Un pequeño respiro tuvo el gobierno de Sebastián Piñera durante la jornada de ayer. Eve Crowley, representante del organismo ONU que mide los índices mundiales de alimentación, saludó las medidas tomadas por el gobierno chileno. Considerando también el bono COVID de $50.000 como una importante medida para asegurar la alimentación de la población que se encuentra en situación de cesantía.
La apreciación de la autoridad ONU llama la atención; pues no se refirió a que el hecho puntual que presionó al gobierno a tomar esta básica y precaria medida fueron las variadas movilizaciones del hambre aún en curso, siendo esta vez la calle la que marca la agenda del gobierno.
La representante tampoco mencionó el altísimo índice de cesantía que se vive hoy en día, y que es producto directo de las políticas pro empresa de Piñera, que otorgó la potestad a todas las empresas a nivel nacional para dejar de pagar el sueldo de su fuerza laboral, que ha dejado a miles de trabajadores literalmente comiéndose sus ahorros, si es que los tienen.
Crowley tiene razón en algo, si continúan estas condiciones en el mundo, el hambre va a crecer. La industria alimenticia debe adquirir un papel protagónico. Así como es necesaria una reconversión de la matriz manufacturera para enfrentar la crisis de abastecimiento en salud; también es imperativo pensar en una industria alimenticia para alimentar a las grandes mayorías. | 
