El anuncio del rescate de Vicentin ha desatado la ira de la derecha más retrograda, la oposición de los empresarios nucleados en la AEA y un intento de movilización contra el gobierno en defensa de la propiedad privada. Vale aclarar que al defender la propiedad de los dueños de Vicentin no se esta defendiendo la propiedad de los pequeños productores, ni las viviendas de los trabajadores, ni a los pequeños comerciantes.
Se esta defendiendo a un grupo representativo del gran capital que hizo maniobras financieras fraudulentas con la complicidad del Banco Nación durante el gobierno macrista. Se esta defendiendo el derecho de los grandes empresarios a vivir a expensas de los dineros públicos, el “derecho” a fugar capitales, en fin la potestad de los grandes capitalistas de vivir a expensas de la sociedad y el trabajo ajeno. La reivindicación de la llamada seguridad jurídica, es la reafirmación que la ley esta hecha para que los empresarios hagan a su antojo.
No es menor la virulenta campaña contra la aún discutida expropiación. Más que el espantajo del chavismo que utilizan contra el kirchnerismo, expresa un intento de vandorismo patronal, un golpear y negociar, para imponer los términos del rescate y las demandas más generales de los empresarios en pos de salir de plenamente de la cuarentena y de avanzar en una reforma laboral de hecho contra los trabajadores.
El fantasma que temen los empresarios verdaderamente reside en que un avance de las condiciones de la crisis provoque rebeliones sociales y estallidos de lucha de clases y que el coqueteo con la expropiación presente aliente a futuro que su propiedad se vea amenazada, no ya por un estado que va al rescate para salvarlos de la bancarrota total, sino de los trabajadores y el pueblo pobre que ocupen sus empresas y las pongan a producir bajo su dirección.
Rescate capitalista
La idea del rescate que plantea el Gobierno de Alberto Fernández a su vez reconoce este derecho porque la intervención no esta motivada en el objetivo de hacer pagar a este grupo capitalista sus tropelías, sino de absorber su deuda con los acreedores privados y con la misma banca publica.
No es casualidad que tanto el gobierno como la patronal de esta empresa estén negociando al día de hoy los términos del rescate y la intervención, e incluso el precio de las indemnizaciones. Además si la empresa quedara bajo la órbita de YPF estaría siendo manejada por una entidad con capital privado, es decir se trata de un negocio capitalista.
Ciertamente desde las usinas del kirchnerismo y los sectores progresistas que apoyan al gobierno se ilusionan con que se busca la soberanía alimentaria y el Estado se hace presente para evitar la extranjerización del comercio de granos y aceites.
Presentar la intervención de Vicentin como el intento de imponer un caso testigo que permita al Estado regular las exportaciones del campo, es puro relato El negocio de las agroexportaciones esta dominado por un conglomerado de empresas donde las multinacionales se llevan la parte del león, e incluso tienen participación directa en las grandes acopiadoras de origen local.
La única manera, como ya se ha explicado en La Izquierda Diario es nacionalizando el comercio exterior y la banca bajo control de los trabajadores para tener el control de los precios y los instrumentos financieros que permitieran que las divisas producidas por las exportaciones puedan ser usadas en función del beneficio publico y de un plan para terminar con la dependencia y el atraso.
Para conquistar la soberanía alimentaria no basta con intervenir Vicentin, es necesario en nacionalizar la tierra y ponerla a producir en función de las necesidades alimentarias de la sociedad en primer lugar, junto con toda la cadena de distribución y producción para que los alimentos lleguen a todos los hogares y no sean un factor de lucro empresarial que enriquezca al costo del hambre de la mayoría de la población, a un puñado de empresarios parásitos.
Un ejemplo desnuda la falacia del relato de la soberanía alimentaria. Mondelez Victoria acopio producción de alimentos no escenciales y luego suspendió a los trabajadores a pesar de no haber sido afectada con la cuarentena. El gobierno defendió el interés de la empresa y no el trabajo y los salarios de los obreros y obreras de la alimentación, defendió las ganancias del patrón y no el ingreso que lleva los alimentos a los hogares de los trabajadores.
ADN del estatismo peronista
Cuando Alberto Fernández, jura y perjura, que él es capitalista y que no piensa en expropiar, esta señalando que este es el limite del peronismo. Utiliza el Estado para rescatar a los empresarios y ayudarlos a enriquecerlos, como decía CFK que con su gobierno la levantaron en pala, no para expropiarlos. El estatismo característico del peronismo de los orígenes ha sido históricamente un instrumento de negociación del Estado con el imperialismo y las distintas fracciones capitalistas. Mucho más, fue utilizado para permitir el beneficio de empresarios y terratenientes.
Tampoco hay que olvidar que el mayor proceso de privatizaciones y entrega de empresas publicas a precio vil fue llevado adelante por el gobierno peronista de Carlos Menem durante los ‘90.
El historiador marxista Milicades Peña en su clásico trabajo Masas, caudillos y élites, nos da una caracterización muy ilustrativa de la presencia del Estado bajo los dos primeros gobiernos de Juan Domingo Perón: “El peronismo no modificó la estructura tradicional del país, es decir las relaciones de propiedad y la distribución del poder preexistentes. En 1946 fue nacionalizado el Banco Central según los lineamientos del Plan Pinedo de 1940 (...). Pero la política del Banco Central nacionalizado continuó sirviendo al tradicional conglomerado de intereses extranjeros y nacionales que controlan la economía argentina. El Banco de Crédito Industrial actuaba en el mismo sentido, y año tras año destinaba más del 50 % de sus préstamos a apoyar unas 400 grandes empresas —vinculadas casi todas al capital extranjero. (…) Se creó el Instituto Argentino para la Promoción del Intercambio (IAPI), inspirado también en los principios del Plan Pinedo, y en la experiencia de la Junta Reguladora de Granos, con la misión de "sostener los precios de los productos agrícolas, oponiendo al comprador único y trustificado en pool la fuerza del vendedor único". Las ganancias obtenidas por el IAPI en el mercado mundial durante el trienio dorado 1946-1948 sirvieron para subvencionar las exportaciones de carne a Gran Bretaña, para subvencionar a las empresas frigoríficas y azucareras, para subsidiar el consumo y mantener precios políticos en diversas industrias. Luego, al comenzar el descenso de los precios agropecuarios en el mercado mundial, el IAPI comenzó a apuntalar el mercado interno —y la renta agraria— comprando las cosechas a pérdida, como lo había hecho la Junta de Granos bajo los gobiernos conservadores, es decir, aprovechando la coyuntura no para debilitar a la burguesía terrateniente sino para fortalecerla”.
Estatismo del rescate o gobierno de los trabajadores
Las nacionalizaciones durante el kirchnerismo fueron sendos rescates de deudas y de empresas. Así sucedió con AySA, el Correo Argentino e YPF. La intervención de Vicentin se inscribe en esta senda.
En momentos de crisis económica mundial inclusive el papel que el peronismo le atribuye a un Estado al borde de la bancarrota, es el de garante hasta el final de los intereses de terratenientes, banqueros y empresarios. El acuerdo UIA CGT de suspensiones y rebajas salariales; el barril criollo para las petroleras; el pago al FMI y la negociación con los fondos buitres y el permitir la especulación con los precios de los alimentos de las grandes empresas de la alimentación y supermercados, son un botón de muestra.
Hay un agravante. Alberto Fernández amenaza y después arruga para ceder en cuotas a las exigencias empresariales. Esto envalentona a la derecha y los empresarios porque saben que pueden torcer su voluntad. La discusión sobre el impuesto a las grandes fortunas que ha sido encajonado es más que ilustrativo.
El peronismo históricamente no ha sabido enfrentar seriamente a los empresarios y el imperialismo y termina capitulando frente a ellos, con duras consecuencias para la Nación y el pueblo pobre. La función central del estatismo peronista ha sido la de subordinar a la clase obrera y cooptar sus organizaciones, liquidando su autonomía como clase. Esta en manos de la clase trabajadora poder salvar al conjunto del pueblo de la crisis y tomar medidas económicas de autodefensa nacional y social afectando los interés de los grandes empresarios, los banqueros y los terratenientes. Para ello es imperioso conquistar la independencia política que le permita luchar por el gobierno de las y los trabajadores. |