Le llaman "default técnico", o "default soft", porque en los hechos la cesación de pagos de la Argentina ante el vencimiento de deuda por U$S 503 millones este viernes, luego de transcurrido el período de gracia de un mes, significa estar técnicamente en default.
Pero como la Argentina manifiesta "voluntad de pago" y acordó una tregua con los fondos acreedores para extender las negociaciones de la deuda en reestructuración (de la cual son parte esos bonos Global) por diez días más, hasta el 2 de junio por lo menos, estos últimos no demandarán al país ante tribunales extranjeros para acelerar los pagos. Esperan una modificación de la oferta de Guzmán a su favor, y el Gobierno ya adelantó que así lo hará.
De manera que, tanto el arco de empresarios locales y extranjeros que operan en el país, como los acreedores externos y los propios funcionarios, respiran tranquilos porque, estiman, las consecuencias del default en curso serán "suaves" (o "soft"). Todos apuestan a que se cierre un acuerdo próximamente.
Sin embargo, ni un default ni un acuerdo de canje de deuda con los bonistas es un escenario favorable para los trabajadores. No hay nada que festejar.
Un default anunciado
El calendario de renegociación de la deuda iniciado a fines de 2019 con la ley de solidaridad, ya se mostraba muy difícil de cumplir. Luego, vino la pandemia del COVID-19, profundizando la recesión económica del país, pero también hundiendo al mundo entero en un mar de incertidumbre.
El ministro de Economía Martín Guzmán repitió hasta el cansancio que el país no tiene capacidad de pago y que su oferta estaría en línea con lineamientos de "sostenibilidad". Mientras tanto, utilizó la ley de solidaridad para asegurarse U$S 4.750 millones de reservas del Banco Central para hacer frente a vencimientos de deuda en moneda extranjera.
Esta semana, el representante de la Argentina ante el FMI, Sergio Chodos, reconoció que el país desembolsó al menos U$S 4.000 millones desde diciembre para "evitar el default", es decir, para contentar a los especuladores. Pagar mientras esperaban la oferta era condición para que estos últimos accedan a negociar un canje. La pandemia no impidió que el gobierno pague U$S 250 millones el 1 de abril a acreedores privados y U$S 320 millones al FMI el 8 de mayo.
Otro de los gestos del Gobierno al capital financiero y el FMI fue suspender la movilidad previsional, es decir, los aumentos ya pautados de las jubilaciones y las asignaciones familiares de acuerdo a la evolución de la inflación y los salarios. La clave era mostrar que dispondrían de ese dinero si era "necesario", y así lo hicieron.
Entre el aumento por decreto de marzo y el de junio redujeron el incremento promedio de los haberes de un 23,7 % a un 12,5 %. La progresía se limitó a barrer ese escandaloso ajuste bajo la alfombra, bajo argumentos poco creíbles como el incremento de los haberes frente a la inflación presente, cristalizando la pérdida de 20 puntos de poder adquisitivo durante los últimos 4 años, es decir, durante el macrismo.
Todos estos gestos fueron empeorando las condiciones en que se llegó al default actual, mayor sangría de recursos y ajuste sobre los sectores populares. A ello se suma la presión sobre el dólar paralelo, y los problemas de la parálisis económica compensada con emisión monetaria.
En caso de no alcanzarse un acuerdo con los bonistas, una cesación de pagos o default, en estas condiciones (dentro de las reglas de juego del capital financiero) tendría dos consecuencias. De una parte, un intento de los sectores dominantes de descargar la escasez de dólares sobre los sectores populares, con una devaluación de la moneda y el salario.
El Gobierno no tomó ni busca tomar ninguna medida clave para evitar esta situación, como una centralización de la banca en un banco estatal único o establecer el monopolio del comercio exterior.
De otra parte, no se terminará así con el problema de la deuda. Una vez realizado el ajuste, los fondos acreedores y el capital internacional buscarán recuperar el pago de sus deudas, con nuevas reestructuraciones, como sucedió en el año 2005 y 2010. Los ciclos de pago y de default están inscriptos en la propia lógica del endeudamiento.
Dime qué festejas y te diré quién eres
Como contraparte, se pretende instalar que un acuerdo con los bonistas sería el mejor escenario para todos, para empresarios como para trabajadores.
¿Qué significa un acuerdo con los Fondos acreedores? Básicamente que en un tiempo volverá a establecerse un calendario de pagos de deuda (el Gobierno ofertó 3 años de período de gracia pero su nueva oferta podría recortarlo), lo cual requerirá de saldos favorables en dólares y un importante superávit fiscal para liberar recursos.
Los empresarios festejan, porque un acuerdo les permitirá seguir endeudándose afuera para financiar su valorización local y fugar dólares al exterior, así como preservar el valor de sus activos.
Pero a diferencia de los primeros años a la salida del default de 2001, el país no cuenta ahora con un superciclo favorable de precios de los commodities de exportación que le permita hacerse de dólares. Y, principalmente, la crisis del covid-19 ya está hundiendo el comercio y la economía mundiales, sin una recuperación a la vista en el corto ni mediano plazo. Se estima que la caída de la actividad económica en el país podría ser superior al 7 % en este 2020.
Por otra parte, aún queda pendiente la negociación con el FMI y el Club de París. Habrá que ver qué condiciones impone el organismo internacional a cambio de una renegociación de su parte de la deuda. No pueden descartarse mayores reformas estructurales como otra reforma previsional o una reforma laboral, sumado a un estricto superávit fiscal.
En suma, un acuerdo con los fondos acreedores implica perpetuar las condiciones de dependencia y atraso del país sobre la base de la sangría de seguir pagando la deuda externa. Esto, sin siquiera investigar su origen ilegítimo e ilegal y su uso antipopular, para financiar, entre otras, la fuga de capitales durante el macrismo.
No parece ser una buena noticia para el pueblo trabajador, aunque así lo quieran presentar los grandes medios de comunicación, el oficialismo y también la oposición patronal.
Si no es default, ni acuerdo, ¿qué es, qué es?
Hay otra alternativa a la deuda externa, que es su desconocimiento soberano por tratarse de una deuda ilegítima y odiosa, mediante una movilización popular que repudie su pago y toda atadura a las imposiciones del Fondo Monetario Internacional.
Este objetivo que debe ir acompañado de otras medidas urgentes de defensa nacional contra las maniobras de los especuladores: nacionalizar los bancos y conformar una banca estatal única que asegure los depósitos para los pequeños ahorristas y otorgue créditos baratos a pequeños comerciantes. E imponer un monopolio estatal del comercio exterior para disponer de los dólares que hoy controlan sólo 50 empresas exportadoras.
No se trata sólo de la deuda, sino de cortar con el círculo vicioso de la dependencia y el atraso nacional, para plantear una salida de otra clase.
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