La firma Vicentin logró darle una bandera a la oposición patronal y al momento de salir esta nota la "expropiación" está en duda. La izquierda avanzó y presentó su propio proyecto de expropiación sin pago y bajo gestión de las y los trabajadores.
El anuncio del presidente de intervenir y “rescatar” a la firma Vicentin generó una cuña en el panorama político santafesino. La movilización en Avellaneda y Reconquista en contra de la expropiación, abre crisis en el gobierno de Perotti, y particularmente con su base social en el centro y norte de la provincia. Recordemos que en esa región hubo votos cruzados entre Perotti y Mauricio Macri.
En un contexto de tire y afloje se activó el diálogo entre Alberto Fernández y el CEO de Vicentin, Sergio Nardelli y durante el día pueden conocerse nuevas definiciones acerca del rumbo de la intervención a la empresa. Vicentin le debe 350 millones de dólares a sus acreedores comerciales, pero: ¿de dónde saldrá la plata para acomodar las cuentas de Vicentin? ¿Fernández va a avalar esta estafa monumental? Preguntas que por ahora no tienen respuesta.
En el departamento General Obligado el senador es Orfilio Marcón, radical dentro del Frente Progresista que ya va por su tercera reelección. Estuvo el martes en el acto apoyando a Vicentin, junto al intendente de Avellaneda, Dionisio Scarpin, y el de Reconquista, Amadeo "Enri" Vallejos, del Frente de Todos. En esta región en la que Macri ganó con casi 45% de los votos, todo el arco político, peronismo, macrismo y radicales del Frente Progresista, se alistó como tropas de Vicentin.
El perottismo crujió con el anuncio de Alberto
El Ministro de Producción Costamagna, ex funcionario de Obeid, ya trabajó en gestiones peronistas en áreas de agricultura, ganaderia y agroalimentos. Comanda una cartera que fue base de sustentación electoral de Perotti, sobre todo en el centro y norte de la provincia. El anuncio puso “play” a su asiento eyector: Costamagna dijo sentirse conmocionado y presentó su renuncia, finalmente congelada. Pero recordemos: Perotti es Perotti, y si bien salió a apoyar la medida del presidente, ya pegó un volantazo notable en el 2008 con la votación de la 125, primero apoyó la medida pero después la vio como “no positiva” y se fue con el bloque agrario, lo que le valió el mote de traidor. ¿El aliento en la nuca del lobby sojero y ceralero preanunciará un nuevo panquecazo del rafaelino? ¿Encabeza el gobernador la presión para limar el proyecto gubernamental?
Un Frente Progresista para todos los gustos
Bonfatti y Lifschitz fueron los más votados en General Obligado. Su partido, el PS, sacó una posición con un tibio respaldo a la intervención anunciada por Alberto. Pero Dionisio Scarpín, el intendente de Avellaneda, “cuna” de la familia Vicentin, a pesar de ser también parte del Frente Progresista llamó a votar a Macri en el 2021 y hoy es un soldado de Vicentín.
Con las discusiones preliminares en la carrera electoral hacia el 2021 se empezaba a hablar de un “frente republicano” entre el Frente Progresista y Cambiemos a nivel provincial. ¿Empujará la “rebelión cerealera” encabezada por los vaciadores de Vicentin a cuajar esa posibilidad?
Maximiliano Pullaro, presidente del bloque radical en el Frente Progresista en la Cámara de Diputados, pone una luz amarilla tirando a verde. Si bien trata de sentar una tercera posición, lo primordial de su posición pública es que no apoya el proyecto de Alberto Fernández, o mejor dicho, avala el accionar de Vicentin. Se ve que tiembla el Frente Progresista Cívico y Social ante Vicentin. Un Frente Progresista a la carta.
Vicentin como bandera de la oposición patronal (¿y de un sector del oficialismo?)
El macrismo, golpeado por la crisis de los espías y en desbande desde las elecciones, tomó la bandera empuñada por el propio Vicentin, para convertirla en una causa política, con base social en las dos ciudades y en el norte de la provincia. La AEA, la Sociedad Rural, la CRA y la UIA salieron en bloque a oponerse al proyecto de Alberto.
La firma Vicentin ordenó en lo inmediato a la oposición. Y esto no es nuevo: ya desde el 2015 apostaba fuerte a Cambiemos y donó a través de distintas firmas que forman parte de su holding, un total de $27,5 millones a la alianza que encabezaba Mauricio Macri, según consta en los informes de financiamiento electoral y partidario.
Sin embargo ningún partido, ni el peronismo, ni el progresismo, ni el macrismo, fueron opositores a Vicentín y a las cerealeras: siempre propiciaron sus intereses, demostrándolo en sendos rituales de Alberto y de Macri en la Bolsa de Comercio de Rosario. Vicentin es una corporación que tuvo favores de todos los gobiernos, desde la última dictadura cívico-militar al macrismo, pasando por el kirchnerismo. Es un coloso, con plantas en el norte de Santa Fe y otras plantas y puertos en el Gran Rosario, en el cordón de San Lorenzo. Vicentin es parte de la conducción de Terminal Puerto Rosario (TPR) y tiene la concesión de la terminal 1 y 2 a través de la empresa Ultramar de la cual es accionista. El ex gobernador socialista Miguel Lifschitz, poco tiempo antes de terminar su mandato, le prorrogó la concesión que vencía en el 2032 hasta el 2057. Amigos son los amigos
Los acreedores externos apoyan
A su vez, la expropiación de Vicentin abrió un nuevo capítulo de negociaciones con acreedores extranjeros que, hasta ahora, estaban a la espera de una determinación judicial del proceso de concurso de acreedores en curso. Rápidos de reflejos, aseguraron que están dispuestos a entablar diálogo con el interventor Gabriel Delgado. Porque los buitres no reconocen otro “pasaporte” que el verde dólar.
El rápido apoyo de los acreedores internacionales a la decisión de Alberto Fernández fue explicada por el economista José Siaba Serrate: "Es más fácil cobrarle al Estado que a una quiebra. Y el gobierno se queda con el juguete. Soberanía alimentaria: de acá comen todos. Ahora la de Vicentín será deuda soberana", dijo en su cuenta de Twitter.
Ni comunista, ni plan: un salvataje, una medida aislada
La movilización convocada por el nuevo vocero de la empresa, el intendente de Avellaneda, fue grande y echó al subinterventor de la empresa, Luciano Zarich, del hotel en el que se hospedaba. El lobby sojero, sobre todo el sector más concentrado comenzó a actuar sin disimulo. La postura más beligerante la encabeza la Sociedad Rural, que sigue la línea de la oposición y que no tardó en utilizar la palabra “Venezuela” en su argumentación para mostrarse en contra. Luis Miguel Etchevehere, ex titular de la Sociedad Rural y quien fuera ministro de Agroindustria le dijo a los legisladores que si aprueban el proyecto “van a tener que dar explicaciones a los productores de sus provincias”. Del otro lado de la Mesa de Enlace, se encuentran la Federación Agraria y Coninagro, que se mostraron a favor de mantener los puestos de trabajo, junto a Pablo Reguera el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros (Soea) y la Federación Aceitera.
Sin embargo, más allá del cacareo de sectores sociales acostumbrados a ganancias siderales, y de una oposición que pone ají picante para sacar réditos del asunto, la medida de Alberto es aislada y no apunta a una resolución íntegra del desastre que hizo Vicentin. No casualmente el Gobierno de Alberto Fernández habla de “rescatar” a la empresa y en diálogo con Ernesto Tenembaum aclaró de todas las formas posibles que se trataba de una medida excepcional. La denominación del presidente de “rescate” hace sospechar, mucho más si se pone el ejemplo de YPF, donde el gobierno kirchnerista desembolsó miles de millones de dólares para “nacionalizarla”.
El proyecto de ley que hoy presentaron Nicolás del Caño y Romina Del Plá del Frente de Izquierda Unidad establece la expropiación sin pago de indemnización alguno al grupo empresario que la vació y que la administración y explotación de los activos de las empresas pasarán a manos del Estado bajo la gestión directa de sus trabajadores. Además se garantiza la estabilidad de todos los puestos de trabajo, así como los salarios y las condiciones laborales. El proyecto también establece la apertura de libros contables y la eliminación del secreto bancario a fin de demostrar la estafa y el desfalco que estos empresarios realizaron contra el Estado y el pueblo. A esos mismos fines instituye una comisión investigadora independiente para contribuir a dejar en claro las maniobras fraudulentas de estos empresarios. Solo así pueden garantizarse los puestos de trabajo y terminar con los especuladores “cerealeros” y su constante fuga, garantizando una planificación de la producción para que a los habitantes del país no le falten, nada menos, alimentos.
