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2 de diciembre de 2024 Twitter Faceboock

PRESUPUESTO PÚBLICO
Centralización de los recursos para la investigación en el CONACyT ¿Es la solución?
Arturo Rendón | Académico de la agrupación Nuestra Clase

El gobierno del Morena busca suprimir los fideicomisos para la investigación científica para terminar con la opacidad en los recursos, pero sin trastocar de fondo el arreglo institucional con el que se asignan, lo cual no representa una solución.

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El miércoles pasado, los diputados del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), partido del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), presentaron una iniciativa que busca derogar la Ley de Ciencia y Tecnología. Varias voces arguyeron que esta situación provocará que puedan desaparecer los Fondos de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico, cuyo soporte operativo actualmente esta a cargo de 26 centros de investigación.

De aprobarse sería el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), sería quien concentraría todos los fondos, esto lo hace el partido del presidente con el argumento de la opacidad en los gastos de investigación científica (lo cual es verdad), pero ¿es la salida concentrar todos los fondos de investigación en el CONACyT o hay que conservar los fideicomisos?

El CONACyT, el conocimiento al servicio ¿de qué?

Uno de los organismos del Estado que más induce a crear y profundizar las desigualdades entre los académicos es el CONACyT, que otorga estímulos para la investigación sobre las bases de los esquemas capitalistas de la competitividad, la productividad y la eficiencia. Ya que sólo financia los proyectos que considera “productivos”, (en la lógica de la ganancia por su puesto), promueve la privatización del conocimiento al fomentar las patentes y los “derechos de autor” y claro, invita a empresas privadas a participar en esos proyectos que considera productivos.

Por otro lado, aviva el sistema de estímulos o bonos, que se encuentra diseñado para generar desigualdades entre los profesores e investigadores, sus efectos pueden apreciarse más claramente en instituciones de educación superior como la UNAM, donde reina la competencia por los beneficios que otorga el Sistema Nacional de Investigadores (SNI), el cual cuenta con tres niveles. Donde 1 es el más bajo y 3 el más alto, los famosos SNI 3, son quienes perciben los mayores beneficios del sistema de estímulos, provocando finalmente que muchos docentes sean orillados a entrar a la competencia para completar su gasto, hacerse de recursos para sus investigaciones o mantener las condiciones mínimas para realizar su labor de enseñanza, pues los salarios no alcanzan.

Estos esquemas son los que producen el surgimiento de la casta burocrática-académica que acapara todo y deja al resto con poco o nada, creando enormes desigualdades, con profesores de asignatura que se encuentran desposeídos, sin prestaciones y con muy bajos salarios, mientras que los gestores de las universidades tienen acceso a todos los beneficios que otorga el Estado. A la par que existen minúsculos grupos privilegiados ligados a los respectivos gobiernos y sus proyectos, hay miles de profesionistas con la ilusión de aportar todos sus conocimientos a las nuevas generaciones a los que se les niegan condiciones dignas de trabajo para poder hacerlo.

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Por supuesto este no es el único sistema de estímulos que existe en las universidades, es el más grande, pero hay otros, como las becas que otorgan estas instituciones de forma directa a los académicos, es el caso de la UPN, que cuenta con un sistema de becas en el que reproduce estos mismos esquemas. El Estado mediante el CONACyT (u otros mecanismos) fomenta que el conocimiento técnico-científico esté al servicio del capital, el conocimiento se vuelve una herramienta más para que la minoría burguesa pueda extraer más ganancia.

En todas las disciplinas del conocimiento (humanidades, ingenierías o ciencias) quienes cuestionan las formas hegemónicas de producción y enseñanza del conocimiento, así como las políticas de la universidad, son relegados de espacios y bonos. Existen casos de docentes que han perdido sus fuentes de ingreso y trabajo por ser consecuentes con su pensamiento.

Por ejemplo, habría que voltear a ver que los estímulos del SNI llegan a representar el 57% de los ingresos de los intelectuales, generando una dependencia económica que se convierte en vicio del campo científico y educativo. Ya que finalmente se limita la posibilidad de crítica sobre asuntos como los planes de estudio, los referentes culturales o los autores utilizados.

A los académicos se les evalúa (para el ingreso o promoción) por la cantidad de artículos publicados, lo que puede llegar a provocar que se descuide el trabajo en el salón de clases, a causa de que se acorrala a los profesores que requieren de esos estímulos para vivir dignamente. Ello termina ocasionando que esas responsabilidades con frecuencia recaigan sobre los profesores de asignatura o sobre los asistentes, además de que profesores que lleguen al SNI, pero no tengan plaza no pueden acceder al apoyo económico

Ni CONACyT y ni fideicomisos, los recursos en manos de los trabajadores

Pero si el CONACyT fomenta todo eso ¿no sería mejor que prevalecieran los fideicomisos? Claro que no, pues lo que estos hacen es poner en manos privadas el control los recursos públicos que se manejan de manera opaca, fomentando la corrupción, es por eso que ninguna de las dos cosas representa una salida para las comunidades universitarias y de investigación, por ello se requiere la democratización de las universidades. Pues si una minoría las controla, imponen sus decisiones a la mayoría de las comunidades estudiantiles y docentes, se requiere entonces que las decisiones se tomen mediante un gobierno tripartito, compuesto por estudiantes, académicos y trabajadores.

Donde las representaciones respondan a cada sector con una cantidad proporcional de consejeros a su servicio, esto nos tendría que llevar a la distribución democrática de los recursos para la producción científica. Una de las tareas de un gobierno tripartito sería discutir y distribuir democráticamente el presupuesto para la investigación, abolir los sistemas de estímulos que crean docentes de primera y de segunda. Esto nos haría repensar al servicio de quien esta la educación y la investigación, y transformar las instituciones educativas para que estén al servicio de las grandes mayorías y en función de las necesidades del pueblo pobre y trabajador.

 
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