A poco de haber adherido la provincia a la Ley Micaela, trascendió que Lucía (la niña que Manzur obligó a parir) no está recibiendo asistencia del Estado, como se había dictaminado, y se conoció el caso de Fátima, sobreviviente cuya vida peligra por la desidia de la justicia.
Foto: intervención por el 28M de la artista María José Papa
A pocos días de cumplirse 5 años del primer Ni una menos, dos mujeres en Tucumán están viviendo un verdadero calvario: por un lado Fátima Aparicio, cuyo caso se dio a conocer por redes a través de la crónica de la periodista Mariana Romero. En 2019 Luis Rondón, ex pareja de Fátima, ingresó a la vivienda y tras intentar asfixiarla la golpeó con una maza hasta dejarla inconsciente. Los vecinos fueron quienes acudieron tras los gritos desde el interior de la vivienda y la sobreviviente estuvo 15 días en coma.
La mañana del 8 de mayo de 2019, Luis Ernesto Rondón entró al departamento de Fátima, su ex esposa, y se escondió en el baño, tras la cortina de la ducha. Esperó a que ella llegué y pase al baño. Entonces, corrió la cortina y le gritó "buuuu". Tenía guantes de goma puestos. pic.twitter.com/USDSLJipwE
Luego de este hecho se le dictó un año de prisión preventiva a Rondón, hace unos días se cumplió ese periodo. La defensa de Rondón había pedido el beneficio de prisión domiciliaria en el mismo domicilio donde intentó asesinarla. El 4 de junio de 2020 se le negó este beneficio, pero las vocales, Stella Maris Arce y Alicia Freidenberg, no trataron la prórroga de prisión preventiva que solicitó la abogada de Fátima.
Fátima venía huyendo de Salta, donde tenía custodia policial, pero aun así tenía miedo. La justicia salteña había dispuesto que la policía la custodie hasta que ella llegue a Tucumán. Al llegar a la provincia, fue a informar de su llegada a la Justicia Tucumana, pero aquí le dijeron que antes de ponerle custodia tenía que hacerse un examen psicológico, a los siete días la encontró Rondón.
Niñas, no madres
El 5 de junio hablaron en los medios locales la madre y el abogado de Lucía, la niña a la que el Estado le negó una Interrupción Legal del Embarazo (ILE), caso que tomó alcance internacional y que culminó con la condena de 18 años al responsable de su abuso sexual.
La sentencia también incluyó medidas de reparación para la niña, para quien, además, se solicitó que el Poder Ejecutivo disponga de asistencia psicológica gratuita, una beca para que pueda estudiar y asistencia social para su grupo familiar.
La madre de Lucía y su abogado denuncian que el Estado no cumplió ningúna de las medidas compensatorias que preveía el fallo. El pedido de vivienda para resguardar su integridad, acompañamiento escolar para evitar su deserción y asistencia alimentaria no fueron garantizados por el Estado. La madre de Lucía además denuncia estar separada de su hija hace más de un año.
Tucumán es la segunda provincia con mayor cantidad de femicidios después de Buenos Aires. Tras el revuelo producido por la resistencia local de aplicar la Ley Micaela, al gobernador Juan Manzur lo capacita Dora Barrancos. Pero no se trata simplemente de un problema de capacitación, como manifestó Elizabeth Gomez Alcorta, o la funcionaria local Sandra Tirado.
La violencia con la que actúa el Estado en estos casos, ya sea con su desidia como en el caso de Fátima, o de negativa a derechos fundamentales como una ILE y posterior abandono, como en el caso de Lucia, nos muestra que es una política del mismo naturalizar la violencia, los femicidios o las agresiones sexuales.
Como se viene denunciando desde el movimiento de mujeres, hasta el día de la fecha la Ley de Emergencia sancionada por el Ejecutivo para erradicar la violencia contra las mujeres tiene destinados cero pesos. Hasta la fecha hay mujeres trabajando bajo la órbita de la Secretaria de la Mujer, que se encuentran sin contratos y con salarios adeudados, en este marco la "capacitación" es una pantalla del Gobernador.
Mientras Argentina paga la deuda externa más grande de America Latina, Alberto Fernández destina un presupuesto de $11,50 por persona para las mujeres y personas LGTB en situación de violencia. La prioridad de este sistema no son nuestras vidas. Es necesario recuperar para el feminismo una perspectiva de insubordinación ante este sistema que utiliza reclamos históricos para “reciclar” funcionarios y regímenes políticos.
Como dice la feminista socialista Andrea D Atri en su libro Pan y Rosas: “Es necesario no solo desear otro orden de cosas, sino derrocar el orden existente”.
