En el día de hoy fue detenido en nuestro país el militante argentino Sebastián Romero, perseguido por la justicia argentina por haber participado en la movilización popular de diciembre de 2017 contra la reforma previsional impulsada por el gobierno de Mauricio Macri.
Lo persiguen, como a muchos luchadores y luchadoras sociales, poniéndole el mote de “prófugo” por enfrentar las injusticias de los gobiernos que quieren pasar ajustes contra el pueblo trabajador.
Inmediatamente a su captura, los medios de comunicación uruguayos y el propio Ministro del Interior Jorge Larrañaga, han salido a criminalizar a Sebastián a través de las redes sociales.
Mientras esto ocurre, el gobierno uruguayo permite y promueve el ingreso al país, en medio de la pandemia, de empresarios y personalidades argentinas investigados por lavado y evasión fiscal, dejando claramente su postura de criminalizar a los luchadores y saludar el ingreso de ricos y poderosos. Se ve que para el gobierno de Luis Lacalle Pou hay extranjeros “de primera” y extranjeros “de segunda”.
Esta línea criminalizadora va en sintonía con el avance represivo que se viene desarrollando en toda Latino América, y que en Uruguay tiene su expresión en los intentos del gobierno de derecha de restringir el derecho a la protesta, darle mayores atribuciones e impunidad a las fuerzas represivas y criminalizar la protesta y la pobreza. La Ley de Urgente Consideración, que hoy se discute en el parlamento uruguayo, es claramente un avance represivo y vulnera los derechos humanos.
Desde la CTS nos hacemos eco de la declaración de diversos organismos de Derechos Humanos de Argentina, nucleados en el Encuentro Memoria Verdad y Justicia, que exigen su inmediata extradición a la Argentina, y una vez allí, que el gobierno de ese país lo libere inmediatamente y anule su procesamiento, al igual que a otros presos políticos y sociales que injustamente se encuentran procesados o cumpliendo una condena por luchar y defender los derechos conquistados.
En este sentido, hacemos responsables al gobierno uruguayo y al argentino, por la integridad física y mental de Sebastián Romero.
¡Basta de perseguir a luchadores sociales y políticos! ¡Basta de criminalizar la protesta social!
¡Libertad inmediata y nulidad del procesamiento para Sebastián Romero y todos los presos y presas por luchar!
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