Después de una sesión fallida la semana pasada por ausencia del bloque de Juntos por el Cambio, el Senado aprobó esta semana la nueva ley de alquileres.
Esta nueva reglamentación recoge algunos de los reclamos que hace años vienen plantenado las asociaciones de inquilinos. Implica algunas mejoras en las condiciones de quienes alquilan, que históricamente están en una condición muy desventajosa respecto a las grandes inmobiliarias. Tanto es así, que en los últimos días los dueños de esos negocios usurarios publicaron un spot increíble en el que buscaban convencer a los inquilinos de que la ley traería más problemas que soluciones.
El locador deberá informar con tres meses de anticipación si renueva y las condiciones para el nuevo contrato.
Sin embargo, esta ley no da una solución definitiva a un problema estructural en nuestro país: el del acceso a la vivienda digna, algo que está negado para millones. Según la organización Inquilinos agrupados, hay nueve millones de personas que alquilan en Argentina. Esa es una realidad que tiene varias décadas y ningún gobierno modificó.
Pero lo que parece increíble es que para algunos senadores, esta problemática “no es urgente”. Humberto Schiavoni, el jefe de bloque del PRO, planteó que no había apuro para votar esta ley porque “los inquilinos están protegidos por el DNU del presidente”. Con esa excusa justificó el accionar de toda la bancada de Juntos por el Cambio, que se negó a votar el proyecto que ellos mismos habían apoyado.
Los legisladores del “mejor equipo de los últimos 50 años”, varios con lazos con el negocio inmobiliario, (incluso el caso de Martín Lousteau, que tiene propiedades en alquiler) dijeron que aunque estaban a favor de la medida, se oponían a votarlo porque el reglamento de sesiones remotas del congreso permitía tratar solo temáticas ligadas al Covid-19, y se retiraron.
Con sus sueldos abultados y sus bolsillos de millonarios, ni registro deben tener de lo urgente que es para la clase trabajadora y los sectores populares el problema de la vivienda y las condiciones terribles que las inmobiliarias y los dueños imponen. Nicolás del Caño, cuando se votó la media sanción en la cámara de Diputados el año pasado, denunciaba que una familia trabajadora destina el 41% de sus ingresos al pago del alquiler. Ni que hablar con las rebajas salariales y los despidos que vienen afectando a millones desde que empezó la pandemia.
Solo para poner un ejemplo, el 49% de los inquilinos de todo el país tendría problemas para pagar el alquiler de junio, según un relevamiento de Inquilinos Agrupados. Eso representa una caída del 10% con respecto al mes pasado.
En aquel momento, el diputado del Frente de Izquierda había planteado: “Esta ley que vamos a acompañar no repara este flagelo para millones de familias de no tener una vivienda propia. Todas las asociaciones de inquilinos, organizaciones de trabajadores y jubilados tenemos que seguir una pelea muy fuerte para darle una salida de fondo, que es un verdadero plan de obras públicas que esté controlado por trabajadores y trabajadoras, que construya viviendas: son más de 3 millones de familias las que tienen problemas habitacionales en Argentina.”
El FIT presentó en estas semanas un proyecto de ley para que se aplique un impuesto extraordinario a las grandes fortunas, idea con la que el Gobierno viene “coqueteando” desde el inicio de la pandemia, pero se negó junto al macrismo a permitir que se pueda tratar. Entre otras cosas, la propuesta de emergencia presentada por Nicolás Del Caño y Romina del Pla plantea que con el dinero recaudado se garantice la construcción de 100.000 viviendas.
