El 3 de Junio de 2015, bajo el masivo grito de #NiUnaMenos, cientos de miles salían a las calles contra la violencia machista. El femicidio de Chiara Páez, una joven de 14 años asesinada por su novio en Rufino, Santa Fe, fue el detonante de una bronca que ya no se pudo contener y tomó masivamente las calles.
Resurgía así, con renovada fuerza, la lucha de las mujeres contra la violencia machista que venía expresándose desde hacía décadas en nuestro país. Los medios masivos de comunicación dejaron de mirar para el costado como lo hacían habitualmente, porque las calles hablaban y el reclamo contra la violencia machista fue tan potente que irrumpió en la escena política y en la vida cotidiana de millones.
El nacimiento del #NiUnaMenos marcó la agenda política nacional y puso sobre la mesa debates sobre la cultura machista y heteronormada de la cual casi no se hablaba.
En aquella movilización, los reclamos de implementación efectiva de la Ley 26.485 de prevención y erradicación de la violencia machista y de la ley de Educación Sexual Integral en escuelas públicas y privadas tuvieron mucha relevancia. Pero sobre todo, millones exigían que se declarara la emergencia en violencia de género y se tomaran medidas realmente efectivas para combatir un problema estructural que crecía. Cinco años después, poco cambio la situación de las mujeres, y nuestras demandas siguen sin una respuesta de fondo por parte del estado.
Lo vivimos crudamente ahora, cuando en el contexto de la pandemia que profundizó una crisis socio económica sin precedentes, somos nosotras las más vulneradas por la falta de respuesta del Gobierno y los ataques constantes de los empresarios.
En Argentina, desde que empezó el Aislamiento social preventivo y obligatorio, la línea 144 colapsó y hay un femicidio cada 23 horas. En lo que va de la cuarentena ocurrieron 54 femicidios y las respuestas del Gobierno son insuficientes. Urgen medidas de emergencia.
Desde el Frente de Izquierda Unidad presentamos un proyecto contra la violencia de género para que las víctimas puedan salir del círculo de violencia. Propusimos la creación de refugios y la reubicación inmediata de las mujeres que lo necesiten en los hoteles (que están cerrados), como también subsidios equivalentes al costo de la canasta familiar. Todo esto podría financiarse inmediatamente en base a un impuesto a las grandes fortunas.
Los recursos para combatir está situación están, solo hay que revertir las prioridades.
En lo que va de la cuarentena, más de 3.9 millones de personas fueron despedidas, suspendidas o sometidas a rebajas salariales. Muchas mujeres que son jefas de hogar perdieron el empleo, o teletrabajan sin derecho a la licencia, o conservan sus puestos a duras penas, con salarios más bajos y haciendo malabares, porque al mismo tiempo aumentan las tareas de la casa, de cuidado y de crianza de les hijes. De la mano de esta crisis, la precarización también crece entre las mujeres y llega al 73 % entre las trabajadoras más jóvenes.
Las esenciales, las que están en la primera línea de contagio, no necesitan simplemente aplausos o reconocimientos públicos de las autoridades del Gobierno: necesitan, ¡y exigen!, que se garanticen sus derechos.
La deuda es con nosotras
La pobreza también mata, así lo hemos visto días anteriores con el caso de Ramona Medina, vecina de la Villa 31, y de Ramona Collante, vecina de la Villa 21-24, ambas referentes de la organización La Garganta Poderosa. cuyas muertes también son responsabilidad del Estado.
En la misma semana en que falleció Ramona Medina, el Gobierno nacional revisa la oferta a los bonistas y en los barrios populares la curva de contagios asciende de la mano del hacinamiento y la pobreza.
Sin aborto legal no hay ni una menos
El debate sobre el aborto, que se puso primero en la agenda política nacional gracias a la marea verde, quedó relegado con la cuarentena y el COVID-19. Alberto Fernández dijo que presentaría un proyecto distinto al de la Campaña Nacional por el Aborto Legal, seguro y gratuito que aún no dio a conocer.
En Argentina se realizan 450.000 abortos al año la gran mayoría desde la clandestinidad. Por esto representa un riesgo para la salud de la mayoría de las mujeres y personas con capacidad de gestar, que deben acceder a la práctica en condiciones de insalubridad.
Este riesgo aumenta con el aislamiento social obligatorio y el contexto de pandemia, y no sólo no hay respuesta por parte del Estado, si no que hay un avance de la derecha que amenazó con romper la cuarentena para manifestarse contra el aborto, e impulsa la política #SiHayAbortoYoSalgo en Twitter para presionar.
El aborto se vuelve un tema central para la salud pública a partir de que en este contexto las muertes y la vulnerabilidad en la clandestinidad, se duplican.
Córdoba está lejos de ser la excepción. En la provincia los reclamos por la precarización laboral de las mujeres que trabajan en el Polo de la Mujer llevan años. Allí, trabajadoras sociales, psicólogas y más profesionales exigen condiciones dignas de trabajo hace ya muchísimo tiempo sin respuestas concretas por parte del Gobierno de Schiaretti. Su situación laboral se agrava en el contexto de aumento de la violencia machista en el marco de la cuarentena.
Ni hablar del clero y su influencia en la provincia con respecto a la ILE, en donde por años el Portal de Belén, en complicidad con el Gobierno provincial, puso trabas para impedir que se cumpla la ley del aborto no punible, obligando a cientos de mujeres a parir.
Es por eso que hoy, cinco años después del surgimiento del #NiUnaMenos, aún nos movilizamos en las calles exigiendo que se nos escuche y nos den respuestas concretas, porque tanto el Estado como los Gobiernos son responsables de los ataques diarios hacia las mujeres.
¡Hoy más que nunca decimos ni una menos, vivas nos queremos! | 
