El 14 de febrero pasado se daba lugar a la condena del abusador de Lucia, en un juicio abreviado. La sentencia incluía una serie de exigencias del Poder Judicial y al Poder Ejecutivo, a favor de la niña, que constaba en proveer de una beca para que pueda continuar sus estudios, junto a tratamiento psicológico gratuito. Insta de esta manera también, al Ministerio de Desarrollo Social de la provincia a que “provea lo necesario para la asistencia socioeconómica y sanitaria a la victima y a su grupo familiar”.
La situación actual la describe el abogado de la familia, Emilio Guanini, quien afirma que tras presentar la reiteración de las exhortaciones para el cumplimiento del fallo, sigue sin darse lugar a lo que compete al gobierno provincial y sus ministerios. “Mas allá de las acertadas resoluciones, el gobierno pidió una prórroga respecto la vivienda”, debido a que el inmueble que se otorgó en Manantial Sur se encuentra en juicio de desalojo.
De la misma manera, la educación de Lucia no fue garantizada, actualmente se encuentra viviendo con sus tíos quienes en la medida de sus posibilidades intentan cubrir y ayudar con lo que necesita, en esta situación particular que se atraviesa por la pandemia de covid19. No tiene computadora, recibe sus tareas por un celular, y desde distintas organizaciones colaboran para que una vecina le pueda dar clases particulares.
Otro punto importante del fallo, también como deuda del gobierno provincial, tiene que ver con la prevención del Abuso Sexual Infantil, en la que en un primer punto de manera urgente se pide un “relevamiento de datos estadísticos sobre violencia sexual de niñas, niños y adolescentes” para, en un segundo punto, “avanzar en campañas de educación y concientización, prevención y erradicación, de violencia contra las mujeres y de salud sexual y reproductiva, debiendo poner especial atención en docentes y efectores de salud.”
La situación de Lucia a meses del fallo de la Justicia solo evidencia que no se ha avanzado ni un paso en enfrentar la situación de violencia sexual a la que son sometidas las niñas en una provincia que tiene uno de los índices más altos de embarazo adolescente del país. La Educación Sexual Integral, la ley de Salud Sexual y Reproductiva y los Protocolos de Abuso Sexual Infantil y de Interrupción Legal del Embarazo continúan brillando por su ausencia. En la provincia gobernada por Juan Manzur del Frente de Todos, el poder clerical continúa al mando de las políticas públicas.
En medio del brutal ajuste que quieren negociar con el FMI, para las mujeres trabajadoras, para la juventud, quienes la padecen en medio de la pandemia, más que nunca decimos que la deuda es con nosotras, con las mujeres y niñas que seguirán con sus derechos vulnerados mientras sigan escuchando a la iglesia, y no a las miles que salimos a las calles a decir “niñas no madres” y exigir que el aborto sea legal. |
