Frente a la posibilidad que el gobierno del Estado de México pida a las empresas con más de 30 trabajadores que se apliquen pruebas de covid a sus empleados, como en el caso de la Ciudad de México, Laura González se adelantó pidiendo al gobierno que esta medida no se aplique por los altos precios de las pruebas.
Llamó también a la regulación y estandarización de los precios de las pruebas, pues estas cuestan entre 500 y 1,600 pesos, los cuales dijo, los empresarios no están en la posibilidad de costear.
La empresas agrupadas en el CCE no han tenido ningún reparo en avanzar con los despidos y recortes salariales de millones de trabajadores durante la cuarentena, apelando a la falta de recursos a causa de la crisis económica, ahora utilizan el mismo argumento para negarles pruebas de covid -la medida mínima para garantizar su seguridad e higiene.
Es cierto que los precios de las pruebas de covid son mucho más altas que su precio real, pero esto es responsabilidad de los propios empresarios de farmacias y hospitales que especulan con la salud de la población.
El gobierno debe obligar a las farmacéuticas que producen pruebas a que las vendan a un precio accesible para el conjunto de los trabajadores, de no cumplir las empresas deben ser expropiadas por el Estado sin indemnización alguna y puestas a funcionar bajo el control de sus trabajadores. A estas alturas no se puede seguir “negociando” con los empresarios para que prioricen la vida del pueblo pobre y trabajador.
Pero el alto precio de las pruebas no puede ser una excusa para que los empresarios del CCE se nieguen a garantizarlas para sus trabajadores. El gobierno del Edomex dice que se están estabilizando los contagios. De ser cierto esto, volverán inmediatamente al alza en cuanto los trabajadores vuelvan a sus centros sin la seguridad de que no se contagiarán. Si esto a los empresarios no les importa es porque ya quedó claro que pueden despedir y contratar a su antojo sin que el gobierno mueva un dedo.
Ningún sector no esencial debe volver a la producción y aquellos que vuelvan deben hacerlo aplicando pruebas de covid quincenales a todos su trabajadores. Además son estos los que a través de asambleas y comisiones de seguridad e higiene deben decidir cómo y cuándo volver a la producción. | 
