El comisario retirado Claudio Sarlo, está imputado por "abuso sexual gravemente ultrajante". Fue acusado tras la denuncia de su sobrina en el 2014. La causa fue elevada a juicio oral en 2018, aún espera el inicio del proceso, producto de las demoras propias del sistema judicial.
La denunciante es parte del colectivo Ni Una Menos, su nombre es Belén López Peiró, y publicó un libro en 2018, "Por qué volvías cada verano", un relato testimonial sobre su infancia y adolescencia en Santa Lucía.
Los vecinos de la localidad sanpedrina alertaron sobre la presencia del ex comisario en un operativo, como voluntario de las acciones de prevención y seguridad vial en el acceso a la localidad. El propio Director de Tránsito y Nocturnidad, Luis Caramún, lo confirmó en medios locales.
Caramún, ante la consulta del caso por una periodista del portal Visión Regional, justificó: "Ayudar, siempre ayudó". Además, contó que cumple tareas en el arco sanitizante y en un hospital, "es un voluntario, la Justicia no se lo impide", porque "no está condenado".
Por su parte el intendente de San Pedro, Cecilio Salazar aseguró que pensaba sacar un comunicado desmintiendo la información y afirmó: "Ni idea tengo, Dios solamente está en todos lados, yo no soy Dios y no sé si el tipo está colaborando ahí o no". Además se desligó afirmando que "si el tipo colabora es problema de Camerún".
Se pasan la responsabilidad de uno a otros.
Ni Una Menos
Desde la agrupación Pan y Rosas en San Pedro realizaron una declaración para repudiar el hecho, a cinco años de la primera movilización por Ni Una Menos reclaman por los derechos de las mujeres y disidencias:
"En medio de la pandemia y el aislamiento social obligatorio, el reclamo por #NiUnaMenos sigue vigente. El miércoles hubo movilizaciones en diferentes ciudades del país -respetando el distanciamiento social- y pañuelazos virtuales.
En estos cinco años desde la primera movilización ocurrieron 1480 femicidios. Según el relevamiento del Observatorio Social de Género, desde que comenzó el período de aislamiento social obligatorio, se registraron 63 femicidios y trans/ travesticidios y 77 hijos e hijas quedaron sin madre.
Mientras tanto, la legalización del aborto sigue pendiente y la clandestinidad se sigue llevando la vida de las mujeres más pobres. Mientras la pandemia agrava la dura situación de violencia para las mujeres y las personas LGTTB, así lo muestran las estadísticas de los travesticidios y los desalojos a les compañeres travesti-trans.
Mientras, el avance del Covid-19 en los barrios más precarios nos dejó sin Ramona, es un crimen social, del que el Estado es responsable. Cómo sostuvo Myriam Bregman sobre la militarización en los barrios: "al virus con armas no lo vamos a combatir", la respuesta del gobierno es estigmatizar, aislar y llenar los barrios con más policía, los responsables de organizar las redes de trata y prostitución y del gatillo fácil que se lleva la vida de un pibe o una piba cada 24 horas.
Esa misma institución que en Chaco, la provincia de Capitanich, golpeó y detuvo en sus domicilios a cuatro personas de la comunidad Qom y abusaron sexualmente de las mujeres que allí se encontraban. Esa que es responsable de la desaparición y asesinato de Luis Espinoza en Tucumán.
En este contexto repudiamos el hecho de que el Excomisario Claudio Sarlo, imputado por abuso sexual agravado, participe impunemente de un operativo municipal en Santa Lucía. También hacemos responsable al Intendente Cecilio Salazar por permitir a quien vulneró los derechos de les niñes, trabaje como voluntario en tareas de control y sanidad, tarea que se presentan para, supuestamente, "garantizar los derechos y cuidados de la comunidad".
El Estado gasta cifras millonarias en operativos, la Justicia por su letargo cubre con un manto de impunidad al acusado, manto con el que suele ser protegida la Policía cuando se evidencia su accionar represivo y opresivo, hace más de dos años que se espera el inicio del juicio.
Mientras, las mujeres seguimos sin tener respuesta ante las demandas más urgentes como más presupuesto para combatir la violencia machista, ya que aunque se haya declarado la emergencia de género en la Provincia, el Ministerio de las Mujeres no exige recursos para enfrentar las diferentes problemáticas.
Por eso necesitamos revertir las prioridades:
Las mujeres exigimos, presupuesto de emergencia para las mujeres y las personas de la comunidad LGTTBI que hayan sido víctimas de violencia de género. Asistencia económica de 30.000 pesos por meses para las personas que no tengan una licencia paga de sus empleadores.
Además es necesario poner a disposición los viviendas y hoteles ociosos para las víctimas de violencia machista y sus hijes. Basta de especulación inmobiliaria mientras hay miles de personas que viven en situación de calle.
El último 3J nos encontró en un contexto internacional diferente al de hace cinco años, pero el reclamo de las mujeres lejos de callarse se renueva y fortalece, con nuevas tareas para llevar adelante la conquista de nuestros derechos y para organizarnos para luchar por un mundo sin explotación ni opresión". | 
