¿Qué dice el proyecto de ley que Nicolás del Caño y Romina del Plá presentaron en la Cámara de Diputados? Ante todo, la protección de los derechos de trabajadoras y trabajadores que realizan trabajo a distancia o teletrabajo. Leelo completo.
En el marco del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio son miles los trabajadores y las trabajadoras que se vieron sometidos a esta “nueva” modalidad de trabajo que se ha extendido exponencialmente en el marco de la pandemia, tanto en Argentina como en mundo.
Durante la cuarentena la precarización laboral recrudeció. Numerosas empresas y el Estado intentaron avanzar sobre los derechos individuales y colectivos conquistados, aprovechando la atomización del conjunto de los trabajadores que realizan tareas desde sus casas.
En el contexto de la pandemia, el teletrabajo se viene desarrollando como una reforma laboral encubierta, donde las patronales impusieron condiciones de flexibilización laboral en los hechos, con la complicidad de los sindicatos y el Estado.
A la situación de precarización y fraude laboral previa, con contratos a tiempo determinado, tercerización, trabajadores bajo convenios que no les corresponden, insalubridad laboral no reconocida; se sumaron nuevas suspensiones, rebajas salariales, despidos encubiertos en período de prueba, contrataciones a monotributistas con la exigencia de contar con sus propias herramientas de trabajo; descuentos salariales por “baja productividad” por problemas con la conectividad, jornadas inacabables, estrés y accidentes laborales no cubiertos por ART, etc.
En este marco, en el Congreso se presentaron más de 25 proyectos de ley para regular el teletrabajo, pero sólo el presentado por los diputados del Frente de Izquierda Unidad es producto de los aportes y el debate con cientos de trabajadores y trabajadoras que realizaron innumerables denuncias sobres sus condiciones de trabajo.
El proyecto de ley fue elaborado íntegramente en función de la realidad de quienes trabajan en call centers, telefónicas, bancos, comercios, Poder Judicial, Educación, dependencias públicas y otros. Y está a disposición de quienes deseen debatirlo y quienes son afectados de manera directa en sus condiciones de trabajo y sus vidas.
Asimismo, es de vital importancia que los sindicatos garanticen que las trabajadoras y los trabajadores puedan intercambiar, opinar y votar en asambleas virtuales o presenciales.
La iniciativa establece como uno de sus ejes que el teletrabajo será voluntario y reversible sin límites de tiempo para el trabajador, quien gozará de los mismos derechos que aquellos que ejercen modalidad presencial, bajo los convenios colectivos de trabajo, siendo obligación del empleador garantizar una capacitación remunerada y en horario laboral, junto a las herramientas de trabajo necesarias, los costos de conexión y los gastos de servicios como luz y gas. La jornada laboral no puede extenderse más allá del tiempo que estipula el convenio, garantizando el derecho a la desconexión digital.
Las tareas de cuidados siguen recayendo sobre las mujeres. El Indec, en su informe del 8M de 2020, indica que ocho de cada diez mujeres realizan tareas de cuidado no remuneradas en el hogar. El contexto de la pandemia y el aislamiento preventivo social obligatorio agudizó la recarga de trabajo gratuito ante la ausencia de servicios de cuidado infantil (jardines, escuelas) y cuidado de personas discapacitadas, mayores y/o enfermas.
Por eso, otro de los ejes del proyecto plantea que se contemplen estas tareas invisibilizadas, que reproducen desigualdades en una sociedad organizada alrededor de las ganancias de las empresas y no de las necesidades humanas. Porque estar en el hogar no es garantía de una “conciliación” entre trabajo y familia, la ausencia de regulaciones reproduce problemas presentes en el lugar de trabajo.
Visibilizar el trabajo reproductivo, feminizado y no pago (del que se benefician principalmente empleadores privados y estatales) es parte de la crítica de las desigualdades naturalizadas en una sociedad desigual por definición.
Frente a los intentos de una mayor flexibilización laboral, la regulación del teletrabajo no puede convertirse en una herramienta a favor de las empresas.
Al respecto, Nicolás del Caño dijo que “la preocupación está basada en una realidad. Las viviendas de las trabajadoras y los trabajadores no están pensadas para ser una oficina, eso trae muchísimo problemas sobre todo en muchos sectores que tienen condiciones habitacionales que no les permiten tener un lugar adecuado, eso también tienen que garantizarlo las patronales con un plus salarial. Ni hablar como recae y se multiplica en las trabajadoras el trabajo en la casa y los cuidados del hogar”.
“Hoy se puede avanzar en una legislación pero si no garantizamos los derechos sindicales por igual entre los trabajadores y trabajadoras que hacen teletrabajo, y quienes lo hacen de manera presencial, el derecho democrático que tienen los trabajadores a organizarse, cómo se va a cumplir esta legislación?”, se preguntó el diputado del PTS en el Frente de Izquierda Unidad. Y agregó que “es muy importante el derecho de los trabajadores en su lugar de trabajo a tener delegados, más teniendo en cuenta el accionar de las cúpulas sindicales. Hemos visto cómo la CGT ha firmado rebajas salariales y el Gobierno lo ha avalado. Para poder garantizar realmente esto y que no se avance en una flexibilización y una atomización es un punto muy importante”.
Por su parte la diputada Romina del Plá (PO-FITU) afirmó que “este proyecto busca proteger la modalidad de trabajo a distancia, tan extendida en cuarentena, pero que desde hace años involucra a un amplio sector de trabajadores, que sufren todo tipo de mecanismos de superexplotación por parte de las patronales que se valen de ella para imponer un fraude laboral. Por eso es necesario que se saque una legislación protectora del trabajo asalariado en esta ‘nueva’ modalidad”.
En ese sentido, el proyecto del FIT-U es el único que contempla la reincorporación de todos los trabajadores y las trabajadoras que sufrieron despedidos en cuarentena, como también la eliminación de los contratos precarios o temporales, la tercerización, las exigencias de una productividad salvaje y el acoso laboral.
Como sostuvo Del Caño en su intervención en el Congreso el miércoles 17o, el proyecto presentado por el FIT-U plantea un piso legal de derechos mínimos para el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras que realicen esta forma de prestación laboral pero debe respetarse la autonomía colectiva de cada sector de trabajadores.
