Si bien hay algunas cifras de la cantidad de casos positivos de Covid-19 que habrían en las cárceles del país, los números son al menos poco creíbles teniendo en cuenta el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención.
De acuerdo a los últimos datos oficiales al 2 de junio publicados por el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, (que aclaran son sin pretensiones de exhaustividad), serían en total en todo el país, 49 los casos positivos en unidades penitenciarias y 34 casos positivos en comisarías. En estos datos no están contemplados los 15 días que van desde el 2 de este mes hasta hoy, cuando en estas semanas el pico de casos escaló.
El Covid-19 volvió a correr el telón y a dejar a la vista de todos/as (los y las que quieren verlo), las torturas, el hacinamiento, e incluso los asesinatos en manos del Servicio Penitenciario, como ocurrió en la Unidad Penal 1 de Corrientes y en la Unidad 23 de Florencio Varela.
A estos crímenes, se suman los dos presos baleados con balas de plomo por el Servicio Penitenciario Federal, durante las protestas en Devoto, dejando heridos a dos presos que además contrajeron Covid-19, uno de ellos quedó parapléjico como consecuencia de los disparos
Sobre estos crímenes y respecto a las condiciones inhumanas de detención de más de 100.000 personas en todo el país, el silencio oficial fue el protagonista, más allá de algunas declaraciones que no dijeron ni resolvieron nada.
En un reportaje radial en el programa de Mañana Sylvestre la semana pasada, el presidente Alberto Fernandez, señaló: "A un Gobierno se lo juzga por sus cárceles", y anunció que designaría a una interventora en el Sistema Penitenciario Federal, tras las protestas en la cárcel de Devoto y el escándalo del espionaje ilegal.
De acuerdo a la Constitución las cárceles deben ser sanas y limpias, no para castigo de los "reos". La responsabilidad de su estado y funcionamiento depende del Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que a nivel nacional tiene como titular a Marcela Losardo y su par bonaerense es Julio Alak.
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A partir de marzo, apenas declarada la pandemia por coronavirus, presos y presas de distintos lugares del país llevaron adelante protestas ante el peligro de que el ingreso del virus a los lugares de encierro termine en contagios masivos, provocando una masacre como hasta la propia ONU advirtió.
A su vez, a comienzos de la pandemia, organismos internacionales sobre el Covid-19 en cárceles y otros centros de internamiento emitieron una declaración conjunta.
En la misma la Organización Mundial de la Salud y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), entre otros señalaron: "A la luz de la sobrepoblación observada en muchos centros de detención, la cual mina la higiene, la salud, la seguridad y la dignidad humana, se antoja insuficiente una sola respuesta sanitaria al Covid-19 en estos entornos cerrados.
En la declaración agregan: "Dicha sobrepoblación constituye un obstáculo insuperable de cara a la prevención, la preparación o la respuesta al Covid-19. Se pide a todos los Estados que garanticen en todo momento, no solo la seguridad, sino también la salud, el bienestar y la dignidad humana de las personas privadas de su libertad y de quienes trabajan en los centros de detención. Esta obligación ha de imperar siempre, con independencia del estado de emergencia. Las autoridades deben garantizar el acceso constante y el flujo de productos sanitarios de calidad a las cárceles y a otros centros de detención".
Pero lo cierto, es que más allá de las advertencias, la ya estructural grave situación de las condiciones de detención en cárceles y comisarías, empeoró con la pandemia, sobre todo en la provincia de Buenos Aires.
En abril de este año más de 1200 presos bonaerenses han iniciado huelgas de hambre, ante el peligro del ingreso del virus que provocaría un contagio masivo. En una de estas protestas fue asesinado por el Servicio Penitenciario bonaerense Federico Rey de 30 años, detenido en la Unidad 23 de Florencio Varela. La primer versión oficial es que se había tratado de una pelea entre presos, lo que fue desmentido por los resultados dela autopsia.
Por este crimen sólo fue removida la cúpula, en un acto de demagogia, pero ningún funcionario responsable por este crimen se ha pronunciado al respecto, ni el gobernador Axel Kicillof ni el Ministro de Justicia bonaerense Julio Alak emitieron sonido ante este crimen de Estado.
La situación previa a la pandemia, de la que el Gobierno es responsable
Haciendo un recorrido por 2019 puede verse que las protestas de las y los presos a partir de la pandemia tienen larga data sin ser resueltas y esa responsabilidad les cabe a todos los Gobiernos desde Vidal a Kicillof y todos sus antecesores tanto en la provincia como a nivel nacional.
En octubre de 2019 el Tribunal de Casación Penal bonaerense, exhortó al Poder Ejecutivo de la provincia a no alojar más detenidos/as en comisarías y a buscar medidas alternativas de encierro, incluidas la posibilidad de conmutar penas o de alojar presos en cárceles de otras jurisdicciones con el fin de evitar o reducir el hacinamiento y la superpoblación en las unidades penitenciarias de su territorio.
Vale aclarar que el Poder Ejecutivo tanto nacional como de la provincia de Buenos Aires tienen facultades para resolver la situación, por ejemplo conmutando penas. En el artículo 144 de la Constitución bonaerense faculta al ejecutivo provincial a hacerlo.
Casación bonaerense sostuvo que "las condiciones de detención en estos espacios no pueden tolerarse por su gravedad y merecen soluciones concretas y urgentes, razón por la cual corresponde exhortar al Poder Ejecutivo arbitre los medios necesarios para su urgente subsanación".
Según el informe de 130 páginas elaborado por ese tribunal: "Los niveles de sobrepoblación son preocupantes, derivando de ello peligrosas condiciones de hacinamiento que no solo inciden en la imposibilidad de prestar asistencia básica y ambientes dignos, sino que atentan contra la integridad física de los detenidos y el personal que los custodia". No fue ninguna predicción, es la realidad que empeore ante la pandemia.
Con relación a las unidades penales, Casación remarcó que la población detenida en dependencias del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) aumentó entre diciembre de 2018 y agosto de 2019 de 42.564 a 45.020 personas privadas de su libertad".
Sobre esa población, el informe detalló que hay 21.538 internos procesados, 21.855 condenados, 141 sobreseídos y 251 sin prisión preventiva; además de 207 hombres y 12 mujeres mayores de 70 años, 59 madres, una madre embarazada y 25 embarazadas; también, 1344 penados y 3417 procesados privados su libertad por delitos relacionados con la ley de estupefacientes.
Cárceles y comisarías bonaerenses: Condiciones inhumanas y torturas
Apenas Axel Kicillof asumió como gobernador de Buenos Aires, se iniciaron huelgas de hambre en varias unidades penitenciarias de la provincia. La protesta tenía entre sus demandas las condiciones inhumanas de detención, pero el principal reclamo era la falta de alimentación.
En las cárceles y comisarías bonaerenses se concentra gran parte de la población privada de su libertad. Entre el Servicio Penitenciario Federal y el de Pcia de Bs As se concentra el 69% del total de los presos y presas del país, que son alrededor de 100.000 personas.
La situación en la provincia de Buenos Aires no dista mucho de lo que se vive en
otros lugares de Argentina, con una sobrepoblación en las cárceles del 120 % que empeora en comisarías, superando en algunos el 300%. La escasez o directamente falta de alimentos, de artículos de higiene y limpieza básicos son problemas que llevan años, y como denuncian sus familiares, muchas veces comen gracias a los que ellos les llevan.
Quedó demostrado en las comisarías de Pergamino y Esteban Echeverría donde la policía está implicada en incendios supuestamente accidentales que derivaron en muertes masivas , como hechos más terribles que pusieron de relieve el hacinamiento y las condiciones inhumanas de detención en comisarías y además en una situación en la que ya habían fallos judiciales que decían que los presos no debían estar alojados en comisarías.
De acuerdo a datos que se desprenden de un informe elaborado por el Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia (CELIV), la mayoría de las personas detenidas cumple prisión por delitos menores, como robo y narcomenudeo. El informe reveló, entre otros aspectos, que desde 2013 a 2019 la población carcelaria aumentó un 55%; que el 50% de los presos entrevistados tenía 30 años o menos cuando fue detenido; que el 42% de ellos cursó estudios hasta la primaria; que el 39% son reincidentes y que el 72% de quienes ingresaron a la cárcel en los últimos 16 meses lo hicieron por delitos patrimoniales o vinculados a drogas.
En el caso de las mujeres detenidas es notorio como creció la cantidad de presas por venta de sustancias al menudeo, la mayor precarización de las condiciones de vida hacen que esta sea una manera de poder subsistir.
Del total de la población carcelaria bonaerense, entre el 40 y del 60 % de los detenidos lo está con prisión preventiva, en su mayoría por delitos contra la propiedad o por venta de drogas en pequeña escala, lo que muestra la degradación a la que son empujadas miles de personas con las crisis económicas.
Cárceles y comisarías: la historia vuelve a repetirse durante todos los Gobiernos
Si bien la pandemia por Covid-19 puso el tema de las cárceles en agenda, la situación no es nueva.
En su presentación ante la CIDH en 2019, organismos de derechos humanos cuantificaron la crisis carcelaria y de detenciones policiales. “De la última información oficial disponible surge que el 88 % de las dependencias de la provincia cuenta con más personas que camas; el 76 % tiene instalaciones eléctricas riesgosas, sólo la mitad tiene matafuegos, sólo el 16 % tiene sistemas de presurización con mangueras para apagar incendios, apenas el 6 % tiene salidas de emergencias rápidas, únicamente el 2 % de las comisarías tiene instalaciones eléctricas sin riesgo con mecanismos de extinción de incendios y salidas de emergencia”. (1)
Más allá de las resoluciones emitidas por distintos tribunales y jueces respecto a la situación en cárceles y comisarías, el Poder Judicial no puede hacerse el desentendido y sólo plantear que sólo es responsable el Poder Ejecutivo, para desligarse de la responsabilidad que le cabe.
Un ejemplo de esto es el rechazo de la Corte Suprema bonaerense al hábeas corpus colectivo de 2300 presos, que hubiese permitido en caso de aplicarse, descomprimir el hacinamiento al menos mientras dure la pandemia.
Las comisarías de la provincia de Bs As
Según el Ministerio de Seguridad bonaerense, de quien dependen las personas detenidas en comisarías, hasta al 22 de agosto de 2019 se declararon 1307 plazas habilitadas para alojar personas privadas de la libertad en el ámbito de la provincia de Buenos Aires para 3807 detenidos, subrayando que la capacidad de alojamiento está excedida en un 191.28%. ¿Cual puede ser el distanciamiento en estas condiciones para evitar contagios masivos?.
En febrero 2019 La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó una resolución que alcanza a 15 comisarías bonaerenses más, luego de verificar la existencia de riesgo para la vida y la integridad física. Reiteró que no son lugares apropiados para la permanencia prolongada. Advirtió que la información aportada por el Estado no permite establecer que los factores de riesgo hayan sido mitigados o que hayan desaparecido, por lo tanto exigió medidas urgentes.
Según informó en ese momento el organismo, lo resuelto se inscribe en un marco de “crisis estructural del sistema penitenciario”, caracterizado por las altas “tasas de prisionización”, el “hacinamiento”, las “inhumanas condiciones de detención” y “la tortura sistemática”.
Mayor encarcelamiento y campañas de mano dura
Los discursos de ,mano dura, mayores penas y castigos fueron utilizados por todos los gobiernos, sobre todo en momentos de crisis económicas y sociales.
Vale hacer un recorrido por las leyes que llevaron a esta situación y de la que todos los Gobiernos son responsables.
En el año 2000, las leyes Ruckauf reformaron el Código Procesal de la Pcia Buenos Aires y la ley 12.543 limitó las salidas transitorias.
En 2004, las conocidas como leyes Blumberg, que por medio de la ley 13.183 restringió las excarcelaciones para los delitos en los que se usaron armas de fuego y para las personas con antecedentes penales. La ley 13.177 restringió las salidas anticipadas.
En 2008, ley 13.954 restringió las excarcelaciones y en 2009, ley 13.943 amplió el espectro de aplicación del juicio abreviado y de flagrancia. En 2011, con la ley 14.296 se restringieron las salidas anticipadas.
En 2012 y 2013, las leyes 14.434 y 14.517, restringieron las excarcelaciones para delitos con armas de fuego. (2)
Todas estas leyes fueron parte de una política estatal de mayor selectividad y encarcelamiento, que integraron el combo que transformó a los lugares de encierro en bombas de tiempo.
Las campañas de facke news de sectores de la derecha y el propio Gobierno respecto a las personas presas, la militarización de barrios enteros con presencia de policías envalentonados cometiendo todo tipo de abusos, torturas y hasta gatillo fácil, gendarmes y policías federales controlando trenes y estaciones y hasta el Ejército desplegado en distintas zonas del país, son parte de la preparación del Estado y la clase empresaria ante las inevitables luchas que vendrán, ante las consecuencias económicas y sociales que dejarán las políticas de todos estos años y que recrudecen por la pandemia.
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(1) Fuente: CELS Datos actualizados a diciembre de cada año, excepto 2020, actualizado al 30 de abril.
(2) Datos CPM | 
