Las organizaciones sociales y los vecinos de las villas 31 (Padre Mugica) y 1-11-14 (Padre Ricciardelli) vienen pidiendo a los gritos que el gobierno de la Ciudad y nacional se hagan cargo de resolver las graves carencias en el marco de que la inmensa mayoría de los habitantes de los barrios se ha quedado sin trabajo.
La desidia histórica y el desprecio por los sectores populares y que más están sufriendo con la pandemia, no sólo por ser los que más contagios padecen sino porque carecen de toda forma de subsistencia, se expresa hoy en la alarmante situación de las villas de la Ciudad. Los contagios han sido tan extendidos que algunos comedores debieron cerrar o restringir la entrega de comida.
Entonces, la respuesta estatal es que militares del Ejército, que vendrán del Regimiento de Patricios, se instalen en el Bajo Flores, en principio, para dar comida a los habitantes de la villa.
Señalamos, como lo venimos haciendo desde el inicio de la pandemia y la cuarentena obligatoria, que la instalación de la idea de que solo las Fuerzas Armadas pueden resolver problemas como la entrega de comida es la manera de naturalizar la militarización bajo el manto de la “ayuda social”. Las organizaciones sociales, junto a docentes han demostrado cómo se ponen al hombro esta tarea, por cierto, cada vez más dura y demandante. Muchos de ellos se han contagiado. Sin embargo, eso no es excusa para que efectivos uniformados del Ejército se metan en nuestras vidas, nuestros barrios y controlen desde allí a los vecinos y la población.
Estos intentos de reinsertar a los militares en la vida pública son parte de la búsqueda de reconciliarnos con las Fuerzas Armadas, y con el famoso “dar vuelta la página” que pregona Alberto Fernández.
El diario Clarín señaló que “para el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, que conduce el general Juan Martín Paleo, será un ‘piloto’ dentro del distrito porteño”. Indican también que “fuentes del Edificio Libertador” dijeron a ese diario que la semana próxima en una reunión entre Defensa y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires evaluarán “otros tipos de tareas logísticas y de asistencia en la Ciudad, en línea con las que realiza el Ejército en La Matanza y otros barrios del conurbano, y la Armada y la Fuerza Aérea también en otros puntos del país”.
Es decir, llegaron para quedarse.
Mención aparte merece el denigrante plan del ministro de Defensa, Agustín Rossi, de instalar en la Villa 31 contenedores que donó la minera Barrick Gold para aislar a los enfermos. “Fuimos hasta San Juan, subimos a la mina, desarmamos eso, lo trasladamos y estamos construyendo un centro de aislamiento”, dijo el ministro al Destape Radio.
La vida de los pobres vale un contenedor de una multinacional que se dedica a contaminar con cianuro los ríos de la zona Cuyo. Mientras hoteles de lujo se destinaron a aislar a quienes volvían de Europa, a los infectados de las villas y barrios pobres los meten en contenedores.
La presencia del Ejército no es inocente ni son damas de caridad. Su sola presencia intimida y es la expresión más fuerte del intento de coerción estatal. ¿Por qué una institución con historial genocida, cuyos miembros actuales fueron formados por superiores que fueron parte de la dictadura, tiene que meterse en los barrios a hacer tareas que pueden resolverse sin su presencia?
El gobierno, que está pagando sueldos de CEO de empresas multimillonarias, puede y debe garantizar un salario mínimo de 30.000 pesos a cada persona desocupada, debe garantizar médicos en los barrios carenciados y aislamiento en lugares acondicionados, y no hoteles que se caen a pedazos o contenedores. Debe garantizar que el alimento llegue a las casas y las familias, sin necesidad de distribuirla a través de comedores donde es complejo garantizar condiciones para el distanciamiento social.
Miles de los que viven en las villas no han podido acceder a los míseros 10.000$ de la IFE, en gran medida porque solo puede cobrarlo un miembro de la familia. Esto es un verdadero escándalo en medio de la negociación de la deuda y el reparto indiscriminado de ATP.
Pero en lugar de tomar esas medidas, instalan guarniciones militares, algo que ya se hizo en varias ciudades del país, entre ellas Quilmes y La Matanza.
Todos los días se conocen casos de abusos por parte de las fuerzas de seguridad contra personas que están en la calle buscando ganarse un peso. Detenciones, torturas, hasta asesinatos. No podemos dejar de alertar que todo el despliegue policial y militar realizado tiene un claro carácter de clase, sobre todo destinado a evitar preventivamente protestas contra el hambre o contra los despidos o rebajas salariales.
No queremos más milicos entre nosotros. Se necesita comida, enfermeros, médicos, testeos masivos y planificados, un salario de 30.000 pesos, que los enfermos sean alojados en hoteles en condiciones, no en contenedores u hoteles precarios; hay que atacar las ganancias de los capitalistas como señala el proyecto de impuesto a las grandes fortunas que presentó el Frente de Izquierda. | 
