Desde hace algunos años el Plan Fines se instala en la modalidad de adultos como sinónimo de precarización laboral. Mientras el ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichtmajer, utiliza el término “justicia educativa” hay docentes a los cuales el gobierno adeuda entre 15 mil y 30 mil pesos y los estudiantes siguen preguntándose si perderán este año lectivo.
“La educación es justicia, respeto, dignidad y esperanza. Celebramos la iniciativa del ministro Trotta de poner en agenda estos temas que nos llevan a la justicia educativa. En Tucumán, el gobernador Juan Manzur ha tomado a la educación como una política de Estado y en estos 4 años hemos creado más de 20 Escuelas para Adultos que permitieron llegar a más de 50 mil estudiantes de toda la provincia. Cada año redoblamos los esfuerzos de invertir en la educación de jóvenes y adultos para que haya alfabetización plena, esto es, que ningún tucumano o tucumana no haya terminado sus estudios y hacia ahí vamos”. Con estas pomposas declaraciones Lichmajer, anunció en marzo la continuidad durante el año del plan que permite que jóvenes y adultos terminen sus estudios.
Sin embargo la realidad de docentes y estudiantes del Plan FINES es muy distinta; los y las docentes que trabajamos en este plan somos absolutamente vulnerados por el Estado. Este año no hemos sido nombrados aún, es decir no se han realizado las recontrataciones. Esto provocó que no comiencen las clases (ni siquiera de manera virtual) y que peligre el año lectivo de los y las estudiantes que se inscriben en este plan con la esperanza de encontrar un trabajo mejor al terminar sus estudios.
Salarios de hambre de parte del Estado
Los sueldos de Plan Fines oscilan entre los 2200 y los 7000 pesos, ¿quién puede vivir con eso?. Ademas los docentes de FINES no accedemos a vacaciones, nuestro aguinaldo no se equipara al de nuestros compañeros de planta permanente y los pagos son irregulares: en junio de 2020 el gobierno aún no termina de pagar los sueldos de 2019.
Por este motivo muchas y muchos docentes de FINES nos comenzamos a organizar para poder visibilizar nuestra urgente situación.
Hay que terminar con los contratos basura en el Estado, que todas y todos pasemos a planta permanente y se garantice una real continuidad y terminalidad educativa para los trabajadores y sus familias. La crisis desatada con el coronavirus no puede ser la excusa para hacernos pagar los platos rotos a nosotros.
Exigimos a todos los gremios docentes tomar nuestro reclamo, ¡que nos reconozcan como trabajadores! ¡a igual trabajo iguales condiciones e igual salario!.
Desde la Agrupación Marrón además opinamos que es necesario garantizar un salario de emergencia de 30 mil pesos para todos los trabajadores que se encuentran sin ingresos o con ingresos muy bajos, aplicando impuestos a las grandes fortunas como plantea el proyecto de ley presentado por Nicolás del Caño y Myriam Bregman desde el Frente de Izquierda.
A continuación reproducimos el comunicado que es producto de las reuniones y debates que se vienen gestando:
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