Más de 100 mil empresas se ha acogido a la Ley de Empleo de suspensiones y despidos
El 6 de abril se publicó la infame Ley de "Protección al Empleo" que facilitó el despido fácil y las suspensiones temporales. Una figura legal en Chile casi sin uso. En ella el trabajador mantiene su lazo laboral pero usando sus fondos de cesantía para pagarse una fracción de salario (con sus propios fondos) por un lapso de tres meses. Durante abril y mayo los empresarios de la construcción, los servicios, el comercio, la industria y otros sectores arrojaron a más de 1 millón de trabajadores al hambre. Esta cifra también incluye a los trabajadores informales. El desempleo según las estimaciones más serias bordea el 20%. Esta ley contó con los votos de la Ex Concertación y del Partido Comunista. A la fecha más de 100 mil empresas han utilizado esta ley.
La mitad de las empresas que se acogieron a la Ley de Empleo dicen que despedirán a trabajadores suspendidos
El dato más relevante de la semana fue el reconocimiento de que esos despidos son parte de una política de destrucción de puestos de trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que las empresas privadas no son capaces de absorber a la masa de desempleados. ¿Cuál es el motivo? La sinceridad empresarial alcanza solamente a la siguiente frase: "hay incertidumbre en el escenario nacional e internacional". Esta incertidumbre la ligan a la política de cuarentenas prolongadas del gobierno de Sebastián Piñera, que ya cuenta con más de 5 mil muertos y una trazabilidad del contagio completamente perdida. Sin embargo hay algo que no dicen: que la mayoría de las grandes empresas han repartido utilidades entre sus accionistas en plena pandemia. Es el caso de Latam y otras firmas.
Entre las empresas que han realizado despidos, cerca de un 30% cree que no se volverán a recuperar esos puestos de trabajo. Es decir, que fueron destruidos. Casi un tercio de las empresas reconoce además que esos despidos serán de carácter "permanente".
El Informe de Política Monetaria del Banco Central, del 17 de junio, hizo una proyección pesimista para el 2020. La formación bruta de capital fijo caerá increíblemente -15,9%. Este índice mide el valor de los activos fijos adquiridos o producidos en un periodo determinado tanto por el sector público como por el privado. Esto nos da cuenta de que en la mentalidad de las empresas no habrá inversión este año y que es un año perdido. El PIB se estima que caerá a -7,5% y la demanda interna (consumo) -10,4%.
Estas cifras, y la encuesta de percepción empresarial, dan cuenta del fracaso de la política del gobierno para detener el desempleo y evitar que se convierta en destrucción permanente de empleo.
El ministro Briones encabeza una política económica nefasta: facilitando el despido y las suspensiones de 1,7 millones de trabajadores en menos de dos meses, el uso de fondos de reserva para inyectar liquidez a empresas que no están generando empleo, que utilizarán en pagar deudas, y una política de endeudamiento estatal que traspasará la deuda privada a una deuda pública.
Así lo refleja una encuesta del Observatorio Laboral de la UC, que desnuda la crítica situación del sector productivo privado. El 69% de las firmas ha declarado que se han visto caídas sus ventas. El sondeo muestra además que el 20% de las empresas cerró o está en proceso de cierre. Esta misma encuesta declara que la mitad de sus encuestados tiene problemas de liquidez, que no puede pagar las obligaciones tributarias y que necesitan una re-negociación de sus créditos.
De un total de 12 mil millones de dólares para este plan de salvataje a empresas estancadas, el gobierno destinará para los siguientes tres meses 2 mil millones para subsidiar al desempleado con una renta básica familiar. Que ya están recortando a partir de la tergiversación de los datos del Registro Social de Hogares.
Lo curioso es que el Banco Central estima que en 2021 habrá una recuperación económica a partir del descuarentenamiento y que la presión de los desempleados genere nuevos puestos de trabajo. ¿Estos puestos de trabajo serán iguales o peores que los que ya se perdieron?
La necesidad de apuntar en el sentido contrario: plan de obras públicas en base a la expropiación de los grupos económicos y la renacionalización de los recursos naturales
La brújula política del gobierno es la misma que la de la oposición: endeudar al país, seguir dando plata a los empresarios, mandar al hambre a más trabajadores, no reactivar la economía en lo inmediato y utilizar una fuerte represión para controlar la protesta por el hambre y los contagios dentro los lugares de trabajo.
La brújula de los trabajadores y los sectores populares debe apuntar en sentido contrario. La crisis la tienen que pagar quienes la generaron. Hay que rechazar cualquier deuda. Y la única manera de luchar contra el desempleo estructural y la irracionalidad capitalista es que las y los trabajadores encabecen un plan de obras públicas que apunte a construir hospitales y viviendas, junto con expropiar todos los espacios "ociosos" de las ciudades.
Este plan requerirá de recursos. En Chile hay 10 familias capitalistas que controlan el negocio forestal, el retail, la minería, la inversión privada, en alianza con transnacionales y esas ganancias terminan invertidas en el extranjero. Cualquier plan serio de obras públicas requiere de la expropiación de los grupos monopólicos y también la re-nacionalización del litio y el cobre que reportan millonarias ganancias a empresas extranjeras, cuyos países después castigarán a Chile por medio de la deuda. En un plan así, la administración debería estar en manos de los trabajadores mismos repartiendo las horas de trabajo entre empleados y desempleados, para que todos puedan tener un sueldo no inferior a 500 mil pesos.
Una perspectiva así sólo podrá imponerse con la fuerza de la movilización de los trabajadores activos y desempleados. Las principales centrales sindicales han cumplido un rol de acuerdos con el gobierno, una tregua que se mantiene desde noviembre, y hoy, con millones de trabajadores en la incertidumbre por el descaro de sus patrones, mantienen esa actitud inmóvil y colaboracionista. Es clave que todos los espacios de coordinación sindical y de sectores populares, como las que se están gestando entorno a funcionarios de hospitales como el Barros Luco o el San José en Santiago, discutan seriamente un plan de acciones para luchar por el pan, la salud y el trabajo.
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