Si hace unas semanas hablábamos de la incoherencia de una hibernación económica que en realidad no se produjo, o de un estado de alarma que impide ir a velar a tus familiares muertos, pero te obliga a ir a trabajar hacinado en el metro, hoy vemos como el capital financiero se suma a esta deshumanización de la vida en pro de su economía dejando en la calle a familias enteras en pleno estado de emergencia.
Ya sea con la colaboración de la policía, de empresas semi-legales vinculadas a la extrema derecha, como Desokupa, o con las dos, las entidades financieras, fondos buitre, y alguno de esos humildes trabajadores propietarios de una simple docena de pisos que apenas cobran 8.000€ al mes, se han dedicado durante este confinamiento a dejar en la calle, en plena pandemia, confinamiento y estado de alarma, a familias enteras a través de prácticas ilegales e incluso violentas sin que ni la policía ni el poder judicial hagan nada por impedirlo. Todo lo contrario, en varias ocasiones estas empresas semi-legales han contado con la colaboración de las fuerzas policiales, que no es ni la primera ni la décima vez que demuestran sus simpatías hacia esta extrema derecha patriótica de bandera en pecho.
Uno de los intentos más mediáticos fue el de Ca La Cristina, un edificio que llevaba tres años vacío y que fue okupado días antes del 8M y reivindicado durante la diada como bloque feminista y no mixto que buscaba dar soluciones de vivienda ante la subida constante de los precios de la vida. Pese a que el edificio cuenta con el apoyo del vecindario, el día 14 de abril se presentaron un grupo de “trabajadores” de City Lock, acompañados por los Mossos, amenazando con desahuciar a las vecinas y cambiando la cerradura de la puerta principal, toda una acción que, como tuvieron que reconocer, había sido completamente ilegal.
Lo mismo sucedió con el Centro Social L’Obrera de Sabadell. L’Obrera actualmente colabora con las “Xarxas de Suport” de la ciudad como punto de recogida y entrega de material escolar para niños y niñas sin recursos que deben finalizar el curso desde casa. También impulsan un proyecto de soberanía alimenticia auto-gestionado, donde reparten los excedentes alimenticios de grandes superficies para familias necesitadas, entre otros muchos proyectos. Nada de esto fue motivo para evitar que un vecino tuviese que dar la alarma cuando vio a dos personas intentando cortar con una sierra radial la cerradura de la puerta principal.
Asimismo, a principios de mes el colectivo Stop Desahucios 15M Granada denunciaba que el propio ayuntamiento, con la colaboración de la Policía Local, había intentado desahuciar ilegalmente, sin ninguna orden judicial de por medio, a una madre soltera que vive con su hija de 11 años en la localidad de Fuente Vaqueros, donde gobierna el PSOE-A. Pese a no haber denuncia ni de juzgados ni de la propiedad, la Policía Local se personó en la vivienda amenazando con que, o se marchaban, o al día siguiente la echaría de la vivienda, intentando al día siguiente cumplir la amenaza con toda ilegalidad, lo que finalizaría con el corte de los suministros básicos como medida de presión, recordemos, en pleno estado de emergencia y crisis económica.
Otra práctica de grandes propietarios es la de jugar al despistado, como es el caso de una pareja de Sabadell a la que despertaron un equipo de cerrajeros que intentaban cambiar la cerradura rompiéndola con un taladro mientras la pareja dormía dentro. Cuando se contactó con la empresa alegaron que no sabían nada de que estuviese habitada, pese a que la pareja hacía meses que se había identificado ante la policía y la propiedad sí tenía conocimiento de la okupación, y más tarde el fondo buitre responsable, Divarian, amenazó con que la actuación había sido legal y que ese mismo día irían a poner una puerta de hierro, conocidas como “anti-okupas” aunque hubiese gente dentro, cosa que de momento no ha sucedido.
El cambio de cerradura tiene un significado simbólico cuyas implicaciones se agravan estos días de confinamiento, ya que es la práctica que más se ha utilizado para realizar desahucios ilegales en viviendas okupadas, saltándose por completo el proceso judicial y aprovechando vacíos legales o la inactividad de los juzgados. Es precisamente esta inactividad la que genera más miedo que nunca, ya que, si se realiza un cambio de cerradura, ni la policía suele poder ni querer hacer nada, ni los juzgados están disponibles para denunciarlo, con lo que la familia afectada queda en la calle sin remedio, una situación a la que posiblemente se le sume una multa por parte de una policía insensible a las situaciones de precariedad, que no entiende ni quiere entender las situaciones extremas que atraviesan muchas familias.
A todo esto, se le suma la indefensión de un número de familias cada vez más elevado que están viendo su situación llegar a límites desesperados, que les hacen arriesgarse a tomar medidas igual de desesperadas. Es el caso de una familia de Barcelona que, aparte de ser víctimas de una estafa de venta de llaves y tras ser denunciada por algún policía de balcón, fue desalojada por los Mossos con la ayuda de City Lock, tras verse obligada a okupar una vivienda debido a la pérdida de la única fuente de ingresos que tenían por culpa de la crisis del Covid19.
City Lock es una de las empresas “Semi-Legales” de las que hacen uso las entidades financieras y grandes propietarios que no quieren mojarse las manos. Legalmente, se trata de una empresa que realiza trabajos de cerrajería para entidades financieras, entre otros. La otra cara de la moneda son sus prácticas intimidatorias que, mediante acciones dudosamente legales e indudablemente inmorales, pretenden recordar a las vecinas que están vigiladas, que no pueden estar tranquilas y que en cualquier momento podrían no poder volver a sus casas.
Parece ser que City Lock pretende coger el relevo de Desokupa, otra empresa relacionada con la extrema derecha que también realiza desalojos extra-judiciales, cuyo presidente ya fue detenido por prácticas de extorsión ilegal. Sobradamente conocida en Barcelona, se ha dedicado durante años a coaccionar violentamente a familias en situaciones precarias y de okupación para que abandonaran sus viviendas, contratados tanto por entidades financieras como por grandes poseedores, así como por inmobiliarias y fondos buitre.
Otra problemática es el de las personas en régimen de re-alquiler. Familias que no tienen contrato, en su mayoría personas migrantes que, mientras los plazos para conseguir papeles que permitan trabajar se eternizan y se complican hasta niveles absurdos, cobran en negro y pagan de la misma forma, ya que les es imposible obtener un contrato de alquiler ni pagar los, al menos, 1.000€ que cuesta uno. Durante el COVID19, solo en Barcelona este hecho ha afectado a cerca de 300 personas, que al trabajar de forma ilegal no pueden recibir ERTE ni paro, y con el colapso de los Servicios Sociales a nivel general la ayuda es absolutamente nula, incluso aunque tuvieran derecho a ella.
En Barcelona y alrededores hay cerca de 4.500 personas viviendo en régimen de re-alquiler, las que no se han visto obligadas a abandonar sus casas, están al borde de ello a base de acumular deuda, pues los arrendatarios siguen exigiendo el pago religioso de las cuotas, muchas veces a pesar de ser individuales que sub-arrendan bloques de pisos enteros.
A este efecto la patronal prometió la cesión de 200 pisos para ayudar a solucionar la crisis de vivienda, pero la naturaleza del capitalismo hizo romper dicho acuerdo cuando la misma exigió pagos de 1000€ mensuales por dichos pisos, demostrando una vez más que el negocio es lo primero y la vida lo último en la escala de valores del capitalismo.
Tampoco las familias que poseen un contrato están atravesando una mejor situación. Muchísimas familias que no se consideraban en condiciones precarias han caído en impagos de alquiler, hipoteca o suministros. La crisis de 2008 afectó fuertemente a la capacidad de las familias para ahorrar, y tras dos meses sin percibir ingresos, miles de personas viven ahora en riesgo de exclusión.
Como si no fuera suficiente, a finales de abril el Sindicat de Llogateres denunciaba que el Fondo de Inversión Azora, con cerca de 13.000 viviendas en toda España, se saltaba en plena pandemia los decretos gubernamentales, y presionaba a sus inquilinos para que firmasen renovaciones de siete años con subidas del 80% del precio del alquiler. Por su parte, el fondo buitre Blackstone, a través de su filial Fidere, en Torrejón de Ardoz, ha devuelto los pagos realizados desde agosto de los inquilinos que viven en un bloque de vivienda social comprado por Fidere, no sin antes haber subido entre un 60% y un 100% el precio del alquiler tras la compra de los mismos, con el objetivo de situarlos falsamente en situación de impago y facilitar el desahucio de las familias que no están pudiendo pagar los alquileres durante la crisis.
Los datos revelan que una de cada diez personas en España no puede pagar el alquiler o la hipoteca, y esto incluye al 18% del total de autónomos y el 23% de las personas en paro; y el 45,6% del total de la población ha visto reducida su capacidad adquisitiva.
El paro en España ya ha alcanzado los 9 millones de personas, un 40% de la población activa, ya sea por haber sido afectadas por un ERTE, por una situación anterior de desempleo o por el cese de actividad de la empresa. El Banco de España cifra los afectados por ERTE en 4,6M, lo cual apunta a que, como mínimo, 4 millones y medio de personas no recuperarán el empleo cuando se supere el estado de alarma.
Por el momento el gobierno solo se dignó a habilitar ayudas y moratorias para el pago del alquiler e hipoteca después de que más de 200 entidades sociales, surgidas de la iniciativa ciudadana, como el Sindicato de Inquilinas o distintas entidades en defensa del derecho a la vivienda, convocasen a una huelga general del pago de los alquileres ante la precariedad de centenares de miles de personas que no pueden hacer frente a los pagos.
Cada vez se hace más evidente el mazazo que está suponiendo el estado de alarma para las clases trabajadoras, que pese a la propaganda del supuesto confinamiento han teniendo que seguir yendo a trabajar y exponerse, si es que no han perdido sus trabajos y aún esperan, tras más de dos meses, un ERTE que nunca llega. Frente a esta nueva crisis son las entidades de caridad o las iniciativas ciudadanas las que están teniendo que cargar el peso de las contradicciones del sistema capitalista.
En el primer caso es Cruz Roja y Cáritas quien está cargando el mayor peso en el reparto de comida y bienes de primera necesidad, a través de un asistencialismo que ejerce de válvula de escape para que las instituciones puedan pasarles el muerto a entidades que, si bien dan soluciones necesarias a necesidades inmediatas, no solucionan el problema de base, y al descargar a la administración de responsabilidad los gobiernos eternizan la búsqueda de soluciones efectivas.
En el segundo caso la ciudadanía está creando redes de apoyo mutuo como las Xarxas de Suport en Catalunya, organizadas por barrios y que, a través también de voluntariado y de la iniciativa ciudadana, llegan a donde ni si quiera el asistencialismo lo hace. Con una diferencia importante: Tienen muy presente que esa tarea la debería estar haciendo el gobierno, poniendo soluciones reales. Destacan también las acciones en defensa de la vivienda impulsadas desde la PAH/PAHC y sindicatos de inquilinos.
Poco a poco, estas iniciativas crean un campo de cultivo que pueda ser el germen de nuevos procesos de movilización frente a la crisis social y económica. Sin embargo, estas no pueden quedarse en núcleos de protesta aislados.
Para crear un contrapoder efectivo es necesaria una transversalidad en la lucha que interpele a las clases trabajadoras, de modo que no se limite a acciones en ámbitos concretos si no que coordine una lucha capaz de paralizar el tejido productivo del país. Sin esta estrategia cabe un riesgo latente de que nuevos fenómenos de movilización sean derrotados por una combinación de represión -como sucedió con la Ley Mordaza como arma contra las acciones de la PAH- y desvío a variantes políticas que terminen por integrarse a los mecanismos del Régimen monárquico del 78 como es el caso de Unidas Podemos.
Mientras la ciudadanía se organiza ya sea en un lado o en el otro, el gobierno “progresista” se enroca en encontrar políticas que beneficien el máximo posible a las empresas, la extrema derecha de VOX se dedica a sacar ferraris, Masserati y Mercedes por las calles de Madrid, demostrando, por cierto, donde reside su masa votante y desmintiendo el mito del “obrero de derechas”, y al mismo tiempo, el PP realiza la que parece la peor gestión de todo el país en Madrid, a la vez que las empresas del IBEX 35 amenazan a los gobiernos con retirar todo apoyo y facilidades si no rompen sus acuerdos políticos y dedican más esfuerzos en recuperar su economía, a costa de las vidas que sea necesario, demostrando quién ejerce el poder real tras el poder político y que, cuanta más libertad se da a las empresas, mayor opresión ejercen sobre la población.
Mientras las altas esferas demuestran una vez más el juego sucio de la política capitalista, y como las contradicciones del capitalismo y su naturaleza de crisis periódicas cada vez más profundas es completa y absolutamente incompatible con el bienestar de las personas trabajadoras, las familias son expulsadas de sus casas, las empresas aplican su anarquía particular, y los políticos hacen como quien oye llover ante una situación que cada vez va a peor.
Luchemos, que la verdadera crisis todavía no ha empezado, y si esto sigue así, 2008 será una pequeña broma de mal gusto frente a lo que está por venir. |
