Un video producido en varios penales bonaerenses denuncia el maltrato, hacinamiento y exposición criminal ante el Covid-19 que reciben miles de presas y presos. El ministro de Justicia dio un informe en Diputados. Tras las rejas, demuestran sus mentiras y falacias.
El miércoles pasado, el ministro de Justicia y Derechos Humanos bonaerense, Julio Alak, expuso un informe sobre la situación penitenciaria en la provincia ante diputadas y diputados de las comisiones conjuntas de Asuntos Constitucionales y de Seguridad de la Legislatura.
Allí recordó la situación de huelga de hambre y enérgicas protestas de hace dos meses, donde miles de personas privadas de su libertad exigían medidas urgentes ante la pandemia del Covid-19.
El ministro (un menemista y duhaldista que ocupó el mismo cargo pero a nivel nacional durante la presidencia de Cristina Fernández) dijo que “revertir esa situación no fue fácil” y destacó la formación de una “mesa de diálogo” integrada por gran parte de las instituciones del régimen.
Alak agradeció a legisladoras y legisladores de ambas cámaras, al Ministerio Público Fiscal, a la Corte Suprema provincial, a la Cámara de Casación Penal, al Defensor del Pueblo Guido Lorenzino, a la Asociación de Magistrados, al Colegio de Abogados, a universidades públicas, a organismos de derechos humanos como el CELS y a la Comisión Provincial por la Memoria.
Vale recordar que ese hecho primero quiso ser tapado por los mismos funcionarios de Alak. Luego, conocidos los detalles del crimen, el ministro removió a la cúpula de ese penal del sur del Gran Buenos Aires. Pero ese hecho, que inició una causa penal por homicidio, no fue mencionado por Alak.
En vivo por Youtube Alak aseguró que la “mesa de diálogo” permitió “que la huelga de hambre fuera bajando hasta desaparecer. Comenzamos a normalizar los pagos a proveedores postergados y se normalizó el sistema alimentario. También el sistema de provisión de medicamentos”. Y tiró algunos datos elaborados por sus funcionarios.
Entre ellos, mencionó que la provincia pasó de tener 320 detenidos cada 100.000 habitantes a 220. Es decir que en diciembre (fin de gestión Vidal) había 55.000 presos en unidades penitenciarias y hoy habría, según Alak, 38.000. Pero las presas y los presos en los penales de la provincia no perciben que en este tiempo se haya liberado o se haya dado prisión domiciliaria a unas 17.000 personas.
Alak también destacó las supuestas acciones del SPB y el Ministerio a su cargo dentro de los penales en el marco de la pandemia, como la entrega de “elementos básicos de higiene, jabón y lavandina”. Vale decir que lo poco que se hizo fue sólo después de la masiva huelga de jambre. Antes el Gobierno dejaba todo librado a la asistencia de las familias que visitan a los internos.
“Mienten, mienten... y algo quedará”
Este fin de semana llegó a la redacción de La Izquierda Diario un video protagonizado por presas y presos bonaerenses. El material circuló también por redes sociales, especialmente de familiares de personas detenidas, tanto en Buenos Aires como en otras provincias.
La idea del video surgió de un par de mujeres de la Unidad 50 de Batán (Mar del Plata) a las que, como si fuera por contagio, les siguieron mujeres y hombres de la mayoría de las 63 unidades a cargo del SPB. La ayuda de un productor conocido que recopiló el material, lo editó, compaginó y musicalizó, hizo el resto. Ahora las familias cumplen el rol difusor.
El video muestra imágenes que pueden herir la sensibilidad de quien lo mire. De hecho hay una advertencia explícita en él a los 5 minutos. La Izquierda Diario podría haberlo editado para evitar esas imágenes. Pero se prefirió marcar la advertencia y respetar la voluntad de las mismas personas que lo hicieron.
Los mensajes provienen de todos los rincones de la provincia. Desde la Unidad 23 de Florencio Varela a la 50 de Batán, desde la 11 de Baradero a la 49 de Junín, la 1 de Olmos, la 33 de Los Hornos y la 9 de La Plata, entre muchas otras.
Este medio conversó con varias de las personas que hablan en el video y otras que coinciden con ese mensaje. Las historias personales se cruzan con la demanda colectiva. La desesperación y bronca se mezcla con la denuncia certera y la identificación de las y los responsables. Por obvias razones (pese a que algunos dieron voluntariamente sus nombres, apellidos y números de causas penales) se preservan las identidades de quienes dan testimonio.
“Nos tienen como a ratas”
A. es una de las impulsoras del video. Afirma que hoy “el tema de sanidad es primordial, acá no hay sanidad. Tengo compañeras que están ‘pasadas’, deberían estar con libertad condicional, tienen patologías como HIV, diabetes o hipertensión y no les dan respuestas. La mayoría de los informes criminológicos sobre nosotras están mal, con fundamentos psicológicos que nos condenan”.
Como ejemplo, A. pone el de “una compañera que tiene problemas de columna cervical rectificada, hipertensión, depresión, tendinitis y otras patologías. Tiene una historia clínica con todos los estudios realizados por un hospital público que acredita toda la patología y propone los tratamientos necesarios. Pero no los recibe porque los informes médicos que se mandan arriba ocultan esa información”. Y “otra compañera con HIV hace un año está sin medicación, el Ministerio de Salud ni le provee un infectólogo, sufre dolores de cabeza, espera una tomografía desde enero de 2018. Esto no es de ahora”.
Desde otro penal, B. asegura que “no hay ningún tipo de trato especial para las personas en riesgo, hay muchos compañeros que están graves y que, si el coronavirus los ataca, son muy pocas las posibilidades de vida que tienen”.
C., interno de una de las cárceles ubicadas en el partido de La Plata, cuenta que tuvo “dos veces tuberculosis, a punto de morir. Ahora estoy en el sector ‘depósito’ del penal, con muchísimos dolores y sin ninguna atención médica, como si estuviera secuestrado”. Y como saben que fue parte del video, asegura, ahora está amenazado.
Desde el centro de la provincia D. lo grafica claramente. “Vivimos como perros, como ratas, en celdas de dos por dos donde viven cinco, sin posibilidades de respetar el protocolo de distanciamiento social. Ni siquiera nos dan alcohol en gel, lavandina, cosas de higiene”. Algo muy diferente a lo que dice Alak desde su despacho. “Y lo que parece que muchos no entienden es que una vez que el virus entre acá nos vamos a morir todos”, alerta D. mientras acusa al Presidente y al Gobernador de “autores penalmente responsables” si en las cárceles hay contagios masivos y muertes evitables.
“El sistema de sanidad carcelario no sirve para combatir ni una gripe, no hay ni un ibuprofeno”, agrega B. desde el sur de la provincia. “El gobernador dijo que había 3.000 lugares más, 3.000 camas más. ¿Camas para qué, para acostarnos a morir? Si no tienen ni un ibuprofeno para la gripe ¿van a tener un respirador para nosotros? Que no le mientan a la sociedad”, se enoja. Y cuenta que en su penal “hay un compañero que está en un ‘buzón’ con cáncer de garganta, otro con tuberculosis, todos sin atención médica”.
La alimentación es otro de los “logros de gestión” que resaltó Alak ante diputadas y diputados. Pero A. afirma que “la comida es realmente incomible, pero hay gente que la tiene que comer porque otra no le queda, al no tener visitas no tienen más que eso”. “Nos tratan como a basura”, agrega D., para quien “la comida que dan ni los chanchos de los chanchos la comerían. El trato que nos dan es un maltrato”.
A la situación se agrega la actitud del propio personal penitenciario. “No puede ser que un encargado, que viene de la calle, ande por el penal sin barbijo. ¿Nos quieren matar a todos?”, se indigna F. desde el interior bonaerense. “Si se infecta un encargado nos infectamos todos. Que el Presidente y el gobernador intercedan. Si nos tenemos que morir que sea en nuestras casas. No fuimos condenados a muerte, pero parece que eso quieren que pase. Ayúdennos. Ayúdennos”.
La relación encierro-pobreza es la más estrecha y evidente en las cárceles de todo el país. Quienes difunden el video no son narcotraficantes con fortunas depositadas en guaridas fiscales, ni genocidas de la dictadura, ni curas violadores ni femicidas. Son mujeres y hombres (casi todos sin condena) encerrados por delitos menores. Incluso quienes cometieron otro tipo de delitos lo que están pidiendo es que se respeten las elementales garantías constitucionales de cumplimiento de penas.
Para A., “afuera nos discriminan sin saber y algunos aprovecharon la oportunidad para salvarse ellos y dejarnos mal parados a todos, que en la mayoría de los casos cometimos delitos leves”. Se refiere a la liberación de un puñado de femicidas, violadores y genocidas que consiguieron favores de jueces con la excusa de la pandemia.
Ella está detenida desde 2011. “Salí en 2015 con libertad condicional pero como violé ese beneficio en 2017 volví a entrar”. ¿Por qué violó la condicional? “Porque a mi hermano le habían cortado las piernas por diabetes, quise ir al hospital a verlo, pedí autorización y durante meses no me respondieron. Un día me desesperé y fui a verlo. Eso para ellos fue motivo de volver a encerrarme”.
En febrero se le agotaría la pena y debería salir, aunque espera respuestas a un pedido de arresto domiciliario. “Tengo a mi hermano con parkinson, diabetes y problemas cardíacos y quiero estar con él”. Hasta hoy ni el Poder Judicial ni el Ejecutivo le contestan.
En La Plata, C. lleva 27 años encerrado. “Estoy condenado a treinta años por homicidio en ocasión de robo. Hace siete años debería estar en libertad condicional, por mi condición de ‘primario’. Cumplo con todos los requisitos legales. Pero acá hay un despotismo muy fuerte de parte del Poder Judicial”.
¿Respuestas del Gobierno de Kicillof? “El Gobierno dice estar muy ocupado en hacer que el Covid-19 no afecte a la sociedad, lo que nos hace pensar que no somos parte de la sociedad para él”, se enoja F. “Nosotros solo pedimos que se respeten los derechos que marca la Constitución Nacional. Nada más”, concluye.
“Acá adentro nada es como se cuenta en la calle”, desafía B. “Acá padecemos sufrimientos, golpes y verdugueos. Pasamos mucho tiempo, las 24 horas del día, encerrados en una celda, sin sacarnos a asearnos, sin duchas, sin patio, sin ver la luz del sol”.
Y vuelve con una definición que se repite en cada testimonio. “El juez Violini firmó para que acá no haya un genocidio y resulta que empezaron a largar violadores, femicidas y genocidas. Pero eso no era lo que había firmado Violini. Mientras tanto seguimos acá. No tienen compasión, no respetan ni el derecho de las embarazadas, de las madres con hijos”.
