Fotos: Casandra Martínez. @cas_martinezz
El origen de la ley “guardiana del agua”
Un 20 de junio de 2007 se sancionó la ley 7722 que regula la actividad minera en la provincia de Mendoza prohibiendo el uso de sustancias químicas tóxicas en la minería metalífera:
Artículo 1º: A los efectos de garantizar debidamente los recursos naturales con especial énfasis en la tutela del recurso hídrico, se prohibe en el territorio de la Provincia de Mendoza, el uso de sustancias químicas como cianuro, mercurio, ácido sulfúrico, y otras sustancias tóxicas similares en los procesos mineros metalíferos de cateo, prospección, exploración, explotación y/o industrialización de minerales metalíferos obtenidos a través de cualquier método extractivo.
Como todas las conquistas, la historia de la “ley del pueblo” se remonta a unos años atrás, cuando el 25 de mayo de 2005 un grupo de vecinos, vecinas y estudiantes de San Carlos marcharon con carteles y disfraces frente al gobernador Julio Cobos contra la amenaza de la minería a cielo abierto [1]. La minera canadiense Tenke y su subsidiaria en la Argentina, Depromin, habían anunciado en febrero su decisión de explorar el área denominada Papagayos, ubicada sobre el arroyo del mismo nombre, a unos 20 km al sur de la Laguna del Diamante, para extraer oro y cobre. En dicho desfile, más de 4 mil vecinos aplaudieron con entusiasmo a ese grupo de manifestantes con carteles de “No a la mina” y “El agua es vida”. Luego de muchas asambleas, los vecinos y vecinas se autoconvocaron en septiembre para pedir la ampliación de la reserva Laguna del Diamante, la cual se aprobó dos días después y de esta manera, se frenó el proyecto minero por quedar dentro de los límites de la reserva.
Pero no fue suficiente, el pueblo comenzó a darse cuenta que las mineras seguirían intentando desarrollar nuevos proyectos pero también se dio cuenta de la fuerza de la organización. En agosto de 2006 se realizó una manifestación de mil personas en contra de un proyecto minero en General Alvear. Vecinos y vecinas del Valle de Uco mostraron su apoyo. El 13 de diciembre marcharon a la legislatura para generar presión y lograron la promulgación de la Ley N° 7.627 que suspende el otorgamiento de derechos mineros, de cateos, exploraciones o explotaciones metalíferas a cielo abierto, hasta tanto la Provincia de Mendoza tenga aprobado el Plan Ambiental de la Ley 5.961. Seis días después el gobernador Julio Cobos vetó la ley y las asambleas se declararon en pie de guerra.
Pasaron los meses y el 6 de junio de 2007 debía ratificarse o rectificarse el veto a la ley 7627, sin embargo, no se trató. Al día siguiente Cobos suspendió los proyectos mineros por 90 días pero las asambleas y vecinos y vecinas lejos de conformarse, reforzaron las medidas de lucha y continuaron los cortes de rutas, manifestaciones y se declararon en asamblea permanente. Las asambleas y medidas de lucha continuaron. El 19 de junio había 5 cortes de rutas. Luego de 10 horas de debate en la legislatura, finalmente la cámara de senadores dio media sanción a la ley 7722. Al día siguiente, el 20 de junio de 2007, luego de 15 días de lucha, fue aprobada la ley 7722.
Una ley incómoda
Las asambleas y la lucha lograron promulgar la ley, pero el lobby minero seguiría presionando así que la lucha seguía, ahora había que defenderla con uñas y dientes.La prohibición de sustancias tóxicas hacía que no fueran viables económicamente muchos proyectos mineros, por lo que no fueron pocos los ataques e intentos de modificar la ley a lo largo de estos trece años [2].
En el año 2008 fue el proyecto de la mina San Jorge en Uspallata de la empresa Coro Mining Corp. Ante los anuncios del intendente de Las Heras, Rubén Miranda, el gobernador Celso Jaque y el secretario de ambiente Guillermo Carmona, sobre inversiones millonarias en el proyecto minero San Jorge, los vecinos y vecinas de San Carlos, organizaciones ambientalistas y diversas entidades realizaron asambleas y encuentros en oposición al proyecto minero. Se manifestaron en el Argentina Mining de 2008, en el Dakar, en las famosas contramarchas en el carrusel de la fiesta de la vendimia, cortes de ruta, acampes y en diversas ocasiones durante los años que se debatió el proyecto.
En febrero de 2010 se dio a conocer la aprobación del Informe de Impacto Ambiental del proyecto dada por distintas entidades del ámbito provincial y nacional. En julio de 2010 los vecinos y vecinas de Uspallata presentaron sus reclamos ante el Concejo Deliberante, y el 26 de octubre de 2010 participaron de la audiencia pública donde hubo también representantes de la empresa minera, de la iglesia y otras instituciones.
En plena campaña para las elecciones para la Gobernación de 2011,el radicalismo, que llevaba de candidato a Roberto Iglesias, le recriminaba a Paco Perez por su respaldo al lobby minero. El peronista, que había impulsado el proyecto San Jorge siendo ministro de Infraestructura de Jaque, se presentó en la Legislatura a pedirles a sus legisladores que rechazaran de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Para desactivar ese conflicto de intereses en plena campaña, Perez se mostró antiminero. Al final, la DIA fue rechazada por unanimidad en las cámaras legislativas. Y San Jorge volvió a foja cero. En 2013 San Jorge intentó presentar al megaproyecto de cobre como “cantera”. Luego propuso extraer en Mendoza y transportarlo para su tratamiento en la provincia vecina prominera San Juan. En 2015 antes de finalizar su mandato, Paco Perez firmó la actualización del proyecto Minero San Jorge.
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Los propulsores de modificar la 7722
En 2012 el diputado José Muñoz (PJ) presentó un proyecto para modificar la ley 7722 porque lo consideraba “discriminatoria con Malargüe”. En 2018 los senadores justicialistas Agulles y Abraham presentaron también proyectos de modificación y de derogación de la ley respectivamente. Pero no fueron los únicos ataques. Desde que fue sancionada la ley hubo múltiples pedidos de inconstitucionalidad por parte de empresas mineras, pero el pueblo siempre salió a la calle a defenderla, porque defender la 7722 es defender el agua de Mendoza.
“Suárez, basura, queremos agua pura”
Así, la oportunidad de las megamineras llegó a diciembre de 2019 con la Ley 7722 condenada por un pacto entre el gobernador Rodolfo Suárez y el peronismo conducido por la camporista Anabel Fernández Sagasti. El 20 de diciembre,el pacto se hizo votación en la Legislatura. Sesenta y seis diputados y senadores(40 Cambia Mendoza, 24 Frente de de Todos y dos legisladores que ingresaron con José Luis Ramon) votaron la modificación de la Ley 7722. El premio al cinismo de la jornada fue para el Senador Lucas Ilardo de La Cámpora que dijo: “La política no es para recibir el aplauso de una barrita” llevándose el abucheo de los miles que se manifestaban en las puertas del recinto.
Mención aparte merecen el senador Lautaro Jimenez y la diputada Mailé Rodríguez que junto a Nicolás del Caño y Noelia Barbeito desde el primer día estuvieron en la primera línea de defensa de la ley 7722
La población demostró su rechazo con 10 días de movilizaciones ininterrumpidas, una caravana de miles que arrancó en el Valle de Uco y terminó en Casa de Gobierno, donde con policía motorizada y miles de efectivos el gobierno desató una represión y cacería por todo el centro de la Ciudad de Mendoza. Esa misma noche más de 20 mil personas se movilizaron en la capital mendocina y diferentes departamentos, obligando al gobierno a retroceder.
Finalmente el día lunes 30 de diciembre de 2019, en una sesión extraordinaria, senadores y diputados votaron a favor de derogar la ley 9.209. Esto dejó sin efecto las modificaciones aprobadas anteriormente, y se restableció la vigencia de la ley 7722.
Como hemos visto a lo largo de los años de vigencia de ésta ley, los intereses mineros no distingues entre banderas de partidos burgueses, ni de escalas provinciales o nacionales, ni siquiera se toma descanso durante la pandemia. En plena cuarentena el gobierno nacional y el secretario de Minería, Alberto Hensel, mencionaron el interés en reactivar proyectos mineros y nos recordaron lo restrictiva que les parece la ley que protege el agua de Mendoza.
Por su parte, el gobierno provincial convocó a una audiencia pública en plena cuarentena por el proyecto de Portezuelo del Viento. A lo que las asambleas respondieron con una jornada de resistencia virtual. También en cuarentena buscaron avanzar en el desafuero del Senador Marcelo Romano quien fue uno de los defensores de la ley 7722 dentro de la legislatura y denunciante de licitaciones de Portezuelo del Viento. En lo que, según el senador por el FIT Lautaro Jiménez, es “un turbio armado político judicial para perseguir y silenciar voces que critican”.
La historia de la 7722 es una historia de lucha y nos recuerda que nuestros bienes comunes se defienden con lucha, organización y en las calles, frente a los partidos tradicionales que sólo defienden los intereses de las grandes empresas extractivas, extranjeras y contaminantes. Pero los y las mendocinas seguiremos gritando que “el agua de Mendoza, no se negocia”. | 
