El Gobierno resolvió mantener las mismas tarifas durante todo 2020. ¿De dónde surgen esos valores que las empresas nos facturan a cambio de un derecho elemental? ¿Qué correlato tienen con la realidad que vive el pueblo trabajador?

El viernes pasado se publicó en el Boletín Oficial el Decreto Nº 543/2020, mediante el cual el gobierno nacional resolvió prolongar hasta fin de año el congelamiento de tarifas de luz y gas establecido originalmente en la Ley 27.541 de diciembre pasado, que vencía a fines de mes.

Esta nueva medida también prorroga y amplía lo dispuesto en el Decreto 311/2020, que estableció al comienzo de la cuarentena la suspensión de los cortes de suministro por falta de pago y la cancelación en cuotas de las deudas que acumulen los usuarios contemplados para este “beneficio” (que se extiende ahora de tres a seis facturas).

¿Qué tarifas congelaron?

Lejos quedó el tiempo en que, desde los escaños opositores, el peronismo votó la Ley de Emergencia Tarifaria que retrotraía los valores de la electricidad, el gas y el agua a los de noviembre de 2017 y que sería luego vetada por Macri. Ahora, desde la posición de gobierno, a los aumentos brutales de la gestión anterior se les da el visto bueno y, “por suerte”, se mantienen en stand by las nuevas revisiones mientras golpea con fuerza la crisis desatada por la pandemia.

Con lo que tocó de los tarifazos macristas, la energía eléctrica acumuló durante todo el período de Cambiemos un incremento promedio de 3.624 %, con el mayor peso de esta suba sobre los usuarios residenciales. Cuando no debieron directamente prescindir de estos servicios esenciales, muchos tuvieron que recurrir a los medidores prepagos, dejando en claro que solamente tiene luz quien puede pagarla (y cara). En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) hay 190.000 hogares que tienen instalados estos equipos de medición.

A su vez, a lo largo de esos años, el costo de los servicios públicos en relación al salario mínimo llegó a pesar un 20 % más. Pero no todos perdieron: lo que le tocó pagar a las familias trabajadoras impulsó a las empresas del sector energético como unas de las principales ganadoras de la presidencia de Macri. Sólo en 2019, Edenor ganó $12.134 millones y Edesur $ 12.600 millones, eso para sumar a lo que ya venían recaudando.

Esos golpes al bolsillo popular se incluyen en una retracción total del 23 % en el poder de compra del salario real durante el gobierno anterior, medido sobre el empleo registrado. Entre los estatales nacionales del convenio Sinep, la caída llegó a superar el 35 %.

El magro repunte que, durante las primeras semanas de este año, significó el bono por única vez otorgado a trabajadores registrados y jubilados desde la nueva gestión, se ve como una vieja película en blanco y negro. Entre la inflación, la reducción salarial acordada por la UIA y la CGT y la suspensión de paritarias, queda por ver qué tan grave será la pérdida de este año.

Las consecuencias de la cuarentena todavía no pueden medirse hasta el final, pero según un informe del Centro de Economía Regional y Experimental (CERX), siete de cada diez hogares acumularon deudas por servicios como electricidad, gas, agua, teléfono, cable o internet durante mayo.

La Argentina de los vivos

Como si fuera poco, además de seguir pagando las tarifas macristas dolarizadas, los sectores populares tuvieron que soportar en estos últimos meses una nueva “avivada” de las privatizadas. Con la vigencia del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, miles de usuarios se encontraron con aumentos imprevistos en sus factura de luz y gas, en este contexto en que para muchísimas familias llegar a fin de mes es una misión imposible.

Esto sucedió porque, a raíz del establecimiento de la cuarentena, las empresas distribuidoras de estos servicios en la región del AMBA estaban habilitadas a estimar los niveles de consumo en vez de hacer lecturas presenciales.

¿Por qué en muchísimos casos una pequeña diferencia en el cálculo de energía devino en tener que pagar un valor muy superior? Porque, además de la suba lógica del cargo variable (que es la parte de la tarifa que depende de cuánta luz gastamos), un consumo mayor puede implicar un cambio de categoría que significa, a su vez, un salto en el cargo fijo (eso que pagamos sí o sí, aunque nos vayamos de vacaciones y desenchufemos todo).

Por ejemplo, según el cuadro tarifario vigente, si se registra que un hogar cliente de Edesur encuadrado en la tarifa residencial T1-R6 excede el consumo máximo de 600 kWh (aunque sean 601), será reencasillado en la categoría siguiente y lo que paga solamente de cargo fijo pega un salto de $ 428,66 a $ 1.186,63. A eso hay que sumar el variable que puede ascender, para ese rango, hasta $ 2.700.

Si bien los entes reguladores estipularon que estas mediciones ponderadas tenían que hacerse en base a los registros más bajos de los últimos años, fue sólo después de que miles de usuarios ya habían recibido facturas siderales y avisos de suspensión, que en muchos casos abonaron porque hacer un reclamo hoy implica, más que nunca, una odisea.

Todo esto no es más que otro capítulo dentro de la misma novela noventista que se escribe desde hace años: la de los servicios pensados como negocios capitalistas, antes que como un derecho esencial para toda la población. Los protagonistas son, también, los mismos de siempre: grandes empresarios amigos del poder como Marcelo Mindlin o Nicolás Caputo, que lucran con la necesidad de las personas.

La estafa es la privatización

El gobierno de Alberto Fernández está lejos de retrotraer las tarifas a los valores previos al ascenso de Macri y quitarle a las familias trabajadoras el peso de irremontables saldos acumulados. Tampoco parece haber intenciones de investigar qué hicieron estas empresas con los millonarios subsidios que recibieron durante el kirchnerismo o las enormes ganancias y condonaciones de deudas que les regaló Cambiemos. A lo mejor les creen que la plata se invirtió en mejorar la calidad y el estado de la red.

Ya solamente queda relato y hasta eso se va agotando, porque la realidad es que el peso de las tarifas altas sobre los hombros del pueblo es una parte irrenunciable de los acuerdos de endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, otra “pesada herencia” del macrismo que dejó de cuestionarse después del 10 de diciembre.

Como se encargó de dejar en claro el gobierno (varias veces) con la puja por el destino de Vicentin, no persigue un horizonte comunista ni es “amigo” de las políticas de expropiación. Su propia autopercepción, entonces, lo ubica desde el vamos en las antípodas de las medidas que más harían falta para paliar esta crisis: que los servicios más elementales para toda la población dejen de ser un negociado y pasen a pensarse y planificarse en función de las necesidades de las mayorías.

La nacionalización de todo el sistema energético, la gestión por parte de los trabajadores del sector y técnicos de las universidades y el control por parte de comités de usuarios, serían los primeros pasos a dar para que, en medio de una realidad sacudida por la pandemia, ninguna familia pierda el derecho a un servicio accesible y de calidad.