Decenas de denuncias nos han llegado tras darse a conocer que el Ministerio de Desarrollo Social, comandado por Cristian Monckeberg (RN), ha modificado de forma unilateral y artificial una enorme cantidad de fichas del Registro Social de Hogares (RSH). Esto, a pocos días de aprobarse el Ingreso Familiar de Emergencia- monto inferior a la línea de la pobreza- y el plan de emergencia fraguado entre el Gobierno y la oposición, y que considera miles de millones para empresarios.

Este miércoles se dio a conocer un reportaje realizado por el medio Interferencia, donde se muestra que el Ministerio de Desarrollo Social, dirigido por el RN Cristián Monckeberg, modificó de forma artificial, automatizada y unilateral una cantidad considerable de fichas del Registro Social de Hogares (RSH).

¿El objetivo? Dejar afuera a miles de familias, sin la posibilidad de que puedan postular y recibir el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), aprobado tras pactarse el "plan de emergencia" entre el Gobierno y la ex Concertación, que contempla este aporte- por debajo de la línea de la pobreza- y miles de millones para empresarios.

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En concreto, las modificaciones realizadas por el Ministerio de Desarrollo Social tienen como consecuencia generar que quienes pertenezcan al 40% más vulnerable, salgan de esa categoría, quedando imposibilitados para recibir el IFE. Esto se desarrolla en un momento donde se han generado más de 600.000 suspensiones laborales sin sueldo y más de 1 millón de personas se encuentran cesantes, lo que fue provocado tras la aprobación de la "ley maldita" de "protección al empleo".

Debido a esto, se han generado decenas de denuncias que detallan la farsa de este gobierno criminal, que mientras entrega miles de millones a empresarios e impulsa leyes para promover despidos y suspensiones sin sueldo- despidos encubiertos-, mantiene a cientos de miles de personas en la miseria y precarización; sumado a la responsabilidad que tiene en la agudización de la crisis sanitaria producto del Covid-19, que ya ha cobrado la vida de más de 3.500 personas en el país.

Es realmente inaceptable lo que hace este gobierno de empresarios, que se niegan rotundamente a garantizar ingresos de emergencia acorde a la canasta familiar de $500.000, para todas las personas que lo requieran, como informales, cesantes, madres solteras. Esto se podría garantizar fácilmente con un impuesto extraordinario del 20% a las principales 10 familias y patrimonios del país, como Luksic o Piñera-Morel. ¡Que la crisis la paguen los capitalistas!