VIDEO: RTVE

El video publicado hoy por diferentes medios, aunque desde mediados de marzo ya venia circulando por diferentes chats médicos, es terrorífico y no deja lugar a dudas. El gobierno regional de Madrid de PP-Cs, mandó claras instrucciones a las residencias y a los centros sanitarios, para que excluyeran a las personas ancianas con mayor riesgo de morir por el coronavirus. Estas debían permanecer en sus residencias, y por lo tanto morir en ellas, con unos meros cuidados paliativos hasta su muerte. Un verdadero crimen social,.

“Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen”

Esta terrorífica frase, resume la situación extrema a la que se vieron obligados y sometidos los sanitarios y sanitarios de los hospitales madrileños, debido a la falta de recursos y medios de la sanidad madrileña. Una escasez, producida por años de recortes y privatizaciones de los gobiernos regionales del PP y los centrales del PSOE y el PP, que han ido, poco a poco, desmantelando y debilitándolo, hasta el extremo, el sistema sanitario público.

El extracto del video publicado de casi 3 minutos, ya que el video original dura 19 minutos, se trata de una sesión preparatoria para un escenario inminente de colapso hospitalario. Hablamos de mediados de marzo, cuando solo quedaban 400, de las 1000 camas UCI disponibles en Madrid, y ya se previa lo que acabaría ocurriendo poco después. Un verdadero colapso de la sanidad madrileña donde faltaba de todo: equipos de protección, camas, personal, etc.

Se ve a un jefe médico del Hospital Infanta Cristina de Parla, explicando a sus compañeros y compañeras las directrices que tienen que seguir en los próximos días. Desde el primer momento deja claro que las mismas vienen del gobierno regional al afirmar que: "Las camas de UCI ya no son de mi hospital, son de la Comunidad de Madrid”.

Las directrices son claras y no dejan lugar a dudas, “las mismas se van a asignar a los que más se beneficien de ello, no por gravedad sino por años de vida recuperables”. Explica como: “Es posible que en las próximas semanas a un paciente de edad avanzada se le deniegue el ingreso hospitalario porque necesitemos la cama para otro paciente que se beneficie más de ello. Para evitar en los posible llegar a esta dramática decisión, indica como: “Por el bien de los mayores, antes de que nos obliguen a echarlos del hospital, tenemos que priorizar el sacar a las personas jóvenes, a las que nunca se les va a denegar un recurso, para tener camas disponibles para los pacientes más ancianos”.

Por último deja claro que esto va a llevar a que a las personas enfermas en las residencias de ancianos se les deje morir ahí, porque: “Se les está dando terapia para infección bacteriana y si es un covid, mala suerte”

Una sanidad de guerra responsabilidad por todas las administraciones públicas

Estas inhumanas decisiones tuvieran sus dramáticas consecuencias. Solo en Madrid, que ocupa, por supuesto, el primer puesto en el ranking por fallecimientos de ancianos y ancianas en residencias han muerto más de 6.000 ancianos más de un 30 % del total registrado en todo el país. La mayoría de ellos y ellas, el 80%, con síntomas sospechosos de Covid-19, pero sin confirmar por una prueba de PCR, dado que nunca visitaron el hospital.

Estos dramáticos datos tienen unos claros culpables que por supuesto no son los profesionales sanitarios. Estos solo se vieron obligados a aplicar unas terribles medidas impuestas por sus responsables políticos. El jefe médico lo deja claro en el video al afirmar que: “Esto es un trauma. Vamos a denegar la cama a los pacientes que más riesgo de morir tienen, pero necesitamos reservarla para los que más años de vida podemos salvar”. Y finalmente cuando se lamenta que: “Eso es drástico. Esto es horroroso. Ojalá no nos hubiera tocado vivirlo”. De más han hecho estos sanitarios y sanitarios, haciendo frente a la pandemia sin medios y recursos. Situación tan precaria, que ha hecho que el Estado español, sea el país del mundo con mayor porcentaje de sanitarios contagiados, y por desgracia, muchos de ellas y ellas muertos.

Los únicos responsables son tanto el gobierno autonómico de Madrid como el central. El primero por años de recortes y privatizaciones, que han convertido a la sanidad publica madrileña en la más debilitada del país, y además, por tomar decisiones tan horribles, como dejar morir a los ancianos en las residencias son ninguno tipo de atención hospitalaria.

El segundo, el gobierno central, también es culpable de lo sucedido. El gobierno “progresista” actual de PSOE-UP, desde su “mando único sanitario” durante todo el estado de alarma, ha seguido permitiendo este colapso sanitario, sin precedentes. En ningún momento se planteo intervenir la sanidad privada para poner todos sus recursos en disposición de la lucha contra la pandemia. De hecho, solo un 30% de los mismos se ha utilizado en la lucha contra el virus.

Esto ha provocado que mientras las UCI públicas estaban desbordadas, y se improvisaban hospitales públicos de campaña en Palacios de Congresos (IFEMA), las UCI privadas están cerradas o medios vacías. Incluso muchos hospitales privados obligaban a sus trabajadores a cogerse vacaciones por la falta de trabajo. ¿Falta de trabajo? En medio de la peor crisis sanitaria de los últimos 100 años.

Por un sistema sanitario y de asistencia exclusivamente público

Los dramáticos acontecimientos sucedidos en Madrid y en el resto del país, ponen de relieve, más que nunca, la necesidad de luchar por un sistema sanitario y de asistencia exclusivamente público. Un programa de emergencia social que defienda la nacionalización sin indemnización y bajo control de los trabajadores y los usuarios de la totalidad de los centros sanitarios y residencias de ancianos privadas; la medicalización permanente de todas ellas; la realización de un programa masivo de inversiones en medios materiales e instalaciones y la contratación de personal suficiente para una atención digna y de calidad, tanto de los ancianos y ancianas, como de cualquier enfermo o enferma.

En definitiva sistema sanitario y de asistencia exclusivamente público para todos y todas, sin exclusión de ningún tipo, dotado de los medios, personal y recursos necesarios, para hacer frente a un posible rebrote de la pandemia.