La finca piñera se suma a los cierres sanitarios de las empresas ByC Exportadores y Productos Congelados Bajo Cero, en la zona norte del país, ambas ligadas a Laura Bonilla, presidencia de la Cámara de Exportadores de Costa Rica (CADEXCO). Semanas atrás, el gobierno reforzó la persecución de población migrante en el país, responsabilizando a las familias trabajadoras del incremento de los contagios del covid-19, dejando impunes a los empresarios que lucran con el tráfico ilegal de migrantes, aprovechando su condición migratoria para condenarlos a una precarización y explotación sin par.
Piña costarricense: calidad de explotación
Las expansión de la actividad piñera en el país, ha tenido una serie de implicaciones en la salud de miles de familias afectadas por la contaminación de nacientes y otras fuentes de agua. La respuesta del gobierno a lo largo de los últimos 15 años, ha implicado la movilización de camiones de cisterna del AyA, con costos mayores a los $3 millones. Por otro lado, las condiciones propias en las que son obligadas a laborar miles de familias han invocado por años el calificativo de trabajo esclavo: jornadas laborales de hasta 10 o 12 horas diarias, con salarios insuficientes, sin seguridad social ni acceso a condiciones de vivienda y nutrición dignas.
Otra de las consecuencias de la expansión del monocultivo de la piña, está directamente vinculado a la invasión de los cultivos en Áreas Silvestres Protegidas y Humedales, amenazando el ecosistema de conjunto. No obstante la amenaza que implica la producción piñera, las autoridades no parecen tener mayor preocupación por dar seguimiento a las diferentes denuncias, tanto laborales como ambientales, e incluso el sector exportador ha sido premiado con la exoneración del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA) de la Reforma Fiscal del 2018.
Nacional o extranjera, es la misma clase obrera
El carácter cómplice del Gobierno con la explotación y las condiciones cercanas a la esclavitud y la contaminación producidas por la expansión piñera, da cuentas de las prioridades del gobierno a quien no le tiembla la mano para castigar ciclistas y trabajadores migrantes, mientras que muestra la mayor complacencia a las exigencias de los empresarios, aliados de las mafias contratistas.
La xenofobia mostrada por diferentes instancias, tanto desde el gobierno central con el despliegue de la Fuerza Pública en las fronteras y la persecución mediática de trabajadores migrantes; como desde gobiernos locales tal y como es el caso del alcalde de San Carlos, da cuentas de la genética racista de la explotación del Estado capitalista, en donde el gobierno cumple a cabalidad con su rol, garantizando a los empresarios un pase libre para la explotación y la precarización del trabajo y de la vida de millones, en nombre de las ganancias de unos cuantos.
Es necesaria la más amplia unidad de la clase trabajadora nativa y migrante, dando cuenta de que son los mismos empresarios quienes lucran con la explotación de trabajadores, con la exposición de la vida de miles y miles de familias en plena pandemia mundial y con las concesiones del Gobierno de Unidad Nacional, que nuevamente deja claro para quién gobiernan.
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