En su primera gira por el interior del país desde que comenzó la cuarentena, el presidente Alberto Fernádez arribó hoy a las provincias de Santiago del Estero y Tucumán junto a su ministro de Interior, Eduardo de Pedro; el de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; el secretario General de la Presidencia, Julio Vitobello; y el secretario de Obras Públicas, Martín Gill.
Desde Santiago del Estero, Fernández aseguró que su gobierno trabajará para que "rápidamente la economía se ponga en marcha" una vez superada la emergencia sanitaria en un recorrido por la planta agroindustrial “Mega Alfalfa” que incluyó corte de cinta y anuncios de obras públicas más que modestos. Con el gobernador Gerardo Zamora anunció una inversión en obras públicas por 9.893 millones de pesos, monto en el que se incluyen obras ya comenzadas y que aun así representan apenas un 10% del presupuesto provincial.
También hubo mención al default en el que entraría mañana la Argentina, cuando se vence el plazo estipulado para el pago del bono global mientras continúan las negociaciones para la reestructuración de la deuda externa Argentina. “No vamos a asumir ningún compromiso con nuestra deuda que postergue a los argentinos; no vamos a someter a la Argentina a nuevos compromisos que no podamos cumplir”, aseguró Fernández. Pero lo cierto es que mientras en el mundo se discute la condonación de la deuda externa de los países más pobres, en Argentina el gobierno le saca punta al lápiz para mejorar la oferta de pago a los fondos buitres.
"Hacer la cuarentena no puede ser un sacrificio", dijo el presidente Fernández en la región con los índices más altos de trabajo en negro y donde la pobreza crece en forma vertiginosa.
En Tucumán la comitiva presidencial fue recibida por el gobernador Juan Manzur, que aprovechó la ocasión para colar al presidente de la Unión Industrial de Tucumán, el empresario azucarero Jorge Rocchia Ferro, quien se acercó al aeropuerto para pedir por la suba del precio y la extensión de la ley de biocombustibles. Rocchia Ferro es uno de los principales productores de alcohol de caña en el país, uno de los “miserables” que se dedicó a especular con los precios del alcohol y el aprovisionamiento de azúcar durante la cuarentena. También ha sido procesado por la justicia por la contaminación de la cuenca del río Salí – Dulce que atraviesa ambas provincias.
Su primera parada en Tucumán fue la planta de la autopartista de Scania, donde hasta hace una semana casi la totalidad de los trabajadores estaban suspendidos y con recortes salariales del 30%. Una fábrica donde la precarización laboral avanza cada vez más de la mano de convenios de pasantías con escuelas técnicas.
Desde allí se movilizó hacia un centro de asistencia modular anexado al Hospital del Este, una especie de carpa de lona con camas y separadores de tela preparada para alojar 120 pacientes de mediana y baja complejidad. Los anuncios de inversión en infraestructura sanitaria y nuevos hospitales quedaron en el olvido.
Mientras tanto la provincia se acerca a los 4500 contagios de dengue -aunque se estima que por cada caso informado hay más de diez no registrados- en medio de un descontrol epidemiológico sin respuesta alguna por parte del gobierno de Manzur, ponderado por Alberto Fernández como una autoridad en materia sanitaria.
Finalmente la comitiva se trasladó a la localidad de Las Talitas para inaugurar una planta potabilizadora de líquidos cloacales, donde Alberto Fernández realizó una conferencia de prensa sin mayores definiciones. Luego de agradecer el rol de Manzur y Zamora durante las elecciones presidenciales, felicitó a los tucumanos por haber adherido a la ley Micaela.
"En el siglo XXI no se soporta más la discriminación y el maltrato a la mujer", aseguró junto al gobernador que encabeza las movilizaciones de la Iglesia en contra de los derechos más elementales de las mujeres.
La comitiva presidencial llegó a dos provincias conmocionadas por hechos gravísimos que involucran a ambos gobiernos provinciales: la desaparición del joven Luis Espinoza hace casi una semana a manos de la policía y en el marco de un brutal operativo amparado por el virtual toque de queda impuesto durante la pandemia.
No hubo las más mínima mención a este escandaloso hecho como así tampoco al caso de María, una niña de 12 años abusada y a quien el gobierno de Zamora le niega el derecho al aborto legal. Temas que resultan demasiado espinosos para el gobierno nacional como para ser siquiera mencionados. |