El fin de semana pasado, Piñera dio la noticia de que se repartirán 2.5 millones de cajas de alimentos a las familias más vulnerables del país, tras las protestas por el hambre que se desarrollaron en las comunas de El Bosque y La Pintana.
El día de ayer, Piñera dijo que esta campaña ayudaría al 70% de las familias más vulnerables del país, lo cual fue rápidamente desmentido por Sichel, Ministro de Desarrollo Social, que tuvo que salir a aclarar que este “beneficio”, solo le llegará al 70% de las familias, pero que pertenezcan al 40% de las más vulnerables, o sea a 2,5 millones de familias.
El día 22 de mayo en la madrugada el medio Interferencia dio a conocer que 50 mil de estas primeras cajas de alimentos compradas por el gobierno a un precio de 1700 millones de pesos, fueron al Supermercado Mayorista Alvi, perteneciente al holding SMU, que es dirigido por el empresario Álvaro Saieh, la cuarta persona más rica de Chile, dueño de gran parte de las acciones de Corpesa, que es el holding donde son parte medios como La tercera y La Cuarta, y que tiene un patrimonio de 3.1 mil millones de dólares.
Mientras el Gobierno usa la plata de todas y todos los chilenos para pagarle a una de las personas más ricas del país, para repartir cajas de alimentación para 15 días, son más de un millón de trabajadoras y trabajadores que quedaron sin sustento económico tras la aprobación de la ley de protección del empleo, al mismo tiempo envía a carabineros que repriman en poblaciones ollas comunes y botan al suelo una de las salidas que el pueblo trabajador ha tomado para combatir el hambre en sus poblaciones.
¿Qué salida tenemos entonces las y los trabajadores?
La misma oposición que aprobó la Ley de Protección del Empleo, que destruyó millones de trabajos, y a la cual se acogieron grandes multinacionales, ahora le pide por favor al gobierno que le ponga un impuesto a los más ricos, de los cuales Piñera es parte (la quinta persona más rica de Chile).
A pesar de todos estos ataques las y los trabajadores no dejan de enfrentarlos, como ha sido el caso de los trabajadores de LATAM quienes nacionalmente se han organizado contra los despidos, exigiendo su reincorporación, o como las y los trabajadores de Starbucks, que buscan presentar la ilegalidad de sus suspensiones y trabajan en un plan de ayuda económica para todas las familias que fueron afectadas por estas, como también lo han hecho las y los trabajadores de la salud del Hospital Barros Luco, que levantaron un Comité de Seguridad e Higiene para enfrentar la pandemia y denunciar las condiciones precarias de trabajo o los trabajadores de la minera Guanaco quienes se fueron a huelga después que la empresa presentara legalmente una jornada excepcional de 7x7.
El Gobierno presenta estas cajas de alimentación que sólo están previstas para cubrir 15 días. No necesitamos su asistencialismo que busca solo callar los gritos en las calles de familias hambrientas y desempleadas.
Que la crisis no la paguemos las y los trabajadores, si no que lo hagan los empresarios.
Por esto es necesario pelear por el cese de los despidos, entrega de licencias laborales masivas en los sectores no esenciales, con pago al 100% de los salarios y por un ingreso de emergencia y pensiones acorde a la canasta básica familiar, osea de 500 mil pesos, financiadas por un impuesto extraordinario del 20% a los “super ricos”, con esto, se podrían recaudar 9.274 millones de dólares, lo suficiente para entregar por 3 meses un subsidio de 500 mil pesos a más de 4 millones de familias. Porque necesitamos pan, trabajo y salud. |
