La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó un hábeas corpus colectivo ante el Juzgado de Garantías 1 de Quilmes por “las graves condiciones de detención registradas en la Comisaría Quinta del distrito, el riesgo inminente para la integridad física y la vida de las personas detenidas y las condiciones sanitarias desfavorables para el prevenir el contagio de coronavirus”.
Según el organismo que integran Adolfo Pérez Esquivel y Nora Cortiñas, entre otros, la dependencia policial tuvo en marzo 22 presos alojados y en abril 19, cuando solo tiene capacidad para cuatro. Y “durante los últimos 16 meses, los graves índices de sobrepoblación oscilaron entre el 400 y el 650 %”.
A partir de estos datos, la CPM pidió la clausura de la dependencia y que los jueces evalúen la posibilidad de otorgarles el arresto domiciliario a los detenidos. Hasta que se ejecute este reclamo se solicitó “la inmediata entrega de insumos básicos necesarios para que las personas privadas de la libertad puedan higienizarse y desinfectar los espacios comunes dentro del encierro. Y que se entreguen barbijos y tapabocas para las personas detenidas”.
La Comisaría Quinta de La Cañada tiene un triste historial de abusos policiales, incluyendo abusos sexuales contra menores, a los que se suma el hecho de ser la dependencia que tiene bajo su jurisdicción al Frigorífico Penta, donde ya se vivió una brutal represión hace pocos meses y donde la patota del empresario Bruzzese agrede a tiros a los obreros con total impunidad, con la vista gorda no solo de la Policía sino también de las autoridades municipales y provinciales.
Las condiciones de hacinamiento de los presos en la comisaría son solo un botón de muestra de la situación de las dependencias policiales en general. En la amplísima mayoría de los casos los calabozos están llenos de presos por delitos menores y sin juicio, hijos del pueblo trabajador que no pueden pagarse un abogado. Esta situación se vuelve gravísima en el marco de la pandemia cuando la concentración de personas sin las mínimas condiciones sanitarias es prácticamente una condena a muerte.
Muy distinto es el caso de los empresarios que van presos, como ocurrió con el dueño del Frigorífico El Federal, que violó la orden de clausura de la empresa con un obrero fallecido y ocho contagiados, y tuvo en tiempo récord la prisión domiciliaria por poder pagarse un letrado.
Si hay dos lugares en los que los privilegios de clase se pueden ver nítidamente es en las comisarías y en las cárceles. En estas últimas, y según el propio Servicio Penitenciario Bonaerense, el 60 % de los reclusos se encuentra en esa situación sin haber tenido ninguna instancia de juicio.
Son miles de presos con delitos menores, muchas veces originados en situaciones de pobreza extrema, que no pueden pagar un abogado. La consecuencia es que en las cárceles bonaerenses, que tienen capacidad para 24.000 internos, en este momento hay más de 44.000, es decir casi el doble, una situación de hacinamiento total que durante la pandemia puede producir estragos.
Mientras tanto los empresarios o los policías de gatillo fácil, como el que me disparó y dejó en una silla de ruedas en el 2001, siguen en libertad hasta agotar todas las instancias de apelación aún estando condenados. Sobre este marcado carácter clasista de las comisarías y las cárceles es que hacen silencio los que fomentaron el cacerolazo contra la detención domiciliaria de los presos en grupos de riesgo. | 
