Tras 45 días sin que la provincia registre nuevos casos de Covid 19, Gerardo Morales comienza una segunda fase con medidas de flexibilización para la vuelta a la normalidad. Sin embargo el estado del sistema de salud sigue siendo alarmante y sin muchos cambios estructurales como denuncian sus trabajadores.
El 30 de enero se conformó en la provincia el Comité de Emergencia ante el Covid 19. Desde ese momento el Gobierno provincial tuvo en sus manos la decisión política de fortalecer un sistema de salud venido abajo para que pueda estar en mejores condiciones ante la pandemia del coronavirus y otras epidemias como el dengue.
Mientras el Plan Sanitario de Emergencia del COE ante el coronavirus no se puso a prueba ante una situación más crítica, teniendo en cuenta que no hay casos confirmados de coronavirus desde hace 45 días, podemos hacer un balance si el Gobierno aprovechó el tiempo o no, y cómo se encuentra actualmente el sistema sanitario.
Por ahora la segunda fase del Plan del COE comienza con incertidumbres ante la flexibilización de las medidas y la circulación de miles de camiones con mercaderías y de personas que pueden llegar a ser motivo de ingreso del virus, más teniendo en cuenta que desde el inicio no ha sido una política jerarquizada la realización de testeos masivos para todos los ingresantes, o en sectores esenciales como la salud.
Hablemos de quienes están en la primera línea
El principal pilar del Plan para combatir el coronavirus por parte del COE, tanto de la Fase 1 como en la Fase 2 es el sistema de salud. Sin embargo, el mismo sólo queda en relato y demagogia si las/os trabajadora/es, que hacen funcionar todo el sistema sanitario, están cada vez peor.
Durante la cuarentena se profundizaron sus ritmos de trabajo y estrés laboral, por la sobrecarga de tareas, ante la ausencia de reemplazos, de licencias para cuidado de personas a cargo, traslados obligatorios, y días extras sin pago. A muchos trabajadores le pagaron en cuotas sus salarios de pobreza, y ni se avizora reapertura de paritarias. La mayoría está a la espera de la promesa del Gobierno nacional de un bono de 5 mil pesos, que no serían para todos los esenciales. Precarizada/os que no cobran hacen dos meses sus salarios, o que fueron contratado/as por solo tres meses, con disponibilidad horaria, por 16 mil pesos.
Los anuncios del Gobierno y la realidad del sistema sanitario
El Gobierno definió como Sistema de Salud de Emergencia COVID 19 para enfrentar la pandemia, estableciendo que el Hospital “San Roque” sea de alta complejidad COVID -19. En el mismo se iniciaron obras y compra de equipamientos para tener 70 camas de Unidad de Terapia Intensiva - UTI, sin embargo trabajadores del Hospital afirman que sólo funcionan 8 UTI. Los respiradores comprados siguen en cajas, no hay medicamentos como sedantes, analgésicos, inotrópicos, no cuentan con cardiodesfibrilador y electrocardiógrafo.
La formación del personal, que afirman haber realizado en ese hospital, no ha sido para todo el personal, sino sólo en algunos sectores, incluso el testeo.
El traslado de los servicios existentes del hospital para que solo sea de alta complejidad ha traído aparejado varias problemas graves sobre todo para las personas con enfermedades crónicas, quienes tienen inconvenientes para dar continuidad a sus tratamientos, dejando de contar con médicos que realizaban los mismos, la imposibilidad de acceder a turnos, y hasta sin acceso a medicamentos, poniendo en riesgos sus vidas o perdiéndolas.
- Los Nodos de atención sanitaria en algunos barrios fue en detrimento del funcionamiento de puestos de salud, donde varios fueron cerrados o quedando con pocos trabajadores por el traslado de los mismos, dejando a familias sin atención primaria de la salud a su alcance. Los puestos de salud están funcionando sin antisépticos, ni remedios para hipertensos, para personas diabéticas. Faltan agujas, cintas y hasta gasas.
- En el Hospital “Pablo Soria” si bien avanzaron en la obra para que el principal hospital de alta complejidad pase de contar de 12 a 42 camas de terapia intensiva, la misma no está terminada. Además no se ha modificado el resto de la estructura hospitalaria y las guardias siguen saturadas.
- Los Hospitales de Campaña actualmente están inutilizados y no se han terminado los previstos. Se contrataron algunos trabajadores en condiciones precarias y por tres meses.
- Los Hospitales del interior de la provincia, tampoco tuvieron muchos cambios. En el Hospital Oscar Orías, hospital receptor de la región del ramal, ni siquiera cuenta con terapia intensiva, ya que está en arreglo desde hace varios meses, en Fraile Pintado o Yuto los mismos se saturan por los casos de dengue, sin contar ni siquiera con paracetamol, y en el Hospital de Humahuaca no funciona el quirófano.
- El Gobierno afirma que el sistema público como privado forman parte de un único sistema para afrontar la emergencia. Sin embargo no se tiene conocimiento del plan centralizado y qué términos sería el mismo. A la misma vez sí se sabe de los negocios de empresarios de la salud con la privatización de los servicios del sistema público, como sucede con la Clínica Fátima del empresario y presidente del PJ Rubén Rivarola, que casualmente ganó las licitaciones para el servicio público de diálisis. Durante la pandemia continuaron las derivaciones a las clínicas privadas, que precisamente no serían gratuitas.
- En relación al sistema epidemiológico y de testeos, los nuevos anuncios dan cuenta de la capacidad que puede adquirir la provincia de 400 testeos por día para fines de mayo, además de la compra de miles de testeos rápidos (70 mil), para PCR (10 mil y 25 mil en proceso de compra) y Elisa (50 mil en proceso de compra). Sin embargo hasta el momento no se tiene conocimiento de cuántos test realizan por día. Si se sabe que no son testeados todos los trabajadores de la salud, y tampoco quienes ingresan a la provincia.
Por un sistema de salud acorde a las necesidades sociales y controlada por sus trabajadora/es
Como dimos cuenta Gerardo Morales desaprovechó tiempo valioso para fortalecer el sistema sanitario de conjunto y poner todos los recursos al servicio de garantizar las medidas de Emergencia ante la pandemia, que implique un cambio en la situación estructural de todo el sistema público, para llegar en mejores condiciones en caso de que se den nuevos casos de coronavirus y se combine con la epidemia del dengue u otras enfermedades prevenibles y asociadas a la pobreza.
Teniendo en cuenta esta situación, el #Ruidazo en defensa de la salud pública convocada por los sindicatos estatales que están en la salud (ATE, APUAP; ATSA; UPCN) fue un importante mensaje al Gobierno de cientos de trabajadoras/es que se manifestaron en toda la provincia.
Compartimos con los sindicatos la necesidad de financiamiento urgente del sistema sanitario de conjunto (para insumos y materiales de protección de calidad y cantidad suficiente), cobrando impuestos progresivos a las grandes fortunas, y que se garanticen salarios en tiempo y forma, acordes a lo que cuesta vivir para las/os trabajadores, la reapertura de las paritarias y plenos derechos y el pase a planta permanente de todos los contratados, incorporando todos los trabajadores necesarios para enfrentar la pandemia. También que todos reciban un estímulo nacional de 20 mil pesos.
Sin embargo, creemos necesario que para que no quede la acción del Ruidazo como un hecho aislado, teniendo en cuenta que hasta el momento no hubo ninguna respuesta del Gobierno ante los reclamos planteados, más que el anuncio de reapertura de concursos en el sistema sanitario, pero sin saber en qué términos y plazos, que las y los trabajadores de la salud puedan dar continuidad a la misma con asambleas democráticas en cada lugar de trabajo, con delegados por sector y con mandatos, poniendo de pie comisiones de higiene y seguridad, y definiendo planes de lucha unificados de todas y todos los trabajadores sin ningún tipo de división y por todas las demandas.
Desde el PTS FIT, sostenemos que no se puede dar tregua ni al Gobierno provincial ni al Gobierno nacional, que siguen arriesgando la vida de las y los trabajadores de la salud y de toda la comunidad mientras destinan millones de dólares para el pago de una deuda fraudulenta, priorizando subsidiar a empresarios como Blaquier de Ledesma, con rebajas impositivas, y pagando el sueldo de los trabajadores, mientras niegan el bono de 5 mil pesos, paritarias para todos los trabajadores de la salud y equipos de protección.
Los gobiernos no están dispuestos a tocar un centavo de las ganancias de los grandes empresarios, defienden un sistema social que ante la pandemia del coronavirus, puso en descubierto la crisis sanitaria en el país y en todo el mundo, donde se pone por delante el negocio capitalista de laboratorios y clínicas privadas, por sobre el derecho de los trabajadores y la comunidad. Por eso se niegan a una medida tan elemental que es la centralización del sistema de salud entre el público y privado, el no pago de la deuda, y la reconversión productiva de la industria ante la emergencia, para invertir las prioridades y poner todo los recursos que existen en el país en función de la pandemia del coronavirus, como parte de un paquete de medidas de emergencia. Nos organizamos y luchamos para que seamos los trabajadores y sectores populares los que podemos invertir las prioridades.
