Esta mañana, la ministra María José Zaldívar, entregaba las últimas cifras de la Ley de “Protección” del Empleo, indicando que desde el 18 al 22 de mayo más de 50 mil trabajadores y trabajadoras se “acogieron” a esta ley, con un total de 555.002 suspensiones. Las cifras también muestran a 14.105 trabajadoras de casa particular suspendidas.
La ministra, durante la entrega del balance, no pudo ocultar que estas suspensiones no son “pactadas”, sino más bien son impuestas. “Estamos hablando de 92.204 empresas que acogieron a sus trabajadores a esta ley, ya sea por orden de autoridad, o por pacto entre ambas partes”, indicó Zaldívar luego de mostrar las alarmantes cifras de trabajadores y trabajadoras a los que se les roba el sueldo.
De todas las suspensiones, 258.913 corresponden a 4.319 empresas grandes y medianas, mientras el resto corresponde a empresas pequeñas y otras en las que “no hay información” de qué tipo de empresas son. En ese sentido, a un 48% de las y los trabajadores a los que se les impuso la suspensión de contrato, pertenecen a las categorías de mediana y gran empresa.
El 67,7% de las suspensiones corresponde a la Región Metropolitana, con un total de 375.463 trabajadores y trabajadoras que han quedado sin ingresos mientras dura la crisis. Mientras que las actividades que lideran el número de suspensiones son el Comercio y Automotoras con 132.036 suspensiones, Turismo y Gastronomía con 108.186 suspensiones, y Construcción con 96.007 suspensiones, según los datos entregados por el ministerio del Trabajo.
También en sectores de Salud y Asistencia Social vemos una cantidad de 13.365 suspensiones, inaudito para una crisis como esta. Y en cuanto a Educación, hay 12.151 suspensiones. Mientras que se siguen cobrando aranceles y colegiaturas en las instituciones educativas.
En esta situación, desde el Ministerio del Trabajo, insisten en que esto es un "beneficio" para las y los trabajadores, cuando las cifras y la situación de hambre que se vive en las poblaciones muestran que, leyes como estas, sólo protegen a los empresarios y sus ganancias.
Es urgente un impuesto extraordinario a las grandes fortunas para garantizar un ingreso mínimo de 500 mil pesos para todas las familias que se encuentran sin su fuente de trabajo y sin ingresos para enfrentarse a esta crisis. | 
