Con marco en el brote de indignación ante la brutalidad policíaca que cobró la vida de Giovanni López en Jalisco y la represión que costó a una menor de edad una golpiza a manos de la policía de la Ciudad de México, esta mañana, el presidente López Obrador llamó a la conformación de “grupos de paz”, integrados por civiles, para hacer frente a las movilizaciones y a lo que calificó como “grupos de violencia”.
Se trata de un llamado profundamente reaccionario que, además de criminalizar la protesta social y a la juventud, confronta a sectores de la población sobre la base de decretar qué protestas son legítimas y cuáles no. Al mismo tiempo, este llamado a formar “grupos de paz” antagónicos a quienes se manifiestan es una forma de evadir el principal cuestionamiento de las protestas: el actuar de los cuerpos represivos y la responsabilidad del Estado.
Este llamado recuerda a los “cordones de paz” implementados en 2019 por la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, para encapsular la manifestación conmemorativa del 2 de octubre. En aquella ocasión, miles de trabajadores de distintas dependencias estatales fueron obligados a acudir a la marcha y a formar una valla humana que rodeó el contingente desde la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, hasta el Zócalo de la Ciudad de México.
Al llamado de Sheinbaum no sólo respondieron las y los trabajadores que fueron obligados a acudir, sino también un grupo de simpatizantes del gobierno que claramente no eran trabajadores, sino integrantes de sectores más acomodados que acudieron a legitimar una medida que únicamente profundiza la reacción en contra de la protesta social por medio del contraste entre las formas “correctas”. Contraste que busca colocar en un polo a la llamada “resistencia civil y pacífica” de AMLO y en el otro a las protestas y métodos de lucha de la clase trabajadora y el estallido popular.
Entre otra de las valiosas lecciones que dejó la experiencia de los “cordones de paz” de Sheinbaum, fue la infiltración de policías vestidos de civil que no sólo flanquearon la marcha, sino que también participaron en detenciones y actos de provocación que detonaron la represión y que dejó más de una decena de lesionados.
En aquella ocasión, AMLO respaldó la medida de la jefa de gobierno, a pesar de las voces que cuestionaban el uso de civiles en tareas de seguridad y contención de multitudes. La Comisión de Derechos Humanos local también colaboró, para después guardar silencio ante la represión. [1]
Esta no es la única ocasión en que AMLO respaldó a la jefa de gobierno en el impulso de alguna medida que, presentada de manera engañosa, en realidad significó un avance en el fortalecimiento y legitimación de los cuerpos represivos. Así, tenemos la supuesta extinción del cuerpo de granaderos, misma que muy pronto se reveló como una estafa para el movimiento democrático que, desde hace casi medio siglo reclama la disolución de esta corporación. Los granaderos como cuerpo especial de choque con equipo antimotines siguen operando y reprimiendo en la capital del país.
Hoy, AMLO recontextualiza el llamado a la confrontación entre la población por medio de estos “grupos de paz” y le dota de otras dimensiones. No es más el discurso de “manifestaciones pacíficas” lo que está en juego, sino lo profundamente cuestionado de los cuerpos represivos y su descrédito a los ojos de la población. Una población que al grito de “Justicia para Giovanni” y “Justicia para Melanie”, no olvida el caso de los policías violadores de Azcapotzalco o la desaparición forzada del joven Marco Antonio Sánchez a bordo de una patrulla policíaca. | 
