Foto: Diario Nuevo Día
La pandemia está poniendo de manifiesto los problemas que atraviesan las grandes mayorías en el país que vienen sufriendo recortes en sus ingresos, suspensiones y despidos. Esta situación golpea aún con más fuerza a las personas trans y travas históricamente marginadas, en estos meses además no contar con ingresos, sufrieron desalojos, un aumento de la persecución policial y la constante discriminación en el sistema de salud.
Según el último informe disponible elaborado por ATTA (Asociación de Travestis Transexuales y Transgéneros de Argentina ) en 2014, sólo el 18% de travestis y trans tuvieron acceso alguna vez a un trabajo formal. La prostitución es la salida de la gran mayoría para poder subsistir ante la discriminación laboral recurrente. Por eso mismo el cupo laboral trans busca garantizar el derecho elemental a acceder a un trabajo estable.
En este marco el martes pasado la Comisión de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados comenzó a debatir la propuesta para que se implemente un cupo laboral trans a nivel nacional. Ante la misma expusieron testimonios referentes trans de distintas organizaciones, contando las distintas situaciones y problemáticas que atraviesan en las provincias de todo el país.
Los números hablan por sí mismos, según los datos reflejados por Vanesa Cufre, responsable del Área de Diversidad, Género y Política Antidiscriminatoria del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, 5.149 personas trans se inscribieron en el plan Potenciar trabajo durante la pandemia de las que quedaron efectivas 4.109. Esta medida impulsada por el gobierno consiste en una asignación mensual equivalente a la mitad del salario mínimo vital y móvil, un monto de $ 8.437,50 que no está ni cerca de los $ 33.700 que recibieron del estado los gerentes de las grandes empresas con los ATP, como el mismísimo “hermano de la vida” de Macri, Nicolás Caputo.
El primer proyecto de cupo laboral fue impulsado en la provincia de Buenos Aires por Diana Sacayán, activista del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). El mismo establece un cupo laboral de un 1% en los ámbitos de la administración estatal provincial, fue reglamentado a fines de 2019 pero tal y como sucede en muchos municipio y provincias aún no se implementa en los hechos. Que este debate haya llegado al congreso y que se hayan aprobado proyectos en distintas provincias y municipios del país, fue producto de la movilización de las personas LGBTs y del movimiento de mujeres.
La propuesta de la izquierda
El proyecto de ley propuesto por el diputado del Frente de Izquierda Unidad, Nicolás Del Caño, plantea que “son beneficiarias de esta ley de inserción laboral todas las personas trans, travestis, transgénero y transexuales, hayan o no accedido al cambio registral establecido en la ley N° 26.743, tengan o no tengan antecedentes penales, que reúnan las condiciones requeridas para el cargo que deben ocupar. Este derecho deberá garantizarse a través de un cupo mínimo en todos los organismos y dependencias de la administración pública nacional”.
A su vez, el proyecto afirma que “la falta de antecedentes laborales y educativos de las personas beneficiarias no será un impedimento para acceder a los derechos que reconoce la presente ley”. Y por otro lado que “el Estado nacional y sus órganos dependientes deberán garantizar la capacitación laboral obligatoria y remunerada de las personas aspirantes a cualquier puesto laboral requerido por los mismos”.
Así apunta a que se pueda garantizar la medida sin ningún tipo de impedimento, sea por los requisitos, la formación o los antecedentes penales, contemplando la falta de acceso a la educación que sufre el colectivo así como la constante persecución de las fuerzas represivas.
Por otro lado, el proyecto también plantea que su aplicación no implica que puedan ser despedidos trabajadores o trabajadoras que cuentan con una relación laboral con los organismos del estado, así como también que el salario no sea menor al costo de la canasta básica familiar.
En sus fundamentos también afirma que “es fundamental pelear por medidas elementales como respuesta a la realidad de las personas trans, poner a disposición los hoteles y viviendas ociosas para garantizar que todas las personas trans víctimas de violencia de género, así como quienes no cuentan con acceso al techo o viven bajo hacinamiento, bajo la presión y la amenaza constante de las fuerzas represivas, puedan salir de la situación de emergencia en que se encuentran. Esas medidas básicas, elementales, permitirían al menos paliar la situación estructural que atraviesa la vida de la amplia mayoría de las personas trans en el país. Todo esto, lo planteamos como parte de un plan de salida a la crisis sanitaria, social y económica, con medidas que apunten a resolver los problemas de fondo de las grandes mayorías, como una asignación durante la cuarentena de 30 mil pesos para cada persona que lo necesite, así como el aumento del presupuesto de salud, sobre la base de un impuesto a las grandes fortunas y el desconocimiento de la deuda odiosa”.
Leé el proyecto completo acá:
Proyecto de inserción laboral para personas trans - Nicolás del Caño (FIT) by La Izquierda Diario on Scribd
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