Los resultados del estudio son lapidarios: no se alcanza la inmunidad de grupo. Mientras, el Gobierno avanza en la desescalada sin reforzar la sanidad pública ni garantizar las condiciones laborales del personal sanitario y no sanitario, medidas de fondo necesarias para evitar una nueva crisis y combatir los rebrotes.
En el estudio indicado, un 80, 5% de los participantes que declararon haber dado positivo en pruebas de PCR hace más de dos semanas presentan anticuerpos IGG. La directora del Instituto de Salud Carlos III ha destacado que, aunque la media de la tasa de seroprevalencia a nivel nacional es de 5,21%, esta varía en función de la provincia, alcanzando niveles máximos en torno al 10% en Madrid y provincias del entorno. Sin embargo, como afirman los expertos, hace falta que al menos un 60-70% de la población sean inmune para tener “inmunidad de grupo”.
La respuesta del estudio acarrea numerosas preguntas, entre ellas: si no hay inmunidad de grupo, ¿cómo evitar un rebrote? La respuesta del gobierno ante estos resultados constituye, en los hechos, una evasiva. Se afirma que “todavía no hay vacuna” o que habrá que ir “aislando” los rebrotes nada más ser detectados. Sin embargo, respecto a la toma de medidas de prevención básicas como la inversión masiva en recursos para la sanidad pública, el refuerzo de las instalaciones ya existentes, contratar más personal, revertir las medidas de privatización y subcontratación, suprimir las políticas neoliberales de gestión (NPM) y dotar de garantías legales colectivas que amplíen los derechos laborales de los sanitarios y personal no sanitario, el proceso de desescalada del Gobierno de PSOE y UP deja en la responsabilidad individual de cada uno todas las medidas de prevención.
"Este estudio nos aporta una radiografía de la epidemia de nuestro país y la conclusión que hemos sacado es que viene a confirmar las hipótesis sobre las que hemos venido trabajando y en las que se fundamenta el plan de desescalada", ha dicho Illa. El ministro de Sanidad afirmaba que "este estudio nos aporta una radiografía de la epidemia de nuestro país". Sin embargo, actuar en consecuencia implicaría al “gobierno más progresista de la historia” revertir las políticas neoliberales en los servicios públicos, algo que el ejecutivo ni se plantea y que, como denuncian los sanitarios, no se está haciendo.
Los sanitarios han elevado quejas desde el comienzo de la pandemia por la falta de medios. No sólo faltaron las mascarillas, EPIS y respiradores, sino que las instalaciones fueron insuficientes, faltaron camas de UCI y personal. Gran parte del material de protección tuvo que ser fabricado de forma casera y, por si esto fuera poco, los recortes de plantilla no sólo no se han revertido, sino que sanitarios de Madrid y Castilla y León han denunciado que les suprimían contratos en plena pandemia. Los resultados preliminares de la investigación “Sanicovid-19: impacto emocional frente al trabajo por la pandemia del Covid-19 en personal sanitario”, ha puesto de manifiesto que el 53% de los trabajadores sanitarios presentan valores compatibles con estrés postraumático. Asimismo, de los casi 240.000 infectados por coronavirus en el Estado español, más de 51.000 son trabajadores o trabajadoras de sanidad, de los cuales han muerto 63.
El gobierno continúa apostando por una desescalada sin garantías laborales a los sanitarios ni reforzar los servicios públicos, todo con vistas a reactivar cuanto antes la economía. En Cataluña lejos de ser reforzadas las plantillas de los hospitales y centros de atención primaria ante la escasa seroprevalencia, una medida preventiva ante posibles rebrotes, se ha procedido a despedir a todo el personal contratado frente a la pandemia, tal como también ocurre en Madrid y otras comunidades. Esto ha sido denunciado en Cataluña por Sanitarias en Lucha.
La precariedad laboral que arrastran los sanitarios no es natural, culpa del Covid, sino una decisión política. Tampoco es algo que se limite a los trabajadores de la salud, sino a la gestión neoliberal de los servicios públicos, política que el actual ejecutivo comparte con la derecha. Política, por tanto, sobre la que no se discute. Iglesias se dirigió hace unos días al PP afirmando que “es el momento de reconocer que nunca debieron recortar ni privatizar la Sanidad Pública". Sin embargo, el vicepresidente y el gobierno del que forma parte no han hecho nada por revertir estos recortes. Eliminar las reformas laborales anti-obreras del PP y el PSOE no se contempla, e incluso desde las filas de Izquierda Unida la ministra de trabajo ha tachado de “irresponsabilidad” derogar la reforma laboral del PP. Es por lo visto “irresponsable” garantizar los derechos laborales de los sanitarios.
La semana pasada, las imágenes de protesta de las trabajadoras y trabajadores sanitarios se cruzaban con las de los trabajadores de las subcontratas de Nissan a las puertas de Acciona, una de las empresas afectadas por el cierre de la marca japonesa que, junto con otros, acabará con 25.000 trabajadores sin trabajo. La plataforma Sanitarias en Lucha salió también a manifestarse a las puertas de los hospitales en solidaridad con ellos y publicó en sus redes sociales: “Retorno de todas las ayudas públicas recibidas, expropiación y nacionalización de la empresa, bajo control de las propias trabajadoras”. Fábricas como la de Nissan nacionalizadas sin indemnización y puestas bajo el control de los trabajadores podrían reconvertirse para satisfacer las necesidades de los hospitales públicos produciendo respiradores y otros artículos de primera necesidad.
Mientras resulta “irresponsable” garantizar los derechos laborales de los sanitarios, y, por tanto, mejorar la gestión e infraestructura de la sanidad pública, el gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos aplica medidas con el objetivo de salvaguardar los beneficios e intereses de las grandes empresas. Hace varias semanas autorizaban un rescate preventivo con la concesión de 100 mil millones en avales de créditos. El gobierno progresista no ha grabado ni un euro a los beneficios del IBEX o las grandes fortunas y las medidas de contención que ha otorgado mantienen a millones en una situación de pobreza o precariedad extrema (como su ingreso mínimo vital de menos de 500 euros), mientras se hipoteca el futuro de las siguientes generaciones emitiendo más deuda. En la misma línea, se apresura por avanzar en la desescalada y en continuar gestionando la sanidad pública como si esta fuera una empresa privada: manteniendo subcontratas, escatimando en recursos, precarizando a los sanitarios y privatizado sus ramas más rentables. |
