Desde hace años, el actuar de diferentes gestiones, de rectores y secretarios generales de la UAM, ha apuntado a profundizar la precarización laboral de los trabajadores académicos y administrativos, tratando de desmantelar el Contrato Colectivo de Trabajo.
El año pasado durante la huelga -la más larga de la historia de esta institución- se evidenció los obscenos salarios de los altos funcionarios, la negativa a aceptar la violaciones al CCT a pesar de las evidencias y se demostró el autoritarismo con el que se manejan las autoridades universitarias.
En la huelga, la situación laboral entre los académicos fue un tema central en las mesas de negociación, situación que las autoridades se negaron a resolver y que posterior a esta se profundizó el ataque, hasta dejar a cien académicos temporales sin trabajo.
¿Qué ha pasado después de la huelga?
La huelga se levanto el 5 de mayo de mayo de 2019, bajo una fuerte amenaza del secretario general José Antonio de los Reyes Heredia, el cual menciono que si la huelga no se levantaba el día 5 a las 12:00 horas, lo pactado en los acuerdos se perdería, incluyendo el 100% de los salarios caídos.
Pero los salarios ya estaban asignados en el presupuesto otorgado año con año para subsidiar el salario de los trabajadores, dando a entender que ese presupuesto se lo quedaría la UAM para satisfacer las necesidades derivadas de las perdidas monetarias que supuestamente se habían generado por la huelga.
Tras la huelga, iniciaron amenazas, hostigamiento contra los trabajadores y problemas en las diferentes unidades académicas y departamentos. Estas amenazas y problemáticas fueron dirigidas por supervisores, jefes, coordinadores, secretarios de unidad, rectores de las diferentes unidades académicas, el secretario general de la universidad y el propio rector.
En sesiones de Colegio Académico, se han venido tomando decisiones que involucran directamente la vida laboral de los trabajadores, violentando el CCT. Ejemplo claro es la implementación del sendero seguro en varias unidades, la credencialización, la modificación de entradas principales y la creación del “Nuevo Acceso Oriente (NAO)” en Iztapalapa.
Para la realización de esto no se tomo en cuenta a la población estudiantil y mucho menos al sector sindical, todo el plan fue elaborado por la propia administración de la universidad. Lo que pone en relieve la antidemocracia en la toma de decisiones en la UAM.
En plena emergencia sanitaria por el COVID-19
La emergencia sanitaria por COVID-19, ha generado una crisis económica de proporciones históricas. Tras las medidas de confinamiento, los grandes empresas, las instituciones privadas y a las mismas instituciones públicas, comenzaron a impulsar medidas en contra de los trabajadores, despidiendo, reduciendo el sueldo y precarizando aún más a millones de trabajadores.
En este contexto, la UAM ha aprovechado para tomar decisiones unilaterales y antidemocráticas que atentan en contra de la autonomía y violentan el CCT, como las supuestas medidas para la protección de todo el personal que labora en las unidades académicas.
La primera decisión consistió en integrar a empresas de seguridad privada y de limpieza para que resguardaran todas las unidades académicas, de las cuales se desconoce el monto monetario del contrato firmado, decisión avalada por la burocracia sindical enquistada en el Comité Ejecutivo a espaldas de la base trabajadora.
La segunda decisión fue el Proyecto Emergente de Enseñanza Remota (PEER), aprobado en un Colegio Académico con calidad de urgencia el pasado 17 con 40 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones, lo que demuestra el carácter antidemocrático de este órgano.
La tercera decisión se tomó el lunes 25 de mayo de este año, en donde se aprobó el recorte presupuestal a pedido del Gobierno Federal, por un monto de 110 millones de pesos, generando desconcierto entre toda la población comunidad universitaria.
El 04 de junio, la universidad habilito el nuevo acceso “NAO”, el cual debe de ser operado por trabajadores de base, en este caso vigilantes de la unidad Iztapalapa. Pero la sorpresa de todos, el acceso fue operado por personal de confianza de la universidad, recayendo en una violación más al CCT y precarizando la labor de los trabajadores afiliados al sindicato.
Es así como la universidad incurre en una falta grave que es considerada como “robo de materia de trabajo” y reafirma el carácter agresivo de la primera decisión que comentamos arriba.
En cuanto a la segunda decisión, la universidad ha despedido a más de 100 académicos, con esto se demuestra que sigue precarizando la gran labor de este sector, sin tomar en cuenta a los trabajadores.
Sobre la tercera y última decisión, se trata de un correlato del apriete sobre la austeridad republicana que se lleva a cabo desde el año pasado y que en medio de la pandemia ha tenido graves consecuencias como el no rescate de las 11 universidades en quiebra o el recorte del 75% al gasto operativo de todas las dependencias de gobierno.
Lo que genera aún más incertidumbre sobre diversas problemáticas que enfrente la UAM como la demolición del edificio “S” de la unidad Iztapalapa, el cual resultó dañado durante el terremoto del 2017 y la construcción de un edificio nuevo, este último con un costo de 320MDP aproximadamente, los cuales se ejercerán en tres años.
Tal parece que tanto las autoridades universitarias como la burocracia sindical no están en cuarentena y aprovechan la misma para profundizar el desmantelamiento del CCT y la precariedad de académicos y administrativos.
Es urgente recuperar nuestro sindicato y poner en pie una serie de medidas para la defensa de nuestro CCT y la economía de nuestras familias, sobre todo en medio de una crisis económica que puede acelerar el ritmo en el que se han suscitado los ataques. | 
