“Como vinimos del campo no teníamos permiso de circulación ni barbijo, es así que nos cobraron en total $9.000 entre los dos, pagamos con el dinero que teníamos que comprar la mercadería, hoy en día nos encontramos en un estado de vulnerabilidad, porque el dinero que teníamos lo tuvimos que gastar pagando a la policía y no pudimos regresar al campo. Mi madre de 62 años tuvo que venirse caminando 35 km desde Casabindo a Abra Pampa al ver que nosotros no regresábamos, hoy en día ella se encuentra en mal estado de salud por esa situación.” Fue el repudio e indignación del hijo de Doña Vicenta de la Comunidad aborigen de Casabindo en el medio radial “Diario mañana de Abra Pampa”. El único delito cometido fue acercarse al centro urbano más cercano a proveerse de alimentos.
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El aparato represivo y la política implementada en este tiempo por Morales, de tolerancia cero para hacer frente a esta pandemia, golpeó sin lugar a duda al sector más vulnerable, los trabadores precarizados, las comunidades Aborígenes y los pequeños pueblos sin conexión a internet ni otros medios de comunicación y en la ciudad, a los barrios más pobres.
Está claro que estas disposiciones se plantearon para una sociedad urbana y asalariada, con estudiantes y docentes de establecimiento privados, con familias que pueden sobrellevar la cuarentena sin ningún tipo de preocupación más que el “stress” del encierro, que muchas veces es subsanado por el confort del que gozan en sus propios hogares. Estas medidas pensadas solamente en una sola clase no se adecuo con la mayoría de la clase trabajadora, con aquella que vive el día a día.
Desde las medidas del Aislamiento Preventivo Social y Obligatorio las comisarias fueron el escenario principal de la política de reprimir y castigar de este gobierno sin tener en cuenta la situación socioeconómica de cada familia.
Un informe de las Naciones Unidas destacó que las afectaciones en comunidades indígenas derivadas de la pandemia por Covid-19 no sólo son sanitarias. La marginación y la militarización de sus territorios se conjugan con la violación sistemática de sus derechos humanos.
Entre los atropellos que registra el relator de la ONU, está también el recorte de libertades democráticas como la libertad de expresión y de asociación. La pauperización y malnutrición, así como el acceso limitado al agua potable, saneamiento y la exclusión del sistema de salud son algunos de los aspectos que más impactan en la vida de estas comunidades.
Lo dicho no está nada desacertado con la realidad que viven día a día los pobladores de las comunidades aborígenes del interior de la provincia, cada vez que intentan acercarse a los centros urbanos más cercanos para proveerse de alimentos. El aislamiento obligo a las comunidades a “subsistir”. Las medias sanitarias y la prohibición de circulación llego a cada rincón de la provincia y principalmente a la zona limítrofe, pero lo que no llego de la misma manera fue la asistencia. Los medios de comunicación solamente llegan por las ondas radiales que de casualidad conecta señal a una radio a pilas, ya que no poseen luz eléctrica, ni que hablar de internet.
Pese a todo ello, varios de los pobladores fueron interceptados por la policía a fin de exigirles el uso del barbijo social y del permiso de circulación, y por supuesto que al no tener fueron arbitrariamente arrestados en las seccionales, obligados a pagar un arancel doble, aduciendo que circulaban sin justificación entorpeciendo las medidas sanitarias por el COVID-19, y por el no uso del barbijo, por cada infracción la suma de $1.000, sumado a ello le labran un acta contravencional, le hacen firmar una cedula de emplazamiento y de allí el procedimiento contravencional para “imputarlos” por incumplir las medidas sanitarias con otra multa que va desde los $40.000 a $340. 000 sumas inalcanzables para un trabajador o una persona que viven de la agricultura y ganadería de subsistencia, es decir de autoconsumo.
Pero eso no es nada, ya que además de esta ilegalidad se suman las audiencias para ejercer el derecho de defensa por medio de “video-llamada”, previo a una notificación con una antelación de dos días por medio de Whatsapp, una total burla a las garantías constitucionales que goza cualquier ciudadano del juicio previo y el ejercicio de derecho de defensa en juicio, eso sin mencionar que mucha de la gente interceptada de la zona rural carece de aparatos telefónicos de alta tecnología y ni de señal de internet para poder entrar en el juego del “grupo de whatsapp” y recibir una sentencia que muchas veces es condenatoria al pago de multas elevadísimas, porque al carecer de asesoramiento e información clara y necesaria, se ven en una situación de total desventaja frente al “tribunal” acusador recaudador.
Las “sentencias” online del juzgado contravencional
DECRETO ACUERDO N° 741-G/2020.- EXP. N° .- SAN SALVADOR DE JUJUY, 17 MAR. 2020.-
ARTICULO 2°.- Se aplicará multa de entre pesos cuarenta mil ($ 40.000), hasta pesos trescientos cuarenta mil ($ 340.000), más accesoria de arresto, inhabilitación, clausura, comiso y/o prohibición de concurrencia, cuando correspondiera; sin perjuicio de la aplicación del régimen penal previsto en el título 4to del Código Penal, y Código Contravencional, a la persona humana o jurídica que incurra en violaciones flagrantes a las disposiciones del presente cuerpo normativo, resoluciones que dictare en los sucesivo el “COE COVID-19”, que podrá ser percibida por vía de apremio y detracción, en los siguientes supuestos: (…)
l) El que incumpliera, las normas que en lo sucesivo determine el COE
ARTICULO 3°.- La autoridad policial y/o autoridad de aplicación definida por el COE, efectuará la comprobación de las infracciones (…)
DECRETO ACUERDO N° 747-G/2020.- SAN SALVADOR DE JUJUY, 25 MAR. 2020.-
ARTICULO 1°.- Crear un Arancel Fijo Obligatorio por la suma de pesos Mil ($ 1.000) para los que hubieran sido arrestados en infracción a las disposiciones contenidas en el Decreto Acuerdo N° 741-G-2.020. La aplicación del presente es sin perjuicio de las sanciones previstas en el Decreto Acuerdo mencionado.-
ARTICULO 2°.- El arresto será redimible y cesará, en el único caso del pago de arancel fijado en el artículo precedente, ello sin perjuicio que la conducta se encuentre encuadrada en un tipo penal.-
ARTICULO 3° - Imponer a los infractores que se les hubiera secuestrado el vehículo, un Arancel de Acarreo por la suma de pesos Cinco Mil ($ 5.000), dicha monto es en concepto de gastos de traslado, guarda y costos incurridos por el Estado Provincial en el control del cumplimiento de las medidas de emergencia sanitarias y epidemiológica dictadas por el Gobierno Nacional y Provincial.-
Pobreza y precariedad frente a la pandemia
Esto implica que las medidas y el sistema recaudador del gobierno golpea al sector más vulnerable, ya que en la ciudad también se aprehendió a trabajadores, changarines, vendedores ambulantes que solo salieron por una sola necesidad básica, dar de comer a sus hijos.
Hace unos días salieron los datos del INDEC, tomando los datos oficiales, podemos sostener que una familia tipo de 4 integrantes necesitó en abril percibir ingresos por $ 42.594 para no ser considerada pobre. Y $ 17.897 para no caer en la indigencia.
De los resultados del Indec se desprende que la suba del costo de vida en los hogares en abril, no se detuvo con la cuarentena. Sin embargo, los límites de esta medición de líneas de pobreza e indigencia por ingresos se acentúan en este escenario de crisis sanitaria, social y económica.
Un reciente informe de Unicef sostuvo que sus proyecciones de pobreza infantil en el país aumentarían de manera alarmante hacia final de año producto de la crisis. La pobreza infantil alcanzaría a 7,7 millones de niños y niñas y adolescentes y llegaría al 58,6%.
Para la representante de Unicef Argentina, Luisa Brumana: “Los datos nos muestran que el COVID-19 impacta con más fuerza en las poblaciones vulnerables, amplía las brechas de inequidad que ya había en el país y aumenta los niveles de pobreza entre las niñas, los niños y adolescentes, las victimas ocultas de la pandemia”.
Al momento la situación se va agravando en la población más pobre, aun así, los recursos del Estado siguen direccionándose en mayor cuantía a financiar exenciones a empresarios, a pagar sueldos a grandes empresas como Techint y Clarín. Incluso a pagos de la deuda que en este año sumaron más de u$s 4.000 millones. Y en la provincia, a pagar a más policías para el control y represión.
