A pocos días de ser dictada la primera condena a una persona que infringió una cuarentena por COVID19, hoy somos testigos de la aprobación por la comisión de constitución del senado, de una modificación al código penal que endurece las condenas de cárcel para quienes sean sorprendidos incumpliendo la norma sanitaria, esta implicaría un aumento desde 540 días a 3 años de presidio efectivo.
El ministro Gonzalo Blumel, justificaba la medida como una forma de hacer que “los irresponsables” que ponen en riesgo la salud pública tuviesen que afrontar las consecuencias de ello. Declaraciones que vienen en concordancia con una narrativa impulsada por el gobierno que busca justificar el estado deplorable de la crisis sanitaria actual en la falta de “conciencia cívica” de quienes no respetan las normas.
Sin embargo, este discurso se desploma al contrastarlo con la realidad. Los informes del Departamento de Estadística y Información de Salud (DIES), ya nos mostraron que las comunas con más contagios y mayores incrementos en sus tasas de mortalidad son las comunas obreras de la capital. Dentro de las cuales destaca la Pintana con un aumento de 53% en su tasa de fallecidos, en comparación a la más alta en las últimas dos décadas, o la de San Miguel con un 44% más.
Viendo aquellas cifras la hipótesis de la falta de “conciencia cívica” se comienza a desmoronar, las comunas más afectadas son precisamente las más precarizadas, con altas tasas de informalidad, en las que sus habitantes están obligados a salir a exponer su salud para llevar el pan a la mesa.
Si la crisis se ha salido de control no ha sido culpa de las y los trabajadores, sino de las mentiras del gobierno para volver a la “nueva normalidad” que le bajaron el perfil a la pandemia, del retraso de medidas sanitarias efectivas que solo podían realizarse si afectaban las ganancias de los capitalistas, de la ocultación de información a los actores claves en salud y de la fraudulenta manipulación de cifras llevada a cabo por el saliente ministro de salud Jaime Mañalich y este gobierno empresarial. Es sobre aquellos que deberían caer las condenas. | 
