Ante la brutal crisis económica en Latinoamérica y previendo que la crisis sanitaria sumada a la parálisis productiva genere escenarios de revuelta como el año pasado. Los organismos de control del imperialismo, como la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se apresuran a hacer propuestas "atrevidas", insinuando que tocarían el bolsillo de los magnates. ¿Sólo propuestas para desviar el descontento?
La crisis del trabajo, que proyecta 11.5 millones de nuevos desempleados y 28.7 millones de personas que se sumarán a la pobreza a raíz de la crisis en Latinoamérica, hace que la CEPAL proponga que los gobiernos otorguen un ingreso básico para dárselo a los pobres. [1]
La discusión sobre una renta básica ha retomado revuelo, sobre todo en sectores precarizados que carecen de un ingreso fijo y que la crisis los ha dejado en la ruina.
Sin embargo, aunque a simple vista parece una opción adecuada, hay cuestiones debatibles. En una reciente entrevista con Daniel Raventós, [2] quien es experto en el tema, podemos destacar dos elementos:
1. La renta básica debe ser universal, la cual, por definición, consiste en una asignación monetaria pública incondicional y universal, es decir, para todos, sin condicionamiento.
2. ¿Cómo se financia algo semejante? Los mecanismos particulares para recaudar estos recursos deben tener en la mira lo que gane la inmensa mayoría de la
población (sobre todo los más pobres) y pierdan (¡sí! Pierdan) los que más tienen.
Los pormenores y críticas de derecha que cuestionan que un ingreso así generaría una población de holgazanes y demás invenciones fantásticas, pueden encontrarse en la entrevista referida.
Lo que aquí es importante resaltar es la crítica a la la CEPAL, pues la salida que da, en el corto plazo, no es una renta básica universal, sino a una renta condicionada (se tiene que cumplir cierto requisito para acceder a esta), la cual acarrea tanto problemas técnicos como de uso político que se le suele dar a estos programas asistenciales, por lo que terminan siendo insuficientes e ineficientes.
Sin embargo, el mayor problema es que su propuesta se postra ante el gran capital financiero parasitario, uno de los mayores causantes de la catástrofe internacional, ya que apela a que se pueda reprogramar la deuda de los países de la región con sus organismos (como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial), y pedir nuevos préstamos (es decir, mayor endeudamiento, sólo para garantizar el pago de intereses vencidos) “en condiciones más favorables” [3] para poder financiar este ingreso.
Así, este organismo dependiente de la ONU lo que propone es una salida para los gobiernos para que con los impuestos de la población beneficien en última instancia al capital financiero, con planes así los capitalistas no pierden nada en cualquier tipo de crisis.
Su propuesta se resume en pocas palabras: que la crisis la pague el pueblo trabajador, y que no se toque a las grandes fortunas ni al capital financiero global. Cuando, por poner un ejemplo, el financiamiento de las arcas del Estado podría surgir de una reforma fiscal (con impuestos progresivos sobre los que mas tienen, los dueños de empresas y bancos) y diversos mecanismos locales para que se puedan recaudar recursos sin que se afecte a las y los trabajadores, ni los servicios públicos. [4]
En México, el gobierno, por el momento, no ha recurrido a un mayor endeudamiento, pero en su lugar ha redoblado el trabajo precario en todas las dependencias, y recientemente se ha lanzado contra el servicio público que no considera esencial para de ahí realizar fuertes recortes y despidos, para así ahorrar recursos y enfrentar la pandemia (como las recientes propuestas para desaparecer diversos fideicomisos culturales), obviamente no a la 4T no le alcanza su presupuesto político ni siquiera para una renta universal.
En su postración, la CEPAL y la OIT también piden, indirectamente, se aumente el trabajo precario. Dicen:
“Por ejemplo, según una encuesta del 25 de marzo de 2020 realizada a 250 grandes empresas de la Argentina, el 93% de ellas había adoptado una política de teletrabajo como respuesta a la pandemia” [5]
El teletrabajo está asociado a la dinámica de los a los call centers, a la desregulación del trabajo, a la informalidad, a los bajos salarios y largas jornadas de trabajo; por fuera de las instalaciones de la empresa y, aprovechando la crisis sanitaria, en casa del asalariado.
Como vemos, la salida de las y los trabajares no va a llegar de la mano de estos organismo proempresariales. Se requiere una lucha para conseguir una renta básica universal, que satisfaga las necesidades de todos, empleados y desempleados, por eso hay que lograr que se imponga un impuesto a las grandes fortunas y que se cancelen las deudas ilegitimas de los países de la región, sin renegociación. |
