Estas casas, que forman parte del Programa de Derechos Indígenas, “son un espacio donde mujeres indígenas y/o afromexicanas brindan atención con pertenencia cultural, perspectiva de género y derechos humanos; en las vertientes de derechos de las mujeres, prevención de violencia contra las mujeres, derechos sexuales y reproductivos”, según información oficial del gobierno federal.
Para este año dicho programa tenía contemplados 200 millones de pesos en el Presupuesto de Egresos Federal (PEF), los mismo que fueron recortados el pasado 3 de abril, lo cual fue notificado a las asociaciones civiles Amnistía Internacional México, Equis Justicia para las Mujeres y la Red Nacional de Refugios, este fin de semana en una reunión que convocó la secretaría.
Pero Sánchez Cordero aseguró que los fondos para financiar las CAMIS se están consiguiendo con diferentes embajadas que tienen presupuestos destinados a combatir la violencia hacia las mujeres y con la representación de la Unión Europea.
En conferencia de prensa la secretaria dijo que “el presupuesto siempre sufre ajustes”, pero no es una casualidad que estos nunca sean para las fuerzas represivas y por el contrario sean aplicados únicamente a programas sociales como las CAMIS.
Pese a que AMLO ha declarado innumerables veces que la violencia en el hogar no tiene lugar en el país y no se ha visto incrementada por la cuarentena, las jóvenes, trabajadoras e indígenas sabemos que la realidad es otra completamente.
No sólo estamos viviendo el pico de los contagios de Covid-19, las mujeres estamos resintiendo también el pico de la violencia patriarcal, potenciado por el aumento de la precarización y los despidos que profundizan nuestra dependencia económica; y por la militarización del país que contrario a lo que pretende hacernos creer el gobierno, implica el aumento exponencial de la violencia y los feminicidios.
El PEF y sus ajustes reflejan cuáles son las prioridades del gobierno, mientras a las fuerzas armadas se les destinan más de 155 mil millones de pesos, la salud se mantiene con un presupuesto de un poco más de 600 millones de pesos, tan sólo 0.18% más que el año pasado y las CAMIS tienen que atender a miles de mujeres indígenas con menos de 200 millones.
Es urgente reducir a cero el presupuesto a la militarización del país y a los cuerpos represivos del Estado, con eso no sólo podría devolverse los subsidios a las CAMIS sino que podría incrementarse al igual que el presupuesto a la salud pública, que de menos debería tener un 10% del PIB.
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