El ministro de Economía, Martín Guzmán, participó de una conferencia virtual organizada por la agencia de noticias Bloomberg, y afirmó que con el comité Ad Hoc (del que forma parte BlackRock) “ha habido grandes diferencias”, en especial sobre los términos legales de los bonos ofrecidos por la Argentina.
Los especuladores ya le arrancaron al ministro U$S 10.000 millones con respecto a su propuesta inicial, pero exigen más. Guzmán volvió a confirmar que quiere llegar a un acuerdo.
El ministro participó en la conferencia llamada “La recesión del Covid: La mirada desde la cabina de mando económica”, en la que participaron sus pares de México, Arturo Herrera; Filipinas, Carlos Dominguez y Perú, María Antonieta Alva Luperdi ante cientos de inversores.
Guzmán subrayó el “diálogo constructivo” que mantuvieron con el otro grupo, el Comité de Acreedores (ACC) que lideran los fondos Fintech y Gramercy. Según el ministro, habría posibilidad de llegar a un acuerdo con estos bonistas.
El titular del palacio de Hacienda respondió ante una de las preguntas de los participantes que la negociación “es un proceso complejo. Lleva tiempo y mucho diálogo. Pero esperamos llegar finalmente a un acuerdo. Todavía hay una distancia que cubrir en términos económicos y legales”.
El ministro sostuvo que la exigencias de uno de esos grupos pretenden que “la Argentina vuelva atrás en el tiempo” al renunciar a los avances legales de los últimos años. En ese sentido, explicó que la Argentina está haciendo una reestructuración que incluye diferentes bonos, con diferentes contratos, “respetando la ley” y que “la Argentina quiere seguir con el lenguaje estándar, con los parámetros hoy vigentes”.
El Gobierno estaría dispuesto a negociar la posibilidad de discutir la “cláusula mandatoria”, que exige el fondo BlackRock, pero sólo si se incluye las colocaciones futuras de deuda emitidas bajo legislación extranjera y no alcancen las emisiones de deuda con jurisdicción local ni los créditos de organismos financieros internacionales, incluyendo el FMI, según publicó en Ámbito el periodista Carlos Burgueño. Esta cláusula implica que la mitad de las futuras colocaciones de deuda del país se utilice para cancelar parte de los bonos que se emitan en la actual renegociación.
Fernández no quiere discutir con los bonistas renunciar a las “cláusulas antibuitre” para los bonos colocados durante el gobierno de Macri ni aceptar que el plus por PBI lo mida otra organismo que no sea el Indec.
Sobre el impacto económico del coronavirus en el país, Guzmán señaló que es mayor porque el país ya estaba en crisis. También debería agregar el ministro que mientras subsidian a las empresas, los despidos, las suspensiones y los recortes de salarios siguen.
La negociación por la deuda bajo legislación extranjera fue extendida hasta el 24 de julio. Habrá que ver cómo continúan las negociaciones y si el Gobierno está dispuesto a hacer más concesiones a los especuladores.
La deuda es ilegal y fraudulenta, en vez de avalar la estafa es necesario su desconocimiento soberano.
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