Días después de que el gobierno de Eruviel Ávila Camacho anunció que mantendría a Apolinar Mena Vargas al frente de la Secretaría de Comunicaciones y que se le impondría una multa, la dimensión cada vez mayor del actual escándalo que envuelve a la administración priista en el Estado de México, provocó su caída, puesta ante los medios de comunicación como una renuncia.
Las grabaciones, divulgadas por medios españoles y que pueden escucharse aquí, desnudan una red de corrupción y favores, así como una verdadera asociación entre el alto funcionario público y la directiva de Obrascón Huarte Lain (OHL), filial de la empresa española presidida por el marqués Juan Miguel Villar Mir, ex ministro muy cercano al rey español Juan Carlos I, la cual ha sido imputada en diversos procesos judiciales en aquel país.
La conversación telefónica entre Mena Vargas y Pablo Walletin, directivo de OHL México -quien renunció hace pocos días a su puesto mientras las acciones de la compañía caían estrepitosamente- dejan claro que la empresa pagó las vacaciones del funcionario y su familia, en un hotel de lujo operado por OHL de la Riviera Maya, en una abultada cuenta de más de 150,000 pesos. Todo esto mientras conversan en torno a nuevos aumentos de tarifas en las vialidades operadas por OHL.
Una nueva muestra de las corruptelas que envuelven a los altos funcionarios de esta democracia para ricos, los cuales actúan como verdaderos agentes de las grandes empresas y, a cambio de defender sus intereses, reciben sus “mordidas” y “regalitos” millonarios.
Una “alianza” que viene de lejos
Esto no se trata sólo de un caso aislado de corrupción y favores. Lo que divulgaron los medios españoles muestra mucho más. OHL es una de las constructoras beneficiadas por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México ya desde el periodo en el que Enrique Peña Nieto fue gobernador de la entidad (2005-2011). En ese entonces, el actual presidente de México le otorgó a OHL la construcción de dos de sus obras estrella: el Circuito Mexiquense y el Viaducto Bicentenario.
OHL concentra en la entidad la mayoría de los kilómetros que le han sido concesionados en el país, y opera además el peaje de los mismos. Como se detalla aquí, “OHL México tiene seis concesiones de autopistas con peaje en el país: Circuito Exterior Mexiquense, Viaducto Bicentenario, Autopista Amozoc-Perote y Autopista Urbana Norte, la Supervía Poetas y el Viaducto Elevado Luis Cabrera. Además posee el 49% de la concesión del Aeropuerto Internacional de Toluca en el Estado de México.” Esto mientras, como han aflorado las noticias periodísticas, tienen permiso para subir las tarifas del peaje muy por encima de la inflación.
La construcción de las obras de vialidad han sido un negocio de carácter multimillonario para la empresa de origen español, en el cual participan además, por la vía del financiamiento de OHL, distintos fondos de pensiones y bancos nacionales e internacionales: el fondo de pensiones australiano IFM Global Infrastructure, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), los bancos BBVA Bancomer y Santander y el Grupo Financiero Monex, como documenta La Jornada.
En otra de las grabaciones se dan claras pautas del contubernio entre la empresa y el estado para, en el caso del Viaducto Bicentenario, inflar los costos de las obras y las previsiones del trafico, que influyen directamente en los costos del Viaducto. No contentos con las grandes ganancias que estas constructoras obtienen del cobro de cuotas y peajes, sobrefacturaron al máximo con la complicidad del estado.
A las puertas de una tragedia
El escándalo provocado por las grabaciones ha hecho aflorar, también, un nuevo problema que amenaza convertirse en tragedia.
Como desarrolla la investigación periodística publicada en Proceso por Rodrigo Vera, el Viaducto Bicentenario está construido a través de zonas no aptas para una obra de esa naturaleza, debido a que en el subsuelo, se encuentran cavernas y minas, cuestión que fue advertida por vecinos de la zona y especialistas del Instituto Politécnico Nacional, y desoído por el gobierno del Estado de México encabezado por Peña Nieto y la empresa.
Esto representa un claro peligro de desastre –provocado por la voracidad capitalista– para los habitantes de la zona, los transportistas y los automovilistas que circulan por miles cada día.
Aunque la contundencia de las pruebas obligó a la renuncia del funcionario publico y está provocando investigaciones sobre la empresa, la realidad es que esto no es nuevo ni aislado.
El estado mexicano y los gobiernos, sean estatales o federal, bajo los partidos PRI, Partido Acción Nacional (PAN) o Partido de la Revolución Democrática (PRD) –o incluso otros partidos menores como el Verde–, han favorecido los negociados de las grandes empresas constructoras en múltiples licitaciones y proyectos faraónicos, como fue por ejemplo en el caso del Distrito Federal bajo las distintas administraciones perredistas; recientemente, en esta ciudad, la construcción de la Linea 12 del metro estuvo envuelta en denuncias y sospechas de arreglos para la sobrefacturación de unidades.
La corrupción, que envuelve a los funcionarios públicos del estado y a las grandes empresas, es intrínseca al sistema actual. Es el resultado tanto de que la clase política son verdaderos agentes y representantes de aquellas, como de la búsqueda voraz de la máxima ganancia por parte de los capitalistas, a costa de los intereses de los trabajadores y las grandes mayorías. | 
