quedó gravemente herida.

Las primeras versiones, esparcidas por los propios efectivos policiales y funcionarios municipales, hablaban de un “trágico accidente de tránsito”. Días después, aparecieron las pruebas que irían destapando las mentiras bajo las cuales se escudaba la fuerza.

Las palabras de Rodrigo Macías, testigo presencial de de toda la secuencia (incluso de la “limpieza” que hicieron del lugar) que se animó a contar lo que vio. Un empleado del Control de Monitoreo de la Policía Local que acercó a los familiares la filmación donde se ve la persecución policial, aún a sabiendas de seguras reprimendas.

Casquillos esparcidos en la escena y municiones en uno de los cuerpos de las víctimas corroboraban que los disparos provinieron de las pistolas 9 mm de uso reglamentario de la policía. El pueblo de Monte estalló de ira al confirmarse que a los pibes los había matado la policía.

Encubrirás a tu prójimo, un fiel mandamiento

A partir de aquí, todo tipo de coartadas a las que nos tienen acostumbradas las fuerzas represivas para justificar su accionar. Que pretendieron escapar, que desoyeron la voz de alto, eran las inverosímiles frases que se oían desde la Policía; una fuerza avalada, sostenida y protegida por el Poder Ejecutivo local a cargo de la intendenta Sandra Mayol. Ella no solo tuvo el apoyo de su jefe político Sergio Massa; también tuvo garantías de quienes por entonces manejaban los destinos bonaerenses: Cristian Ritondo en Seguridad y María Eugenia Vidal desde la cabeza de la gobernación.

Incluso la exministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich (quien hoy muestra sus morisquetas por las redes, luego de su nefasto accionar como jefa de las fuerzas represivas), respaldó a las autoridades provinciales por apartar a los efectivos de la Bonaerense pero sin asumir ni reconocer el accionar policial. Y no faltó la foto con el actual gobernador Axel Kicillof, en plena campaña electoral de ambos. Dime con quién andas.

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El poder político local dejó en claro que no sería parte responsable de este crimen. Varias campañas por las redes sociales bajo la consiga “Justicia sin política” fueron el leitmotiv que agitaron desde el oficialismo local. Incluso en las escuelas, donde amigos y amigos lloraban ante las sillas vacías de los chicos asesinados, solo se podía hablar del tema sin “tomar partido”.

Al mismo tiempo que la intendencia hacía malabares para apaciguar la crisis institucional desatada y limpiar su imagen (que bastante turbia ya era a esa altura), una seguidilla de situaciones no menos que intimidantes sucedían alrededor de los allegados al caso: aprietes y amenazas por las redes sociales, autos prendidos fuego, fueron algunos de los intentos de amedrentamiento hacia quienes buscaban verdad y justicia. Quizás la más elocuente fue la “visita” de dos supuestos oficiales, que recibieron los familiares de Rocío en el hospital, mientras luchaba por su recuperación.

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Nadie se hizo cargo de esclarecer y mucho menos de poner freno a esas maniobras que buscan meter miedo en las familias y quienes se solidarizan con ellas. Por el contrario, es un modus operandi que sigue vigente y siempre se renueva.
Sin embargo, la lucha firme de los familiares y amigos de los pibes por el esclarecimiento de la masacre es permanente y no se deja intimidar.

Verdad y Justicia, el reclamo siempre se renueva

El pedido de justicia para los pibes de Monte cruzó las calles del pueblo y del país y demostró, una vez más, cuán vigente está el gatillo fácil como política de Estado desde el retorno de la democracia.

Carla Lacorte, sobreviviente del gatillo policial, en su reciente libro La disciplina de las balas. Análisis en primera persona del gatillo fácil y la represión de la protesta en la Argentina, afirma que “hablar de ´gatillo fácil policial´ en Argentina (como en muchas otras partes del mundo) es hablar de política, de Estados y gobiernos, de Poder Judicial (que no es lo mismo que Justicia), de negocios ilegales y crimen organizado con participación directa del Estado, de juventud pobre, de criminalización de esa pobreza joven y del control en clave clasista”.

Los habitantes de la ciudad de San Miguel de Monte lo saben muy bien. La misma institución (porque no es un policía) que ejerce el control social con “licencia para matar”, es la que hoy “nos cuida” frente a la pandemia del Covid 19. Desde el inicio de la cuarentena, tanto el Gobierno nacional como los gobiernos provinciales resolvieron que las fuerzas represivas patrullen las calles para aleccionar a la población hasta que se cumpla la cuarentena. Las consecuencias están a la vista con el aumento de actos represivos por todo el país.

Hoy el reclamo por verdad y justicia por los pibes de Monte cobra más fuerza que nunca.