El incremento de los infectados es diario y dista mucho del discurso del presidente, que, sin ninguna base científica, señalaba que ya habíamos llegado a la cima de la meseta y que se iniciaba “la bajada en la curva de contagiados”. Hasta la fecha no tenemos ni curva, ni descenso, sino todo lo contrario, ya que como lo demuestran las cifras, se viene dando un proceso ascendente, al cual el Colegio Médico ha llamado “escalera”, porque cada día se sube un peldaño más.
A estas cifras, se suma el hecho que solo se han procesado 928 797 muestras, lo cual es un porcentaje muy bajo considerando que en el Perú tenemos una población de casi 31 millones de habitantes según el último Censo Nacional de Población y Vivienda llevado a cabo en el año 2017.
A pesar que las cifras oficiales señaladas anteriormente ya son altas, estas podrían ser mayores como bien lo han dejado entrever diversas instancias, como el Colegio Médico, el Sindicato de Enfermeras del Seguro Social y los médicos del Sindicato del Seguro Social y del MINSA (Ministerio de Salud), quienes han criticado el manejo de información por parte del Gobierno, la falta de entrega de equipos de bioseguridad y, la falta de pago para las enfermeras y médicos que están contratados vía tercerización.
Frente a este incremento del número de contagiados, el presidente ha dicho que la responsabilidad no es del gobierno ni del estado, sino que esta recae sobre quienes no respetan el aislamiento social. Con ello, lo que se busca es justificar el fracaso de la estrategia del ejecutivo para combatir el Covid-19 y, así mismo, se termina promoviendo la criminalización y la represión de quienes salen a trabajar todos los días en actividades como la venta ambulatoria. Cabe mencionar que la razón de fondo que está llevando a que mucha gente salga a la calle a buscar trabajo, tiene que ver con que el gobierno no ha implementado ninguna medida de compensación salarial para aquellos sectores que se quedaron sin trabajo a raíz de la cuarentena y el aislamiento obligatorio.
Esto también demuestra el fracaso de la medida asistencialista del gobierno basada en los irrisorios bonos focalizados que, o no llegaron a la mayoría de la población afectada y a los que les llego, les alcanzo para muy poco, sobre todo ahora que el costo de vida ha aumentado significativamente.
A pesar de la crisis de la salud pública, el gobierno salvaguarda a los empresarios de la salud
El jueves pasado, una vez más, médicos y enfermeras de Lima norte protestaron exigiendo el pago de sus salarios y la entrega de equipos de protección personal (EPP). Las denuncias de los trabajadores de la salud han sido constantes desde el inicio de la cuarentena. Ellos han denunciado el abandono del estado a las y los trabajadores del sector que han resultado infectados de Covid-19, por cuya razón ya tenemos más de 30 fallecidos entre médicos y enfermeras. Así mismo, han puesto en evidencia el colapso de los hospitales públicos que a su vez reflejan la crisis estructural del sistema sanitario en su conjunto.
Este colapso de los hospitales públicos no solo es denunciado por las y los trabajadores del sector, sino también por los usuarios que registran en fotos y videos la terrible situación de los pacientes en los pasadizos. A ello se suma que la línea 113, que es para reportar casos que presenten sintomatología del Covid-19, haya colapsado completamente, por esa razón muchos contagiados no pueden ser testeados oportunamente y terminan convirtiéndose en focos de contagios masivos.
Mientras colapsa la sanidad pública, los dueños de las clínicas, farmacias y toda la sanidad privada multiplican sus ganancias a costa de nuestra salud y nuestra vida y reciben un espaldarazo del gobierno, el cual hace poco no tuvo mejor idea que emitir un decreto en el cual deja claro que ninguna empresa privada vinculada a la salud será tocada por el estado a pesar de la tremenda crisis sanitaria que, como lo mencionan analistas serios, hace prever situaciones muy difíciles en un país como el nuestro, donde, por la precariedad del sistema de salud pública, en corto tiempo nos hemos convertido en el segundo país del continente con el mayor número de contagiados.
Esto no puede seguir así. Urgen medidas de emergencia que nos permitan repotenciar el sistema de salud pública, pero para lograr ese objetivo debemos afectar necesariamente la riqueza de los grandes empresarios que incrementaron sus ganancias en los últimos años a costa de empobrecer más al pueblo trabajador y saquear nuestros recursos naturales. Un paso para avanzar en ese sentido tiene que ver con que las clínicas, farmacias y laboratorios privados sean declarados de utilidad pública y pasen a funcionar bajo el control de sus propios trabajadores y trabajadoras y de los usuarios organizados. Solo de esa manera haremos que todo lo que poseen estas instituciones, hoy privadas y al servicio del lucro individual de un puñado de empresarios, pase a estar al servicio de enfrentar el avance del coronavirus y, por tanto, del pueblo en su conjunto.
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