En la madrugada del domingo, el policía federal Mauro Elías Díaz mató a dos presuntos asaltantes tras realizar varios disparos. Según su versión, Díaz se encontraba junto a su novia en un auto estacionado en una cancha de fútbol cuando dos jóvenes de 21 y 24 años intentaron robarle unas pertenencias. El policía federal declaró que al ver que le apuntaban con una arma, decidió disparar con la suya. Luego, con las muertes consumadas, el fiscal Mariano Fernández confirmó que en realidad uno de los jóvenes sólo tenía un hierro con forma de arma.
El fiscal de la causa, Miguel Varela, había solicitado la prisión preventiva —por considerar que hubo un “exceso" de legítima defensa, un delito con una condena de entre uno y cinco años— pero el juez Sergio Altamirano dispuso la libertad de Díaz al ser un delito excarcelable. El policía federal que presta servicios en Buenos Aires deberá permanecer en la ciudad e informar cualquier cambio de domicilio.
“Legítima defensa”
La legítima defensa es una figura penal que funciona como un límite en la configuración del delito, es decir que una acción no será considerada como delito si encuadra en los supuestos articulados en el Código Penal. Estos supuestos son la agresión ilegítima del atacante, necesidad y proporcionalidad del medio empleado. A simple vista, lo sucedido en este caso distan bastante de los requisitos para una legítima defensa.
La legítima defensa es un resquicio legal utilizado por las policías para camuflar lo que son ejecuciones extrajudiciales. Y en esta sintonía, hablar de un "exceso" en la legítima defensa es una estrategia de las fuerzas policiales utilizada para forzar los límites interpretativos del artículo 34 del Código Penal y ocultar la intencionalidad de matar.
Esto tuvo una expresión mediáticamente en el caso del policía Luis Chocobar, quien dio origen a la “Doctrina Chocobar” impulsada por la entonces ministra Patricia Bullrich. Luego, el argumento de la legítima defensa hizo aguas cuando se conoció el video donde el policía le dispara por la espada a Pablo Kukoc.
De un modo análogo, ocurrió con Facundo Ferreira. La versión policial fue que ellos repelían un ataque y tanto Bullrich como su par tucumano Claudio Maley dijeron que no era un caso de gatillo fácil, sino que se trató de policías defendiéndose. Lo cierto es que las pruebas demostraron que la policía mató al niño de 12 años de un tiro en la nuca.
Hay una estrecha relación entre los discursos y las acciones gubernamentales con estos hechos donde policías, en tanto juez y parte, disparan a matar. El respaldo a Chocobar, con foto presidencial incluida, y la protección al asesino de Facundo, que continúa perteneciendo a la Policía de Tucumán, son un mensaje que empoderan a las fuerzas represivas y le dan rienda suelta. Todos los hechos aberrantes que protagonizaron durante esta cuarentena son también consecuencia de estos cheques en blanco.
Al mismo tiempo, la vista gorda ante la brutalidad policial refuerza un discurso derechista que se vuelve sentido común en sectores de masas. Así se avala el asesinato de jóvenes bajo la presunción de ser ladrones y también se cultiva la idea de “justicia por mano propia” (como se ve en los linchamientos, por ejemplo). Sin ir más lejos, con horas de diferencias, en Lules un taxista realizó cinco disparos y mató a un joven de 22 años, según su versión, en un intento de robo. La hermana del joven asesinado afirmó que era un jornalero y que “lo abatieron porque no podía pagar el viaje; hay vecinos de testigo”. Son hechos que sucedieron en el sur tucumano con diferentes circunstancias pero guardan un hilo conductor.
El discurso derechista de los gobiernos que permea en sectores de masas no es ninguna solución a la cuestión de delito menor. Por el contrario, legitima y realza el papel de la Policía y su fortalecimiento con mayores efectivos, armas, vigilancia y leyes más duras. Y también legitima las prácticas brutales que están dirigidas al control de los sectores obreros y populares, que se profundizan al ritmo de las crisis.
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