Trabajadores e investigadores del INAH han advertido el peligro que implica reducir en tal cantidad los recursos del Instituto de Nacional, por un lado porque éste tiene a su cargo 110 mil monumentos históricos, 53 mil zonas arqueológicas y 162 museos, mismos para los que se necesita de investigadores, operadores y personal de seguridad.
Destaca el peligro que corren centros arqueológicos como Palenque, el Templo Mayor así como investigaciones que se dejarían a medias. Por ejemplo, en twitter desde el usuario Monumentos de México, denuncian que en Teotihuacán está en marcha una importante investigación sobre túneles que recientemente se encontraron.
Tras el sismo del 2017, diversos centros quedaron dañados y a la fecha no se han terminado de restaurar, además con sismo o no, los monumentos, estamentos y demás vestigios requieren de un mantenimiento y trabajo de restauración constante, campo que también quedará altamente limitado.
Antropólogos que se reunieron de manera virtual este miércoles 10 de junio, advirtieron que este recorte presupuestal saldrá mucho más caro a la larga, pues resarcir el daño material que implica tendrá un precio mucho mayor al dinero ahorrado.
Los antropólogos realizaron también una carta con 6,152 firmas de más de 200 instituciones académicas, dirigida a López Obrador y con copia para los secretarios de Hacienda y Cultura. En esta, los investigadores exigen que no se aplica el recorte presupuestal.
Más austeridad para los trabajadores y las trabajadoras del INAH
Cabe mencionar que para este año el aumento al presupuesto del INAH no implicó ningún incremento frente a la inflación. Como de costumbre, las condiciones de austeridad a las que el instituto -junto al resto del sector cultura- se ha visto sometido, ha terminado recayendo sobre los trabajadores más precarios.
Los trabajadores contratados por capítulo 1000 y 3000 -una de las muchas figuras que los patrones y el Estado construyen para que sus trabajadores no tengan reconocimiento laboral ni generen antigüedad-, a quienes el INAH ya despidió después de mantenerlos meses sin percibir salario, seguirán viendo como este recorte recae sobre sus hombros pues no tienen seguridad laboral.
Además los investigadores han denunciado que cada vez cuentan con menos presupuesto para sus investigaciones.
Mientras tanto, Diego Prieto, director del INAH, ha respaldado públicamente la política del gobierno federal, diciendo que esta reducción presupuestal no impactará en actividades sustantivas. Con el cinismo de quien la austeridad republicana no implica más que despedir unas muchos trabajadores, le dijo a los mismos que “no sólo nos vean preocupados por el INAH, sino por la sociedad toda. No sólo estar preocupado por mi proyecto de investigación, que seguramente será muy importante, sino también preocupado por las comunidades con las que interactúo”.
Desde que comenzó la pandemia en México, López Obrador ya había anunciado que las políticas de austeridad se incrementarían. Lo que no dijo es que para ese entonces esta misma política ya había implicado el despido de más de 500 mil trabajadores estatales y que lo que en realidad estaba anunciando era mayor precarización para los trabajadores.
La misma política de despidos en el sector privado que el presidente respalda con su criminal silencio, es la que aplica con los trabajadores al servicio del Estado. La lógica de fondo en ambos casos es que los empresarios y altos funcionarios salgan bien parados de esta crisis mientras para los trabajadores no hay más que desempleo, mayor flexibilidad laboral y menor acceso a la educación, la salud y la cultura.
Diego Prieto, que sale a defender a ultranza esta política criminal, alega que no hay dinero, y que todos tenemos que hacer sacrificios. Lo que ninguno de estos políticos dice es que ni los empresarios, ni la casta política ni las fuerzas armadas están haciendo el mismo sacrificio que el pueblo pobre y trabajador.
Lo que se necesita no es recortar aún más el raquítico presupuesto a la cultura y a la educación para subsanar el también golpeado presupuesto a la salud. Si el principio del presidente fuera gobernar para los pobres, los recortes estarían dirigidos a la Guardia Nacional, a los cuerpos policíacos y a la Sedena, aplicaría impuestos progresivos a los grandes empresarios que se pudren en el dinero que extraen del trabajo que ellos no realizan.
Pero la lógica de la 4T no es esa, su gobierno sigue siendo para los ricos. Los trabajadores estatales, ya sean sindicalizados o laboren con contratos basura como capítulo 1000 o 3000, son quienes conocen las necesidades de sus institutos, son ellos quienes deberían administrar los presupuestos. | 
