El asesinato de Giovanni a manos de la policía municipal de Ixtlahuacán, a 30 km de Guadalajara, encendió la mecha de la indignación y el hartazgo ante la historia repetida de la brutalidad y la violencia policial, y también empujada por el impacto de la imponente rebelión que sacude a los Estados Unidos. Ante eso, más represión, detenciones arbitrarias en las movilizaciones, más brutalidad policial -como se vio en el ataque de policías de civil en la marcha de la capital jaliscience el viernes y también en la marcha de la Ciudad de México-. Todo en el marco de la pandemia, que golpea en especial a las mayorías.
La maldita policía
El cuestionamiento a la policía municipal de Ixtlahuacán, gobernada por un priista, no es de ahora. Viene de larga data: se ha denunciado en múltiples oportunidades la colusión de la policía con el llamado crimen organizado.
Esto con el agravante de que Jalisco ocupa el primer lugar en desapariciones forzadas en México, con 4,600 casos reportados hasta 2018, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2019, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Con el interés de calmar las aguas y apoyar a Enrique Alfaro, algunos periodistas de medios como El Financiero se refieren al caso de Giovanni como “abuso policial” o la acción de “psicópatas vestidos de policías”. Pero no es así. No se trata de un par de manzanas podridas, sino de una institución creada para reprimir la protesta social y salvaguardar la propiedad privada de empresarios y trasnacionales.
Alfaro, el autoritario
Dice el senador Martí Batres, del Morena, que este crimen se basa en las normas autoritarias que estableció Alfaro ante la pandemia, las cuales anunció el pasado 19 de abril. “Las medidas de aislamiento social tendrán el carácter de obligatorio y quien no las cumpla será sancionado, la fuerza pública tendrá la encomienda de hacerlas cumplir… El uso de cubrebocas será obligatorio en todo momento cuando se esté fuera de casa.” ¿Los encargados de hacer cumplir las normas? Los policías, coludidos con el crimen organizado.
Aunque es un hecho que el gobernador de Jalisco estableció un marco legal que resguarda sus prácticas autoritarias, lo cierto es que antes de la pandemia ya las había exhibido. Ante las protestas contra el tarifazo del transporte público, en julio de 2019, ordenó una fuerte represión, al extremo de que la Comisión Estatal de Derechos Humanos se vio obligada a emitir medidas cautelares para garantizar el respeto de los derechos humanos.
Patadas de ahogado
La primera respuesta del gobernador de Jalisco cuando se hizo público el asesinato de Giovanni, fue acusar al gobierno de López Obrador de infiltrar la manifestación en Guadalajara con el fin de desestabilizar el estado. El presidente replicó que si tiene pruebas las presente. Alfaro no pudo hacerlo. Su segunda respuesta fue culpar al crimen organizado que se ha “infiltrado” en la policía.
Y aquí, plantea Enrique Galván Ochoa en su columna de La Jornada que puede haber una relación entre los hechos en Jalisco y el congelamiento de las cuentas del Cártel Jalisco Nueva Generación, una medida dictada por la unidad de investigación Financiera que dirige Santiago Nieto.
A su vez, luego del operativo represivo del pasado viernes 5 de junio, cuando la policía vestida de civil detuvo al menos a seis menores, entre otras personas, dio una disculpa pública bastante contradictoria, ya que también negó los excesos policíacos en la movilización del jueves 4. Teme que crezca la protesta social y busca deslindarse.
Alfaro, el aspirante a candidato presidencial
Previo a la crisis actual, ya Alfaro era parte del Frente de Estados contra el coronavirus, del cual también forman parte Jaime “Bronco” Rodríguez, gobernador de Nuevo León, Francisco Javier Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, Silvano Aureoles de Michoacán, Miguel Riquelme de Coahuila, Ignacio Peralta de Colima, José Rosas Aispuro de Durango, Diego Sinhué de Guanajuato.
Busca posicionarse como líder de la oposición burguesa al gobierno de López Obrador, como hizo al amagar con la ruptura del Pacto fiscal -aunque luego retrocedió- y sueña con su candidatura presidencial. Incluso ahora, a la sombra de la preocupación por su creciente desprestigio ante la crisis abierta por el asesinato de Giovanni.
Coincidencias entre Alfaro y López Obrador
Como explicamos más arriba, desde el inicio de la pandemia Alfaro buscó desmarcarse del gobierno federal, desplegando medidas autoritarias para garantizar el confinamiento. Intentó importar pruebas para diagnosticar la covid-19 y fracasó. Pero en lo esencial, a pesar de los roces, tanto Alfaro y López Obrador coinciden en avanzar en la apertura económica de acuerdo con las exigencias del imperialismo estadounidense y las trasnacionales, y avalan los despidos durante la pandemia.
Asimismo, mantiene en la impunidad a las patronales que expusieron a sus trabajadores a la covid-19, como el caso de Salinas Pliego, o la maquila Lear, donde van más de 30 obreros fallecidos por mantener actividades sin equipos de protección adecuados ni medidas de sanitización. Peor aún: el gobierno federal no ha garantizado ni pruebas masivas y periódicas para las y los trabajadores del sector salud.
Y aunque el presidente no ordenó medidas de confinamiento obligatorio con la amenaza del uso de la fuerza pública, la realidad es que con el despliegue del Plan DN-III y la entrega de varios hospitales al mando de la Sedena, militarizó la pandemia con la presencia de uniformados en hospitales.
Ante este escenario, la incógnita por despejar es si la rabia y la indignación que provocaron el asesinato de Giovanni y la represión posterior, puede conjugarse con el reclamo “¡Queremos vivir!” de las y los obreros de la industria maquiladora, la exigencia de medidas de protección que reclaman las y los trabajadores de la salud en sus protestas que recorren el país, el grito de “En tu pedido va mi vida” de los repartidores y el descontento que se extiende en amplios sectores de la clase trabajadora ante la precarización laboral y los despidos.
La unidad de jóvenes y trabajadores es la que puede enfrentar la brutalidad policial y el ataque contra las mayorías ante la crisis económica, sanitaria y social en curso, con una política independiente tanto del gobierno como de los partidos de la oposición patronal. | 
