El martes 27 de mayo, en la sesión de la Comisión de la Asamblea Legislativa que se encarga de analizar y estudiar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), su presidente liberacionista Wagner Jiménez anunció que está pronto a presentar un proyecto de ley para que las finanzas públicas sean prioridad frente a la autonomía universitaria, lo que quiere decir que desde la Asamblea Legislativa se puede reducir el presupuesto de las universidades.
Dicho proyecto de ley es avalado por el resto de diputados que conforman la Comisión. Jiménez manifestó que “de no realizarle rebajos a los salarios en el corto plazo tendrán que recurrir a un cierre de universidades públicas”. También “sugiere” a las universidades generar sus propios ingresos, con lo que orienta a la privatización de la educación.
No es la primera vez que la autonomía y el presupuesto universitarios están próximos a recibir un ataque de los gobiernos, ni la primera vez que Rectoría y la FEUCR estarían actuando pasivamente.
El más grave ataque lo trajo el préstamo del Banco Mundial (2009-2010) por 200 millones para las universidades públicas. Este préstamo significó que fuera esta entidad quien dictara de qué manera se iba a invertir el dinero, el cual estaba enfocado en un modelo universitario que priorizara la competitividad y un vuelco de las universidades públicas al servicio de los empresarios y el gran capital. En esta misma línea es que Jiménez propone un modelo universitario enfocado en vender servicios.
¿Qué pasa con los trabajadores de la Universidad?
Contrario a lo que los medios de los empresarios quieren infundir en la opinión pública, las y los trabajadores universitarios no suelen tener un salario elevado, sino que este se reserva para unos pocos docentes catedráticos y autoridades universitarias. La mayoría de trabajadores docentes y administrativos, suelen tener salarios bajos que no les alcanza para tener estabilidad económica, sumado a que tampoco se les garantiza estabilidad laboral, pues ni tienen certeza de ser contratados y contratadas en el semestre próximo, ni les pagan su salario de manera constante; además, para el sector interino las vacaciones son sinónimo de desempleo.
De aproximadamente 9 500 trabajadores y trabajadoras de la Universidad, solo 300 ganan más de 4 millones. Por parte del sector docente, aproximadamente 4 000 pertenecen al sector interino, ganando salarios insuficientes, de aproximadamente 500 000 colones.
Cuando el diputado liberacionista Jiménez habla de que las universidades públicas deben realizar reformas salariales, para garantizar su sostenibilidad, no se refiere al salario millonario del actual rector, Carlos Araya, ni del resto de las autoridades universitarias, pues probablemente su salario sea intocable.
La reforma salarial, entonces, vendría a empobrecer más los salarios del sector interino. Es decir, si ya las y los interinos se encontraban en precarización laboral y en la incertidumbre de saber si serían o no contratadas y contratados el próximo semestre, esta situación se profundizará aún más. Ante este panorama, la FEUCR no ha manifestado ninguna posición.
¿Qué hacer?
Garantizar la sostenibilidad económica de la Universidad, no pasa por reducir el salario y precarizar aún más al sector interino, dejando intactos los bolsillos de las autoridades universitarias y continuando el pago del préstamo con el Banco Mundial. Todos los años vemos cómo las autoridades universitarias, el gobierno y la FEUCR negocian un FEES insuficiente, deteriorando nuestras condiciones de estudio y las condiciones de trabajo del sector interino.
Si la Comisión, los diputados y las autoridades universitarias junto con la FEUCR no están por defender las universidades públicas en función de la clase trabajadora, debemos ser nosotros y nosotras, como estudiantes, en conjunto con las y los trabajadores precarizados, quienes nos organicemos para dar esta pelea, poniendo todos nuestros recursos y órganos federativos en función de esta pelea.
Las luchas de estudiantes y trabajadores de la universidad deben darse en conjunto, pues tenemos un enemigo en común. Además, siendo el sector docente interino entre el 66-70% de docentes, ante un posible despido, no solo se verían ellos y ellas afectados, sino que, sin duda alguna, también las y los estudiantes se verían afectados, al reducirse cupos y cursos.
Por otro lado, es necesario crear Comisiones de Crisis por Facultad, para que seamos estudiantes, docentes y administrativos quienes decidamos, de manera democrática, sobre la política universitaria, así como el rumbo de la Universidad. En este sentido, es necesario tener un control político del presupuesto universitario, para que en lugar de que el dinero se vaya a los bolsillos de las autoridades universitarias, sea destinado a las necesidades del estudiantado y trabajadores y trabajadoras, para acabar con los recortes a las becas y con los salarios de miseria del sector interino, garantizando también buenas condiciones de estudio y trabajo.
Para hablar de garantizar sostenibilidad en las universidades, no hay que proponer recortes salariales o despidos, mejores propuestas y más certeras serían el no continuar con el pago del préstamo con el Banco Mundial ni con el pago de la deuda externa. Si no somos nosotros quienes realizamos esta crisis, no seamos quienes la paguen. | 
