El crimen de Camila López (13 años»), Gonzalo Domínguez (14), Danilo Sansone (13) y Aníbal Suárez (22) a manos de una banda descontrolada de la Policía Bonaerense, la madrugada del 20 de mayo de 2019 en la Ruta 3 a la altura de San Miguel del Monte, probablemente en un tiempo sea debatido judicialmente y sus ejecutores juzgados y condenados. Allí será testigo clave Rocío Quagliarello (14), la única sobreviviente de la balacera policial y del choque del Fiat 147 contra un acoplado.
A un año de la masacre, con los flashes noticiosos ocupados en la conmoción social que causa la pandemia del Covid-19, bien vale poner al día el estado de la causa. Pero también conocer qué les pasa por la cabeza, el cuerpo y el alma a quienes perdieron a sus seres queridos en esa noche en la que una decenas de efectivos salieron a practicar el deporte que más les gusta: el gatillo fácil.
Gladys Ruidíaz, madre de Danilo Sansone, relata a La Izquierda Diario que en este aniversario “es muy difícil” contar cómo se está, porque en todo este tiempo nunca pudo “olvidar esa madrugada; recuerdo cada minuto que pasaba y mi alma se derrumbaba”. Dice que desde entonces en el hogar “todo es gris, los días pasan y los nenes aún esperan a su hermano”.
Pero lejos de bajar los brazos, Gladys afirma que “hoy más que nunca exijimos justicia, ojalá pronto se eleve la causa a juicio y no suelten a nadie ya que sólo así se podrá aliviar nuestro dolor. Por la pandemia no hemos podido salir a las calles, pero seguimos de pie, gritando ¡justicia y nunca más!”.
La mamá de Danilo asegura que “todos los policías involucrados en la causa tienen un grado alto de culpabilidad y un pasado que deja mucho que desear, ya que tienen antecedentes de coimeros, golpeadores, abusos de autoridad y hasta cuatrerismo”.
Y rechaza que a los criminales se los trate diferenciadamente en sus lugares de detención. “Ellos cada vez tienen más ‘derechos’ que otras personas ahí dentro no tienen y gozan de algunos privilegios que no deberían tener”, denuncia Gladys mientras recuerda que “hasta ahora ninguno de ellos demostró arrepentimiento alguno sobre lo que pasó”.
Cuatro causas penales en curso
La familia de Danilo y la de Camila López están patrocinadas legalmente por profesionales que integran la Comisión Provincial por la Memoria (CPM). Desde ese organismo bonaerenses Margarita Jarque, abogada de esa querella, comentó a La Izquierda Diario el estado actual del proceso judicial sobre la Masacre de Monte.
“En el tramo principal de la causa la investigación está muy avanzada, lo que ha motivado que el fiscal requiera el cierre del sumario, es decir que se produzcan las pocas pruebas pendientes que teníamos cada una de las partes para luego pedir la elevación a juicio y comenzar el proceso de designación del tribunal y la preparación del debate”, detalla Jarque.
La abogada agrega que la causa tiene dos tramos más. “Por una parte se investigan algunos delitos que podrían significar incumplimiento de los deberes de funcionario público o incluso encubrimiento por parte de la intendente de ese momento Sandra Mayol, y por parte del jefe de Bomberos de Monte Nelson Barrios”. Lo que concretamente se les puede adjudicar a ambos refiere al “ocultamiento y acciones de tipo corporativo tendientes a encubrir la responsabilidad en los hechos” ocurridos esa madrugada y durante horas y días posteriores.
El tercer tramo de la causa investiga el “incumplimiento de los deberes de funcionario público de personal de la Policía Científica de Cañuelas y también del personal policial de la propia Comisaría de Monte”, relata Jarque.
En total, afirman desde la CPM, la causa involucra a unas veintitrés personas, entre agentes policiales y funcionarios como Mayol y el exsecretario de Seguridad del Municipio, Martínez. En el primer tramo de la causa hay once imputados (dos de los trece detenidos originariamente recibieron una “falta de mérito” por parte del Juzgado de Garantías, lo que los dejó libres pero no desvinculados de la causa).
“No están para cuidarnos”
La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) tiene larga trayectoria en seguir, denunciar y relevar estadísticas sobre el tema. Ismael Jalil, uno de sus referentes, dijo a este diario que “Monte fue el punto más alto del modelo represivo neoliberal que encarnó el tándem Macri-Bullrich-Vidal-Ritondo y, al mismo tiempo, es la deslegitimación del discurso que die que ‘las fuerzas de seguridad están para cuidarnos’”.
Jalil recuerda que “en los primeros veinte días de aquel mayo, con los chicos de Monte se contaron 26 muertes a manos del Estado en sus diferentes modos de desplegar su capacidad represiva”. Y agrega que “a la trama del crimen en sí mismo debe sumársele el despliegue de todas las áreas del Estado para garantizar impunidad, cuando la Bonaerense armó la mentira del accidente vial y fue respaldada por la intendenta massista Mayol, muy repudiada por el pueblo (que le negó la reelección) y hoy premiada con un cargo en el Ministerio de Transporte”.
En efecto, Mayol buscó ser reelecta en 2019 encabezando la lista local del Frente de Todos, junto a las fórmulas Kicillof-Magario en la provincia y Fernández-Fernández a nivel nacional. Fue derrotada por la oposición derechista de Juntos por el Cambio. Pero no se fue a su casa. Ahora, gracias a que la Casa Rosada la premió por su gestión, es directora titular de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (Sofse), es decir de Trenes Argentinos.
La realidad de Monte se trastocó bruscamente aquel 20 de mayo. “Cambió todo, ya no hay felicidad, la gente extraña mucho a los chicos”, dice Gladys. “Las noches son vacías, al igual que la plaza, ahí pocas veces hay pibes. Es que la juventud tiene miedo de salir y que les pase lo mismo. Porque a cualquiera le podría haber pasado. Ahora no nos cuida la Policía, sino que es el pueblo quien se cuida de ella”, sentencia respecto a la fuerza represiva que hoy está al mando del derechista Sergio Berni.
Cuestión de Estado
La mamá de Danilo afirma que en Monte, aunque un poco menos después de la masacre, “sigue siendo lo mismo de antes, los pibes siguen teniendo amenazas y golpizas de la Policía, el abuso sigue estando aunque ahora estamos vigilando cada cosa que hacen”.
Gladys reflexiona a su vez sobre los abusos policiales con la excusa de la cuarentena. “Con el tema de la pandemia la Policía tiene más abuso de autoridad, sobre todo con el pueblo y la gente pobre, siendo que la gente pobre es más respetuosa que muchas personas que están arriba en la sociedad. El abuso siempre estuvo, pero ahora está a otro nivel, más arriba de lo habitual”, sentencia.
Los primeros meses posteriores a la masacre fueron de mucha movilización en el pueblo y, también, de mucha persecución por parte del Estado. La Comisión por la Memoria hizo otra denuncia penal (una cuarta causa en torno al caso) sobre espionaje ilegal. Para Margarita Jarque, esa denuncia “completa el cuadro de distintos niveles y modalidades de participación que caracterizan a todas las causas de violencia institucional”.
En concreto la CPM denuncia “hechos de espionaje ilegal en los días posteriores al hecho, buscando seguir el accionar de las familias y las personas de Monte que se organizaban y movilizaban en reclamo de justicia. Algo absolutamente grave que nos llevó a realizar una denuncia tras detectar que, en una presentación de un informe a poco de ocurrido el hecho, había personal que en otras oportunidades había estado en las manifestaciones, en las plazas y frente al Municipio siguiendo a familiares y organizaciones”. En estos momentos esa causa aún está “cursando un incidente de competencia entre la Justicia provincial y la federal”.
Para Jalil, “Monte deja en claro que el presunto modelo de ‘policía de cuidado’ es una farsa. Están para disciplinarnos y lo hacen con un despliegue que responde a una lógica sistémica: un combo de prácticas legales e ilegales que cuenta con respaldo funcional, donde la impunidad es la regla con la que se convalidan todas sus consecuencias”.
El referente de Correpi recuerda que “cuando caen, cuando van presos los policías y algún que otro funcionario, no es porque el sistema genera sus anticuerpos sino porque la calle los condena. Monte es al mismo tiempo el ejemplo de la solidaridad, de no mirar para otro lado, de saltar contra una gigantesca injusticia. Si el pueblo de Monte no se movilizaba, no hubiera juntado las evidencias, no hubiera copado las calles, otro sería este primer aniversario”.
Gladys Ruidíaz, al igual que el resto de las familias de los pibes y las pibas de Monte, tiene claro que “el Estado es responsable, desde arriba hacia abajo. Sandra mayol desde en un principio mintió y ningún noticiero o diario investigó todo eso”.
Homenajes
Este miércoles en Monte nadie olvidará este primer aniversario de la masacre. Las familias y amigos de les pibes le pidieron a todo el pueblo que, en medio de la cuarentena, se les recuerde colgando carteles en las puertas de las casas o manifestando su solidaridad en las redes sociales. Mientras, los familiares de Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal colgarán en la plaza desierta las banderas que acompañaron muchas marchas en este año.
La Comisión Provincial por la Memoria publicará a través de sus redes sociales un “documental homenaje” a las víctimas de la masacre, con una transmisión desde las 14 junto a familiares de les pibes y organizaciones sociales de la región.
A su vez Correpi realizará desde las 18, también a través de sus cuentas de Twitter, Instagram y Facebook una charla titulada “Crónica de una lucha por justicia” junto a Yanina Zarzoso, madre de Camila López, y Susana Ríos, madre de Gonzalo Domínguez.
¡Danilo, Camila, Gonzalo y Aníbal presentes!
Colaboración Claudio Punti | 
